miércoles, 7 de noviembre de 2018

EL FRACASO DE LOS CÁRTELES


 

 

 

Texto recogido para nuestros lectores en Almacén de derecho por Jesus Alfaro

 

 
“En el análisis económico habitual… los acuerdos colusorios en un sector económico no son estables porque siempre existen acuerdos alternativos que incluyen a algunos fabricantes y a algunos consumidores que son preferibles desde el punto de vista de los participantes. Pero si, como Adam Smith sugirió en una ocasión, los miembros de un mismo sector profesional o empresarial se comunican entre sí con gran facilidad, probablemente porque tienen experiencias comunes, puede suceder que el intercambio de información que conduce a un acuerdo colusorio entre fabricantes de una mercancía sea mucho más fácil de lograr – más barato – que el que se necesita para formar una coalición que lo desbarate o bloquee. De manera que el acuerdo colusorio puede devenir estable”

 

Kenneth Arrow

 

 

Introducción: la doctrina económica tradicional sobre la inestabilidad de los cárteles

 

La doctrina tradicional acerca de los cárteles afirma que son muy inestables, es decir, que se trata de sociedades – acuerdos con un fin común que consiste en fijar precios o repartirse los mercados – que tienden a terminarse fácilmente porque los miembros no tienen incentivos para cumplir lo pactado, esto es, para limitarse a vender en la zona geográfica asignada o a los clientes asignados o para vender sólo al precio pactado por todos. Al contrario, tienen incentivos para aprovecharse de sus co-cartelistas dirigiéndose a los clientes y a las zonas geográficas asignadas a los demás y para bajar los precios respecto del pactado de forma que puedan apropiarse de la clientela que correspondería a los otros cartelistas. En otros términos, traicionar un cártel es una decisión racional para cada miembro del cártel considerado individualmente, y es irracional para el grupo de cartelistas en su conjunto. Es racional para la empresa individual porque rebajando el precio al que vende respecto del precio (supracompetitivo) pactado con los demás miembros del cártel puede aumentar sus beneficios robándole clientela a los demás (en la medida en que el aumento de las ventas compense la reducción del margen). Naturalmente, siempre que los demás cumplan el acuerdo. Si los demás incumplen, entonces el precio baja y desaparece la ganancia de rentas monopolísticas para todos. Los participantes en un cártel se encuentran en una posición semejante a la descrita en el dilema del prisionero. A todos les interesa -colectivamente- que nadie incumpla el cártel, pero, individualmente, lo que prefieren es incumplir ellos y que los demás cumplan. Más detalladamente, cada miembro del cartel tiene el siguiente orden de preferencias:

 

    incumplir el acuerdo y que los demás miembros del cartel lo cumplan de forma que él, como incumplidor, pueda incrementar sus beneficios vendiendo a un precio inferior al pactado y quedándose así con la clientela;

    que todos cumplan el cártel incluido él mismo, de forma que se reparten las rentas monopolísticas entre los miembros del cártel;

    no cumplir él y que los demás tampoco cumplan, de forma que no hay rentas monopolísticas y cada empresario obtiene los beneficios competitivos y

    cumplir él mismo y que los demás no cumplan, de forma que pierde toda su clientela a favor de los demás que están vendiendo a precio –competitivo- inferior al que vende él.

 

En tal escenario, la estrategia dominante de cada miembro del cártel es traicionar, porque con ello tiene una posibilidad de que los demás cumplan (y obtener los fabulosos beneficios derivados de ser el que más barato vende) y elimina la posibilidad de que otro traicione y él cumpla (en cuyo caso, los fabulosos beneficios se van al competidor y él se queda con las pérdidas derivadas de la reducción de sus ventas).

 

Por el contrario, ponerse de acuerdo para no celebrar contratos con aquellos que han incumplido previamente es fácil, porque atenerse a lo acordado es, también, la mejor estrategia individual (si no contrato con el incumplidor evitaré el riesgo de que también incumpla su contrato conmigo).  Por eso es más fácil también que se produzcan espontáneamente acuerdos de estandarización que cárteles (usar todos el mismo estándar nos beneficia a todos y, una vez adoptado, no hay incentivos para apartarse de él). Por las mismas razones, es más fácil organizar un boicot contra un moroso que hacerlo contra las que lleven faldas rojas. Los acuerdos de estandarización son “juegos de coordinación” (los participantes tienen incentivos para coordinarse porque hay ganancias que se pueden repartir y que no se obtienen si no se coordinan, pero lograrlo es costoso) mientras que los cárteles son dilemas del prisionero (donde hacer free ride respecto de los demás participantes es la estrategia individual dominante).

 

Modelos más sofisticados (de oligopolios en los que los oligopolistas repiten la jugada una y otra vez con los mismos jugadores) predicen que los cárteles pueden sostenerse. Es decir, si a dos los cogen prisioneros una y otra vez, aunque no hablen entre ellos para coordinar lo que no dirán a la policía, acabarán “poniéndose de acuerdo” sin haberse comunicado… Este resultado sugiere que impedir el incumplimiento puede no ser tan difícil como parecía. Es más, la mayoría de los cárteles sancionados por la Unión Europea gracias a la autodenuncia de alguno de sus miembros (clemencia) son cárteles muy longevos que sólo se denuncian cuando han sido abandonados por alguno de sus miembros y se produce una adquisición de alguna de las empresas participantes en el cártel y la nueva dirección trata de “limpiar” el pasado asegurándose la inmunidad frente a las multas que pueden imponer las autoridades de competencia.

Los requisitos de un cártel exitoso

 

Los economistas afirman que, para que un cártel sea hacedero, las empresas han de (1) ponerse de acuerdo respecto de las conductas permitidas y las prohibidas – por ejemplo, qué precios se cargarán o a qué clientes se puede vender; (2) ser capaces de detectar el incumplimiento y (3) poder castigar al infractor. Además, hay un problema previo que es el de (4) la inclusión, es decir, el cártel ha de abarcar un volumen de participantes, en términos de cuota de mercado, tal que la competencia por parte de aquellas empresas que no participan en el cártel no lo hagan irrentable y, en la misma dirección (5) deben existir barreras de entrada significativas porque, en otro caso, los nuevos entrantes acabarán con los beneficios del cártel.

 

Un cártel exitoso requiere, pues, que los miembros del mismo sean capaces de detectar que uno de los participantes está reduciendo los precios y que puedan y deseen castigarle bajando aún más los precios o boicoteándole de cualquier forma eficaz (Stigler). Y fracasa cuando no sea capaz de detectar la reducción de precios o de sancionar eficazmente al “traidor” o cuando entren nuevos competidores en el mercado que no formen parte del acuerdo.

 

La forma de incumplimiento de un cártel más usual es la de realizar descuentos a determinados clientes por debajo del precio pactado entre los miembros del cártel. Esta conducta puede realizarse en secreto -sin que se enteren los demás miembros del cártel- y consiguientemente, sin que el “traidor” sea castigado por los demás miembros. Lo normal es que los cárteles establezcan alguna forma de control de la conducta de sus miembros. Estas van desde la orden de asesinato del miembro “traidor” a la imposición de multas pasando por el boicot o la denigración. En este sentido, algunas prácticas restrictivas de la competencia no son más que mecanismos de enforcement de un cártel.

 

Además, (para lo que sigue, v.,  Ivaldi/Jullien/Rey/Seabright/Tirole, “The Economics of Tacit Collusion”) para que un cártel sea estable es necesario que la sanción al que se separa de lo pactado sea suficientemente grande (la pérdida impuesta al incumplidor por los demás miembros del cártel ha de ser suficientemente grande) y que los miembros del cártel tengan incentivos para sancionar al que se desvía de lo pactado (“Effective retaliation must then involve actions that are costly for the firms, in the sense that they are not in the firms’ short-term interest; there must however be a long-term rationale for these actions”). Lo primero puede lograrse rebajando –todos los miembros del cártel-  los precios por debajo del precio competitivo cuando se detecta que alguno de los miembros del cártel está incumpliéndolo. De esa forma, no sólo se priva al incumplidor de los beneficios de incumplir, sino que se le pone en pérdidas. Cuando una empresa toma la decisión de cumplir lo pactado o separarse del cártel, tiene que comparar las pérdidas derivadas de la posibilidad de que los demás miembros descubran el incumplimiento y le sancionen con los beneficios derivados de incumplir el cartel. Estos son a corto plazo mientras que aquellas son a largo plazo. Por tanto, “dado que la revancha se produce en el futuro mientras que separarse del cártel genera beneficios inmediatos, el mantenimiento del cártel depende de la importancia relativa de los beneficios actuales comparados con los futuros, debidamente descontados”, de forma que el cártel no será estable si la tasa de descuento de todos o de cualquiera de sus miembros es muy elevada (prefieren poco ahora que mucho más adelante).

 

Además, los cárteles son inestables porque si tienen éxito y consiguen elevar el precio de mercado (y hacer ricos a los cartelistas), provocarán nuevas entradas en el mercado, esto es que empresarios que no están presentes en el mercado entren en él y, o bien, rompan el cártel ofreciendo el producto o servicio a menor precio, o bien, hayan de ser “invitados” a participar en el cártel con la consiguiente disminución de ganancias para los demás cartelistas. De ahí que sea imprescindible que existan barreras de entrada significativas en un mercado para que un cártel estable pueda organizarse en el mismo.

Mercados proclives a la colusión

 

Los estudios económicos pueden contribuir a facilitar la tarea de los órganos de competencia identificando los mercados y las circunstancias en los que se dan las condiciones propicias para que aparezca la colusión o, dicho de otra forma, condiciones que faciliten el acuerdo, la detección del incumplimiento, el castigo del infractor o la inclusión según hemos visto. De este modo, las autoridades de competencia evitarán despilfarrar recursos públicos en cuanto se concentrarán en el “medio” donde es más probable que aparezcan prácticas restrictivas y, a la vez, el contexto permitirá interpretar conductas de por sí ambiguas.

 

Una conducta ambigua en un contexto puede ser suficientemente explícita en otro en el cual es probable que se produzca colusión. Según Posner, los rasgos “procolusión” son los siguientes. El primero es un mercado concentrado en el lado de los vendedores, porque facilita que se pongan de acuerdo (es más fácil ponerse de acuerdo cuatro que cien), por tanto será importante qué parte del mercado está en manos de los pequeños productores y cuántos son éstos. Además de la dificultad de llegar a un acuerdo, si hay muchos competidores, el reparto de los beneficios puede dificultar la obtención del acuerdo. En efecto, por un lado, si son muchos, cada uno de los miembros del cártel recibirá una parte más pequeña de la tarta de los beneficios del cártel lo que se traduce en que las ganancias derivadas de separarse del cártel se hacen proporcionalmente mayores para cada una de las empresas individualmente consideradas ya que, si incumplen se quedan con todos los beneficios mientras que si cumplen sólo reciben su parte en el pastel de las rentas supracompetitivas.

 

Se dice que, si los competidores ostentan cuotas de mercado semejantes, (asimetría) es más fácil que se sostenga el cártel que si las cuotas son muy diferentes porque en este segundo caso, la empresa con menor cuota de mercado tiene incentivos para separarse porque tiene “mucho que ganar” apoderándose de la cuota de los grandes mediante reducciones de precios) y tiene menos que perder en caso de que los demás miembros del cártel respondan porque su cuota es menor. Pero, en realidad, si observamos que distintas empresas tienen cuotas de mercado muy diferentes será normalmente porque unas son más eficientes que otras, es decir, que la asimetría en las cuotas de mercado refleja la asimetría en la estructura de costes de la empresa, y la asimetría dificulta notablemente el acuerdo colusorio.

 

Sólo es posible el sostenimiento de un cártel entre competidores que se relacionan – que compiten entre sí – de forma repetida porque en otro caso no hay beneficios futuros que aseguren el cumplimiento del cártel. Ivaldi y otros recurren al ejemplo de las subastas espaciadas en el tiempo como mecanismo para reducir el riesgo de que los licitantes se cartelicen (bid rigging)

 

Esta idea puede ilustrarse con la práctica del gobierno de los Estados Unidos de comprar vacunas a granel y a través de subastas muy espaciadas entre sí en el tiempo para deshacer la colusión. Al comprar al por mayor, el gobierno aumenta la importancia de cada subasta y hace que estas subastas sean menos frecuentes, lo que limita la interacción entre los licitadores. Por lo tanto, el aumento del volumen de las pujas implica que, en cada subasta, los licitadores tienen más que ganar a corto plazo si ofrecen un precio menor al de sus rivales, y la reducción de la frecuencia de las subastas implica que las represalias puedan producirse con menor rapidez. Ambos factores contribuyen efectivamente a obstaculizar la colusión”. Lo propio sucede si hay frecuentes ajustes en el precio: frecuentes ajustes facilitan el sostenimiento de la colusión.

 

En general, la colusión es difícil en los mercados de productos de consumo donde los compradores (de los fabricantes) son grandes superficies comerciales o centrales de compra que realizan grandes pedidos y comparan continuamente las ofertas de cada fabricante. Es obvio que si los compradores no están en condiciones de ejercer poder compensatorio porque tienen escaso peso individual (y, por tanto, salvo que actúen -a su vez- coordinadamente no pueden influir sobre los vendedores) los vendedores se sentirán más tentados de actuar coordinadamente. Por el contrario, si el precio se fija por el vendedor para todos los compradores y de forma pública o se utiliza la subasta para adjudicar el producto etc. es mucho más probable que se sostenga el cártel que si los precios se fijan a través de negociaciones individuales y no existe información pública sobre el precio acordado con cada comprador porque en este segundo caso, obviamente, resulta mucho más costoso para el cártel averiguar quién está cumpliendo el acuerdo y quién está haciendo descuentos por debajo del precio acordado.

 

El cártel es posible si la demanda es inelástica a precio competitivo, es decir, si un aumento del precio no provoca una reducción correspondiente de la demanda.

 

Será más probable la colusión si entrar en el mercado cuesta mucho tiempo, porque eso quiere decir que las barreras de entrada son elevadas y, por tanto, que los que están en el mercado saben que, cuando suban los precios coordinadamente, el precio supracompetitivo podrá mantenerse durante algún tiempo en el mercado. Si en un mercado no existen barreras de entrada significativas, será muy difícil sostener un acuerdo colusorio porque la elevación de los precios atraerá nuevas empresas a dicho mercado al margen de que las empresas cartelizadas difícilmente podrán castigar al miembro que se separa del acuerdo porque los beneficios futuros de cumplir con el acuerdo se reducen ya que el cartelista habrá de descontar la entrada de otros competidores en el futuro y, por tanto, que los beneficios supracompetitivos se disiparán.

 

Si el producto está muy diferenciado resulta muy difícil para los vendedores ponerse de acuerdo sobre un precio único. Tendrían que ponerse de acuerdo sobre muchos precios lo que aumenta notablemente la posibilidad de ser descubiertos y dificulta el control de la conducta de los miembros del cártel. En general, cuanto menos transparente sea el mercado, más difícil será que se sostenga el cártel porque más costoso será comprobar si alguno de los miembros lo está incumpliendo.

 

Otos factores que favorecen la cartelización son el que los vendedores vendan en el mismo nivel de la cadena de distribución. Es mucho más difícil ponerse de acuerdo respecto del precio si cada miembro del cártel vende en un nivel diferente de la cadena (fabricante, mayorista, minorista); que la competencia se centre  en el precio más que sobre otros aspectos del producto; que la ratio de costes fijos en relación con los variables sea elevada porque las empresas no pueden soportar durante mucho tiempo una bajada de la demanda; que la demanda sea estática o en descenso, porque si la demanda crece, será difícil probar que, cuando aumenta sus ventas, un miembro del cártel está incumpliendo el acuerdo. En fin, si los beneficios futuros esperados son escasos – un mercado maduro y en decadencia – la colusión actual es más difícil de sostener.

 

La colusión es más difícil en mercados en los que haya mucha innovación

 

“La razón es que la innovación, especialmente la disruptiva, puede permitir que una empresa obtenga una ventaja significativa sobre sus rivales. Esta perspectiva reduce tanto el valor de la futura colusión como la cantidad de daño que los rivales podrán infligir si retaliaran” (Ivaldi et al).

 

La experiencia histórica en el sector es, a menudo, una gran fuente de información: habrá prácticas restrictivas en los sectores donde ha habido prácticas restrictivas. Los estudios empíricos confirman la corrección de estos indicios. Así, en la experiencia de las autoridades europeas (y suponiendo que existe una cierta correlación entre los cárteles existentes y los descubiertos y sancionados), el sector químico es el que mayor presencia de cárteles tiene, lo que los autores atribuyen a las elevadas barreras a la entrada que presenta el sector. La fabricación de productos intermedios (siderurgia y minería), maquinaria y equipamiento (donde se incluyen productos del carbono y del grafito) y madera, papel, caucho y plástico además del cemento. En el sector servicios, ha habido un número significativo en el transporte y en la banca. En la mayoría de los casos, el cártel se organiza entre las empresas que venden, no a consumidores finales, sino a “intermediarios y mayoristas”, por lo que hay pocos casos de cárteles entre distribuidores y prestadores de servicios a los consumidores. La inexistencia de cárteles en la prestación de servicios y distribución de productos a consumidores finales se debe, probablemente, al elevado número de empresas presentes en esos mercados, lo que hace imposible el acuerdo, y explica igualmente por qué es frecuente que estas empresas recurran al legislador para que dicte reglas que reduzcan la competencia. También es frecuente la reincidencia.

Y, sin embargo

 

De lo que se ha expuesto hasta aquí se deduciría que la cartelización es difícilmente alcanzable y mucho menos sostenible en el tiempo, de manera que no deberíamos preocuparnos de prohibirla legalmente y de perseguir la infracción de dicha prohibición. La respuesta es negativa (hay que prohibir y perseguir activamente los cárteles) por dos tipos de razones.

 

La primera es que si los competidores se interrelacionan repetidamente – como ocurre en muchísimos sectores económicos -, la colusión es sostenible y racional. Por tanto, los mercados “realmente existentes” pueden estar dominado por la colusión o por la competencia feroz”. Esto último sucede, por ejemplo, Lo que es importante recordar es que aunque no sea fácil que un cartel formado espontáneamente resista y sea estable, hay muchos mecanismos que permiten garantizar su cumplimiento a bajo coste si las preferencias y condiciones de los participantes son suficientemente homogéneas y la interacción entre ellos, repetida. La experiencia histórica demuestra que si los cárteles no están prohibidos, las Economías acaban generalizadamente cartelizadas. En este trabajo Ari Hyytinen, Frode Steen, and Otto Toivanen, Cartels Uncovered 2018, examinan el caso finlandés. Hasta 1990 en ese país – como en muchos otros – los cárteles no estaban prohibidos pero existía un registro público de cárteles en el que la inscripción era obligatoria a instancias de la Administración. Una vez terminado el cártel, se producía la cancelación registral. Los autores recopilan inscripciones de 193 cárteles en la industria manufacturera que estuvieron en vigor entre 1951 y 1990, “en el 69 % (134/193) de los sectores… había al menos un cártel nacional conocido en funcionamiento en aquellos años; se ignora si había alguno para las restantes industrias o sectores. Las formas de colusión variaban e incluían fijación de precios, asignación de mercados y/o de cuotas de producción… el 73 por ciento se repartían mercados y el 37 por ciento fijaban precios (y algunos ambas cosas)”. Y, a lo largo de todo el período los números son 46 y 71 % respectivamente. También narran los autores que los cárteles desarrollaban una amplia actividad para asegurar el cumplimiento, esto es, actividades de vigilancia, advertencia e imposición de multas a los miembros.

 

La conclusión de los autores es que

 

si no se prohíben los cárteles, la probabilidad de que una economía industrializada se cartelice es elevada, de tal forma que prácticamente toda la industria finlandesa estaba cartelizada a finales de los años 80 del siglo XX.

 

La explicación se encuentra en que, una vez formados, los cárteles son muy estables y no desaparecen mientras que la probabilidad de que se formen nuevos cárteles no es cero sino que es positiva e incluso creciente”. De hecho, en los años 90, las autoridades finlandesas lanzaron una estrategia dirigida contra los cárteles inscritos para asegurarse de que no seguían funcionando una vez puesta en vigor la prohibición y “algunos de los mayores cárteles descubiertos desde la prohibición en 1993 parecen tener sus raíces en la época en la que eran lícitos (por ejemplo, los de pavimentación de carreteras y de madera)”. En cuanto a los efectos económicos, los autores no obtienen resultados concluyentes pero, examinando la rentabilidad de las empresas, afirman que “estos cárteles legales estaban en condiciones de subir los precios y… que eran dañinos”.

 

Hoy nos resulta extraño que un país no prohíba los acuerdos colusorios y, en particular, los cárteles de precios o de reparto de mercados. Pero la concepción prevalente en el siglo XIX y buena parte del XX es que, tanto en un régimen liberal como en un régimen autoritario, los acuerdos de este tipo entre competidores estaban justificados. La razón es simple: para los liberales, estos acuerdos estaban amparados por la libertad contractual. No había estudios empíricos que probasen el daño que causaban a los consumidores y a los competidores potenciales este tipo de acuerdos. Para los regímenes autoritarios, la coordinación entre las empresas no podía confiarse al sistema de precios sino que correspondía al Estado que, en consecuencia, inducía a las empresas a coordinarse para organizar la producción y la distribución, a menudo, en aplicación de una política industrial orientada a la competencia con otros países, no en el seno de cada país. Los resultados fineses pueden tener razones idiosincráticas, esto es, podríamos no encontrar niveles tan altos de cartelización como en Finlandia en otros países. La razón es el comercio entre Finlandia y la URSS que era muy importante y favorecía la coordinación de los exportadores finlandeses porque las alianzas para producir con fines de exportación entre competidores eran usuales y “los términos en los que se desarrollaba ese comercio se acordaban a nivel nacional” y, en las reuniones comerciales con los rusos, las empresas finlandesas participaban colectivamente. La extensión de esos cárteles de exportación al mercado doméstico no es difícil (“export cartels facilitate tacit collusion by monitoring defections more efficiently”) una vez que se han creado los canales de comunicación entre las empresas, los costes de ponerse de acuerdo y de vigilancia recíproca en el cumplimiento de lo acordado se reducen. Los acuerdos entre sindicatos, empresarios y gobierno en 1968 en Finlandia por el cual se prohibía indexar los precios y salarios a la inflación y, en general, la lucha contra la subida de los precios también favorecieron a los cartelistas porque se consideraba que, a través de los cárteles, podría controlarse la inflación. La existencia de convenios colectivos facilitaba la coordinación de las empresas fuera del ámbito de las relaciones laborales y la creciente competencia exterior gracias al acuerdo comercial con la Comunidad Económica Europea tuvo un efecto semejante al comercio bilateral con la URSS (cárteles defensivos). La importancia de la inflación y el comercio internacional se refleja en que, en los datos de los autores, la cartelización es baja en los años 50 y 60 y empieza a crecer rápidamente a finales de los sesenta. El caso finlandés tiene interés porque se crea el registro en 1948 y la autoridad de competencia inició investigaciones sistemáticas en cada sector industrial y en las asociaciones para determinar si existían cárteles que debieran ser registrados, obligando a hacerlo a más de 300 para 1962. La estrategia administrativa cambió y, a partir de entonces, se obligó a inscribir motu proprio a los cárteles que disponían de una organización estable (una asociación). En los años 70 se cambió la ley para obligar a cancelar la inscripción si el cártel desaparecía. Sólo en 1992, se promulgó una ley que declaraba ilegales los acuerdos de cártel. Curiosamente la principal prohibición en todos estos años era la dirigida contra la fijación del precio de reventa.

 

¿Por qué querrían registrarse los cartelistas? Los autores dicen que “había ventajas… en términos de asegurar el cumplimiento del cártel – al menos inicialmente – y de una mayor percepción de legitimidad de las actividades cooperativas. Dado que los cárteles sufren un problema de inestabilidad, fijar el acuerdo por escrito e inscribirlo en un registro público debería estabilizar la colusión. Es más, durante las primeras décadas… del período, es plausible que algunas de las empresas participantes en la colusión pensaran que podrían exigir el cumplimiento del contrato si estaba registrado… aunque tal creencia debió debilitarse con el paso del tiempo”.

martes, 6 de noviembre de 2018

ACCIDENTE MORTAL DE TRABAJO: ¿PELIGRO Y LESIÓN?


 

 

 

Texto recogido para nuestros lectores en Almacén de derecho Por Patricia Gallo

 
Nuevas reflexiones sobre un viejo caso (SAP Barcelona, 6°, 11/7/2002)

 
Los hechos

 

objeto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 6ª) de 11 de julio de 2002 eran los siguientes: un trabajador murió al resultar aprisionado por una pinza paletizadora, cuando se hallaba en el interior del recinto vallado de la cadena de producción retirando adoquines que habían caído. El trabajo del fallecido consistía en controlar los adoquines que pasaban por una cinta transportadora con el fin de sustituir los que no se encontrasen en buen estado. Los correctos entraban por la valla cerrada  -“jaula”-  para ser empaquetados por una máquina llamada “pulpo”. A pesar de estar vallado el recinto por donde se producía la función de paletizar, quedaba un pequeño hueco entre la valla y la cinta portadora por el que, a pesar de estar prohibido, algún trabajador entraba a retirar los adoquines caídos; esta conducta era frecuente y tolerada por la dirección. En este contexto, el trabajador entró por ese hueco; el mecanismos de paro automático de la cadena de producción no funcionó; el trabajador fue atrapado por el pulpo y murió en el acto.

 

Era preceptivo que existiese una célula fotoeléctrica que, de comprobar el paso de alguien por la jaula, parase automáticamente el mecanismo del pulpo, lo que hubiese impedido el resultado lesivo. Se acreditó en el expediente que la célula estaba inutilizada; que el trabajador contaba con una deficiente información/formación sobre los riesgos de la tarea que se le había asignado y que el cierre de la valla no era absoluto.

 

La Audiencia revocó la condena al empleador por el delito de homicidio por imprudencia grave y la confirmó por el delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 317 en relación con el art 316 CP).

Dos interrogantes

 

La respuesta a las dos siguientes pregunta resultan esenciales para resolver correctamente el caso: (i) ¿Ha existido una “autopuesta en peligro” en peligro del trabajador que elimine la responsabilidad del empleador? y (ii) Teniendo en cuenta la sucesión de los hechos ¿en qué momento se produce el “peligro concreto” y qué relación tiene éste con el resultado lesivo?

 

La sentencia trata ambas cuestiones de forma conjunta:

 

“El primer nivel de imputación objetiva del tipo imprudente requiere acreditar que la infracción  de la norma de cuidado ha creado un riesgo típicamente relevante. En este caso, hay que apreciar que el riesgo que existía para la vida e integridad si se entra en la jaula es evidente para cualquier persona, con mayor o menor formación específica. Tan es así que para acceder dentro del vallado o jaula, el trabajador tenía que superar, no sin dificultades, los límites de la jaula. La existencia de aperturas en las protecciones perimetrales que permitieron el accidente podrían tener entidad, a reserva de lo que se diga más adelante, para atribuir el delito contra la seguridad de los trabajadores, pero por si mismo no puede decirse que permita afirmar la imputación objetiva del homicidio imprudente […]

 

La actuación del trabajador permite negar la atribución del resultado de muerte a la eventual conducta negligente que pudiese existir de parte de los empleadores. La calificación efectuada por el Tribunal de instancia debe aceptarse en lo que respecta a la comisión de un delito del art 316 en relación con el art 317 CP. El empleador contrató a una persona que no tenía formación en el sector de actividad para el que fue contratado y a pesar de ello y por toda formación en materia de seguridad únicamente le enseñó en un breve paseo por la mañana las instalaciones indicándole que tuviese cuidado […] Los medios a los que se obliga en el art. 316 también tienen que ver con la formación específica en atención a los concretos riesgos. En una máquina con ciertos riesgos, no parece razonable poner a una persona inexperta sin suministrarle ningún tipo de formación al respecto. Esta falta de información adecuada por alguien que, como él mismo ha manifestado, tiene más de 25 años de experiencia en este tipo de empresas, ha generado un peligro concreto para el trabajador que falleció. La calificación efectuada por el juzgador es estructuralmente correcta: estamos ante un delito del art. 316 en relación con el art. 317 CP”.

Diferentes riesgos

 

El hecho tratado en esta sentencia amerita una detenida reflexión, ya que se presenta a primera vista como una concurrencia de riesgos, que es resuelta por el tribunal como una autopuesta en peligro del trabajador, pero en realidad se trata de un caso de homicidio imprudente, imputable al empresario.

 

Comencemos por deslindar los diferentes riesgos. Los introducidos por el empleador consisten en:

 

    existencia de aperturas en el vallado,

    no funcionamiento de la célula fotoeléctrica y

    la falta de formación/información del operario.

 

Por su parte, el trabajador introduce el riesgo de ingresar a la jaula (“a pesar de estar prohibido”).

 

Conforme al primer juicio de imputación, diremos que los riesgos introducidos por el empleador son típicos. Incumplen normas administrativas de seguridad e introducen un peligro grave para la vida del trabajador (ello, a pesar de que el tribunal al decir que “el riesgo que existía para la vida e integridad si se entra en la jaula es evidente para cualquier persona, con mayor o menor formación específica”, parece entender que no era previsible la conducta descuidada del trabajador).

 

El problema parece ubicarse en el segundo juicio de imputación:

¿Qué riesgo se concretó en el resultado?

 

La muerte se produjo porque el trabajador pudo entrar (existencia de aperturas), porque no funcionó la célula fotoeléctrica (que hubiera apagado la máquina) y porque el trabajador “decide” entrar a la jaula por falta de información. En este panorama, lo que puede suscitar dudas es qué valoración cabe darle al hecho de  que el trabajador “pudo entrar”, ya que según el fallo, las aperturas “no pueden por sí mismas permitir la imputación objetiva del homicidio imprudente”.

 

Pues bien, comencemos por determinar el fin de cada una de las normas de seguridad infringidas por el empleador:

 

    El fin de “No debe haber aperturas en el vallado” es que los trabajadores no ingresen.

    El fin de “Debe funcionar la célula fotoeléctrica” es que si, a pesar de lo anterior, alguien ingresa a la jaula, se interrumpa el funcionamiento del pulpo. (Nótese que esa infracción del empleador no es valorada en la sentencia, sólo se la menciona).

    El fin de “Los trabajadores deber estar formados” es que éstos conozcan acabadamente los riesgos de la máquina y por ende, no ingresen a la jaula.

 

Dicho esto, y respecto de la primera cuestión señalada (autopuesta en peligro), se ve claro que a las infracciones de las normas 1 y 3 les es inherente el riesgo de que el trabajador “decida” entrar; en primer lugar porque tiene esa posibilidad “fáctica” (aperturas) y en segundo término, porque desconoce las posibles consecuencias de ese ingreso (falta de formación). Por lo tanto, ¿qué es lo que se quiere evitar con esas normas, si no es justamente que algún operario se “sienta tentado” de entrar en la jaula?

 

En este contexto, a la reflexión del tribunal acerca de que se trata de una imprudencia imprevisible del trabajador (imprudencia temeraria, autopuesta en peligro), cabe oponer que el objetivo de esas medidas de seguridad no es que el trabajador “caiga o se resbale” dentro de la jaula, sino justamente que “decida entrar imprudentemente” por falta de una valoración adecuada del riesgo (art.15.4 LPRL). A ello hay que agregar, que está previsto un mecanismo de seguridad “extra” (célula) para que precisamente, si el trabajador ingresa descuidadamente, se suspenda el funcionamiento de la máquina, lo que pone de manifiesto con mayor claridad, que la conducta de ingresar a la jaula no era imprevisible (2).

Conclusión intermedia

 

Bajo tales pautas, ¿puede concluirse (como lo hace el fallo) que en ese proceso de riesgo no permitido iniciado por las infracciones del empresario el trabajador “reorientó” ese riesgo interrumpiendo el nexo de imputación del resultado (muerte)? Creo que claramente no se trató de un riesgo independiente, sobre todo si además de lo señalado, se tiene en cuenta que ese comportamiento del operario “era habitual en la empresa y tolerada por la dirección.” En este marco, no puede concluirse que el trabajador decidió “libremente” entrar o se “autoorganizó”, sino que fácilmente podía pensar que era lo “usual” o hasta lo “esperado” de él por la empresa. Con este telón de fondo, debe descartarse la existencia de una autopuesta en peligro del operario fallecido.Luego de este análisis, creo que contrariamente a lo resuelto en el fallo, el resultado de muerte del trabajador debe ser imputado al comportamiento típico del empleador. Además, cabe agregar que, para poder hablar de una “autopuesta en peligro” del trabajador, deberíamos partir del cumplimiento del deber de seguridad del empresario (habilitante de la competencia del trabajador sobre su vida y salud expuestos al riesgo laboral, que hubiera permitido una decisión libre del trabajador de autocolocarse en peligro).

 

Este fallo ha sido comentado por Rodríguez Mesa (“Unas notas acerca de la responsabilidad penal en materia de siniestralidad laboral”, Revista de Derecho Social, Nº 21, 2003, pp. 199 y ss.) quien concluye que

 

“el hecho de que el trabajador fallecido hubiese actuado, a su vez, imprudentemente no impide que la muerte pueda ser imputada a la omisión del empleador”.

 

No queda claro si la autora quiere decir que el riesgo introducido por el trabajador estaba ínsito en el del empresario o que hay concurrencia de riesgos. Esa es, justamente, la gran cuestión que plantea del caso. Teniendo en cuenta la cantidad y calidad de las infracciones al deber de cuidado, considero que se trata de una imprudencia grave del empresario.

Peligro y lesión

 

Respecto de la segunda cuestión planteada, en el fallo se revoca la condena al empleador por el delito de homicidio por imprudencia grave, pero se confirma por el delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 317 en relación con el art 316 CP). De este modo, el tribunal pone sobre el tapete, de un modo interesante, la relación entre ambos delitos. En la sentencia se destaca que

 

“[l]a existencia de aperturas en las protecciones perimetrales que permitieron el accidente podrían tener entidad, a reserva de lo que se diga más adelante, para atribuir el delito contra la seguridad de los trabajadores, pero por sí mismo no puede decirse que permita afirmar la imputación objetiva del homicidio imprudente.”

 

Por otro lado, se afirma que

 

“[e]sta falta de información adecuada (en referencia al trabajador)…ha generado un peligro concreto para el trabajador que falleció”.

 

De lo anterior se deduce que la existencia de aperturas en el vallado y la falta de formación del operario, son relevantes en el fallo para afirmar la tipicidad de la conducta del empleador en los términos del art. 316 CP. Ahora bien, si el tribunal entendió que hubo imprudencia temeraria del trabajador, y que en ese sentido, era imprevisible que -a pesar de las aperturas y de su falta de formación- ingresara en la jaula, ese razonamiento, ¿no debería descartar también el encuadre de la conducta en el delito de peligro? (partiendo de la interpretación del art. 316 como delito de peligro concreto).

 

En este esquema, ¿en qué consiste para el tribunal, el peligro concreto generado por ese comportamiento infractor del empresario? Ese peligro “concreto”, ¿es la posibilidad de que al existir aperturas y no tener formación, el trabajador “decida” ingresar al vallado? Si es así, se generan los siguientes interrogantes:

 

    Ese peligro es el mismo que se concretó en el resultado y el tribunal consideró que lo introdujo el trabajador. En otras palabras, y desde la óptica del fallo, el “peligro concreto” consistiría entonces en que el operario pueda entrar en la jaula por impudencia temeraria propia (autoponiéndose en peligro); pero, ¿puede interpretarse que ese sea uno de los peligros que el art. 316 quiera evitar?

 

    Teniendo en cuenta las características del peligro concreto, que es considerado un resultado (de peligro), se sostiene que “implica un pronóstico de suma probabilidad de lesión en el caso de que el sujeto activo, la víctima y terceros permanezcan inactivos” (Lascuraín Sánchez). Bajo tales parámetros, ¿puede decirse que el peligro concreto exige un “plus” consistente en una iniciativa de la víctima (como ingresar a la jaula)? La sola existencia de las aperturas y la falta de formación brindaron las condiciones para que la víctima se coloque en peligro concreto, pero no parece que lo hayan generado per se.

 

En realidad, estas dudas generadas tienen que ver con que no está correctamente determinado en el fallo, el momento en el que se produce el peligro concreto. Creo que el resultado de peligro concreto se configura una vez que el trabajador entra en la jaula  (y no antes, simplemente ante la existencia de las aperturas), porque es entonces cuando ingresa al “radio del peligro”, siendo inminente la lesión y en ese contexto, la infracción relevante del empleador es el “no funcionamiento de la célula fotoeléctrica.”

 

Entonces, se puede concluir que era previsible que el operario entrara a la jaula,  por eso no debió haber aperturas y debió estar bien informado/formado, pero esas infracciones no lo colocan todavía en “peligro concreto” porque para eso hace falta además que el trabajador efectivamente se decida a ingresar. Es decir, si en el contexto de riesgo creado por la existencia de las aperturas y la falta de formación, “el sujeto activo, los terceros, pero sobre todo la víctima, permanecen inactivos” no hay todavía “suma probabilidad de lesión”. En esta lógica, la misma infracción que desencadenó el peligro concreto “no funcionamiento de la célula” es la misma que causó el resultado muerte.

 

La existencia de aperturas y la falta de formación, si bien son infracciones de las normas de seguridad administrativas (sobre todo al art. 15.4 LPRL) no generaron el “peligro grave” del art. 316 interpretado como peligro concreto (resultado de peligro), sino la relativa al no funcionamiento de la célula.

 

Pero las tres infracciones son relevantes en el marco del delito de homicidio imprudente. Ahora bien, según una exégesis del art. 316 como delito de peligro común y abstracto-concreto, como la que he postulado, son relevantes esas dos infracciones, ya que son idóneas para poner en peligro (grave) a la pluralidad indeterminada de trabajadores, lo que es previo a que algún trabajador pueda ingresar al radio de peligro, donde la lesión es inminente (ver Gallo, Patricia, Riesgos Penales Laborales, Buenos Aires, 2018, pp. 233 y ss.).

 

En efecto, una vez configurado el peligro concreto, la ausencia del daño depende de factores atípicos no emplazables finalmente por el hombre: aquellas causas de salvamento no planificables, que son consecuencia de una habilidad extraordinaria del amenazado o una concatenación afortunada de circunstancias acompañantes (A. Kiss). Es por ello que, descartados dichos factores extraordinarios, la imputación del peligro concreto, conlleva la imputación del resultado lesivo imprudente (muerte del trabajador). Hay entre el peligro concreto y la lesión posterior de la misma víctima, una progresión en la línea de ataque al bien jurídico protegido, que configura una relación de subsidiariedad.

Conclusión

 

Dicho lo anterior, creo que la solución correcta del caso hubiera sido atribuir al empleador el delito de homicidio por imprudencia (grave), pero no el delito de peligro (art. 317 en relación con el art 316 CP). El tipo penal de homicidio imprudente abarca tanto la puesta en peligro concreto de la víctima que luego resulta muerta como el paso previo a la consumación en el iter críminis, configurándose entre ambas normas un concurso aparente por subsidiariedad. En otras palabras, no es necesario “traer a escena” al art. 317 para abarcar parte de la conducta del empleador que es comprendida en su totalidad sólo por el delito de resultado imprudente.

lunes, 5 de noviembre de 2018

LA NUEVA DOCTRINA DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS: CUI PRODEST?, CUI NOCET?


 



 

Texto recogido para nuestros lectores en Almacén de derecho, Fernando Pantaleón.

 
 

La Sentencia 1505/2018 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

 

Debo comenzar confesando que –como supongo a no pocos juristas– me sorprendió el contenido y fallo de la ya famosa Sentencia 1505/2018, de 16 de octubre, de la Sección Segunda de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo [en adelante, la “STS (3ª) 1505/2018”]. Bien sabía yo que autorizados expertos en Derecho Fiscal consideraban ilegal, por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados [Ley del “ITPAJD”; RDL 1/1993, de 24 de septiembre], la norma del artículo 68.II del Reglamento del mismo impuesto (RD 828/1995, de 29 de mayo). Sin embargo:

 

(i) La tesis de la legalidad del referido precepto reglamentario contaba con argumentos jurídicos igualmente sólidos, comenzando por el de interpretación sistemática deducible de los artículos 8.d) y 15.1 de la Ley del ITPAJD. Los ha expuesto recientemente, con sus usuales claridad y rigor, Segismundo Álvarez Royo-Villanova en el blog “Hay Derecho”.

 

(ii) En la realidad de las cosas, la norma del artículo 68.II del Reglamento del ITPAJD de que, para los préstamos hipotecarios, el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados [“IAJD”] es el prestatario, ha regido durante más de veintitrés años, con la bendición de una reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre su ajuste al principio de capacidad contributiva, como uno de los presupuestos o bases del negocio en las relaciones entre prestamistas y prestatarios; y como un dato cierto en las relaciones de unos y de otros con la Administración tributaria correspondiente.

 

Por lo anterior, me parecía lo más acorde con la prudentia iuris –que es, en mi modesta opinión, la cualidad más característica de un buen juez– dejar que fuese ya el legislador el que, si lo consideraba oportuno, atribuyese al prestamista, en lugar de al prestatario, la condición de sujeto pasivo del IAJD en los préstamos hipotecarios. La razón es fácil de comprender: el legislador podía realizar, y sensatamente realizaría, ese eventual cambio normativo sin efectos retroactivos; mientras que una cierta retroactividad es connatural a toda sentencia firme del orden judicial contencioso-administrativo en la que se declara la nulidad por ilegal, naturalmente ex tunc, de una norma reglamentaria. Y se trataba de una retroactividad que afectaría, en este caso, a un número enorme, y por una enorme cuantía total, de transacciones contractuales y de liquidaciones tributarias; esto es, con una “enorme repercusión económica y social”.

 

Nótese, siempre desde la perspectiva de la prudentia iuris, la enormidad que implica la decisión de la STS (3ª) 1505/2018: que el Estado español –el Poder Ejecutivo por acción, el Poder Legislativo por aquiescencia tácita y el Poder Judicial mediante la jurisprudencia anterior de la Sala Tercera del Tribunal Supremo– es el culpable de haber provocado en los prestatarios y prestamistas hipotecarios y haberles mantenido durante muchos años en el gravísimo error de considerar y actuar sobre la base de que eran los primeros, no los segundos, los sujetos pasivos del IAJD.

 

(iii) A lo anterior se añade que, en algunos territorios del Estado español, existen normas iguales a la del artículo 68.II del Reglamento del ITPAJD –se considera sujeto pasivo del IAJD al prestatario–, y que tienen rango de Ley: en Navarra, el artículo 21.II del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril; en Álava, el artículo 54.II de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo; y en Bizkaia, el artículo 42.II de la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo.

 

(iv) En fin, es notorio que la razón fundamental por la que la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite recursos de casación como el que desembocó en la STS (3ª) 1505/2018, fue el pronunciamiento que la Sala Primera del Alto Tribunal había hecho al respecto en la Sentencia 705/2015, de 23 de diciembre [“STS (1ª) 705/2015”]. Y, en sus Sentencias 147/2018 y 148/2018, de 15 de marzo [“SSTS (1ª) 147/2018 y 148/2018”], la Sala Primera había modificado o matizado de manera muy relevante su posición, para tomar como premisa, por la deferencia debida a la entonces vigente jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal, que el sujeto pasivo del IAJD en los préstamos hipotecarios era el prestatario.

Las lecturas de la STS (3ª) 1505/2018 y de la subsiguiente decisión del Presidente de la Sala Tercera de avocar al Pleno el conocimiento de la cuestión

 

He dicho que me sorprendió el contenido y fallo de la STS (3ª) 1505/2018 y explicado las razones por las que no los esperaba. Ahora bien, lo que ni siquiera había podido concebir fueron las lecturas de dicha Sentencia que comenzaron a aparecer de inmediato en los medios de comunicación.

 

(i) Se afirmó, de forma prácticamente unánime, que la STS (3ª) 1505/2018 constituía una espectacular victoria de los consumidores prestatarios en su guerra continuada contra los abusos de los bancos prestamistas; en lugar de una victoria de todos los prestatarios –consumidores o no: también, y en primera (e inteligentemente silenciosa) línea, de los grandes promotores inmobiliarios privados– frente a las Haciendas de las Comunidades Autónomas.

 

Uno comprende muy bien, claro está, que fuera la primera la lectura que se apresuraron a predicar ciertos bufetes de abogados y asociaciones de consumidores que han hecho de (las cuotas litis y las costas en) la litigación masiva contra las entidades financieras su modus vivendi: para recomendar seguidamente dirigir lo antes posible demandas contra los bancos en la que gustan llamar “la vía civil”. Pero causa estupor la extensión con la que han acogido dicha lectura, no sólo periodistas de bien ganado prestigio, sino incluso personas a las que había que presumir conocimientos jurídicos mínimamente sólidos.

 

Mas adelante volveremos sobre ello. Pero puede adelantarse aquí, primero, que varios consejeros de Hacienda autonómicos han avanzado que si el 5 de noviembre próximo el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo confirmare la doctrina que su Sección Segunda ha pronunciado en la STS (3ª) 1505/2018 sobre el sujeto pasivo del IAJD en los préstamos hipotecarios, la Administración tributaria correspondiente –contando con el apoyo financiero del Gobierno de la Nación, ha declarado la Ministra de Hacienda– dará fiel cumplimiento, a solicitud de los prestatarios, a lo que dispone la legislación tributaria sobre devolución de los impuestos indebidamente pagados. Y, en segundo lugar, que es obvio que esa devolución será la que reclamarán los promotores inmobiliarios en cuyos contratos de préstamo hipotecario las entidades financieras hubieran incluido la usual condición general de puesta a cargo del prestatario de todos los gastos e impuestos que se derivasen de la operación; pues ellos no tendrían acción restitutoria alguna contra los bancos prestamistas, al ser indudable que dicha condición general no estaría sometida a control de abusividad alguno.

 

(ii) Se llegó a decir que “menos mal que estaba ahí la Sala Tercera del Tribunal Supremo para defender a los consumidores prestatarios, después de que la Sala Primera del Alto Tribunal (que parecía no haber aprendido nada de las lecciones dadas por el Tribunal de Justicia de Unión Europea en materia, por ejemplo, de cláusulas suelo) hubiera acabado por sucumbir a los intereses de las entidades financieras unos meses antes”: en alusión, claro está, a las SSTS (1ª) 147/2018 y 148/2018. Ignorando así, o queriendo ignorar, no solo lo señalado más arriba sobre la razón por la que la Sala Tercera admitió a trámite el recurso de casación que dio lugar a la STS (3ª) 1505/2018; sino, sobre todo, que había sido la Sala Primera la que, en su STS (1ª) 705/2015, había declarado nula, por abusiva, la condición general de la contratación de los préstamos hipotecarios que ponía a cargo del prestatario consumidor todos los gastos e impuestos derivados de la operación.

 

Una decisión, esta de la Sala Primera, confirmada en las SSTS (1ª) 147/2018 y 148/2018, que –conviene señalarlo– no era nada fácil de tomar y justificar. La mejor prueba de ello son las dudas que las referidas Sentencias nos dejan sobre si se trata de una abusividad por falta de transparencia material (“por la atribución indiscriminada y sin matices del pago de todos los gastos e impuestos al consumidor”), o si dicha Excma. Sala ha querido establecer que es en todo caso abusivo poner a cargo del consumidor, incluso de forma separada y con adecuada información precontractual, cualquier gasto o impuesto que la ley ponga en primer término a cargo del empresario o profesional, y por más que la ley no prohíba como regla a las partes pactar lo contrario con eficacia entre ellas. No es este lugar para profundizar sobre la señalada cuestión y las consecuencias de una u otra respuesta. Digamos solo, primero, que resultará muy útil, para apreciar la dificultad de la misma, la lectura del artículo que el profesor Francisco Pertíñez publicó al respecto en las páginas 93-99 de la Revista Lex Mercatoria 1 [2016]. Y segundo, que la importancia práctica de la cuestión disminuirá drásticamente si, como están informando los medios de comunicación, los grupos parlamentarios del Congreso han llegado a un acuerdo para establecer de manera imperativa en la futura Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario un reparto de los gastos e impuestos entre prestamistas y prestatarios, una vez que, el 5 de noviembre próximo, el Pleno de Sala Tercera del Tribunal Supremo haya decidido quién es el sujeto pasivo del IAJD en los préstamos hipotecarios.

 

(iii) Pero las lecturas que considero más rechazables son las de quienes, tras la decisión de avocación al Pleno hecha pública el 19 de octubre por el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, le han acusado sin base objetiva alguna de haber actuado así para proteger los intereses de las entidades financieras, llegando a conectarlo con el hecho de que haya impartido clases en CUNEF, y con su amistad con el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial. Algo habrá que decir, al final de esta entrada, sobre tan insidiosa campaña.

Reclamaciones de los prestatarios contra las Haciendas autonómicas

 

Si el próximo 5 de noviembre el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo viniere a confirmar la doctrina de la STS (3ª) 1505/2018, parece sencillamente indudable que la mejor forma de proceder para los prestatarios –que llegarían a conocer así que pagaron en su día indebidamente el IAJD a la Hacienda autonómica correspondiente, puesto que el verdadero sujeto pasivo era la entidad financiera prestamista– sería la de reclamar inmediatamente a aquella Hacienda Pública la devolución de dicho ingreso indebido, de conformidad con lo dispuesto en la legislación tributaria.

 

El éxito de dichas reclamaciones, al menos para aquellas que no pudieran considerarse prescritas por el transcurso del plazo de prescripción de cuatro años, sería prácticamente seguro y sin coste significativo. En efecto:

 

(i) No existe base normativa alguna para denegar esa devolución, aduciendo que, al ser el IAJD ciertamente debido, si bien por el banco prestamista, solo a este podrá reclamar el prestatario. No sólo no la hay en la legislación tributaria, sino tampoco en la civil. No podrá la Hacienda autonómica ampararse en la norma del artículo 1899 del Código Civil, puesto que, como cesionaria del Estado, no se acomoda en modo alguno al modelo de acreedor al que dicha norma quiere proteger: no puede considerarse “de buena fe” en el sentido del precepto el acreedor al que le es exclusivamente imputable el error en el pago; y hemos señalado ya que la decisión tomada en la STS (3ª) 1505/2018 implica la enormidad de que el Estado español –el Poder Ejecutivo por acción, el Poder Legislativo por aquiescencia tácita y el Poder Judicial mediante la jurisprudencia anterior de la Sala Tercera del Tribunal Supremo– es el culpable de haber generado en los prestatarios y prestamistas hipotecarios y haberles mantenido durante muchos años en el gravísimo error de considerar y actuar sobre la base de que eran los primeros, no los segundos, los sujetos pasivos del IAJD. Por la misma razón, resultaría intolerable que la Administración tributaria tratara de ampararse, ella, en lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aun dejando al margen el hecho de que las autoliquidaciones del IAJD no son actos administrativos, sino del particular contribuyente.

 

(ii) Es más, habría fundamento para sostener que el plazo de prescripción de cuatro años de la acción del prestatario para reclamar la devolución del IAJD no debería comenzar a computarse más que desde el día 5 de noviembre de 2018, puesto que el prestatario no conoció ni pudo razonablemente conocer antes, por causa imputable al Estado, que era titular de esa acción al haber pagado a la Hacienda Pública correspondiente un impuesto que él no le debía: cuyo verdadero deudor era la entidad financiera prestamista. Y es que, a tenor del artículo 7.1 del Código Civil, todos los derechos, acciones y excepciones, y entre ellas la de prescripción extintiva, deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

 

A la luz de lo que antecede, parece legítimo preguntarse si los Colegios de Abogados y las Autoridades públicas de defensa de los consumidores deben permitir una publicidad que, ocultando lo que acaba de exponerse –porque debe quedar bien claro que también hay bufetes y asociaciones de consumidores que lo explican perfectamente–, lleve a los consumidores prestatarios el mensaje de que la mejor manera de proteger su interés es demandar directamente al banco, ante los tribunales civiles, la restitución del importe del impuesto de que se trata.

 

En fin, las Haciendas Públicas podrían intentar cobrar ahora de las entidades financieras prestamistas los IAJD que, en su día, cobraron indebidamente de los prestatarios. Pero aquellas no tendrían sólo como defensa la prescripción extintiva; sino que podrían tratar de alegar en su favor, y antes del transcurso del plazo de prescripción, la doctrina que la reciente Sentencia 1006/2018, de 13 de junio, de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tiene establecida en el sentido de que, por exigencia del principio de protección de la confianza legítima,

 

“la Administración Tributaria no podrá exigir el tributo en relación con una determinada clase de operaciones (o, en general, de hechos imponibles) respecto de períodos anteriores no prescritos, cuando puedan identificarse actos o signos externos de esa misma Administración lo suficientemente concluyentes como para entender que el tributo en cuestión no debía ser exigido a tenor de la normativa vigente o de la jurisprudencia aplicable”.

 

A los civilistas nos vienen a la mente la doctrina de los actos propios y la figura de la Verwirkung, como límites impuestos por la buena fe al ejercicio de los derechos. Y nos preguntaríamos, a efectos de su aplicación, si cabría sostener que, precisamente por haber confiado legítimamente en la legalidad del artículo 68.II del Reglamento del IAJD, las entidades financieras dejaron de trasladar a los tipos de interés remuneratorio de los préstamos hipotecarios el coste del impuesto de que se trata.

 

Pero no es mi objetivo ilustrar a los bancos sobre cómo defenderse. Mi principal objetivo es demostrar sin duda razonable, frente a la opinión general pública y publicada, que las Haciendas autonómicas serán las primeras y principales perjudicadas, y en cuantías muy importantes, si el próximo 5 de noviembre la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Pleno viniere a confirmar el cambio jurisprudencial que ha comportado la SSTS (3ª) 1505/2018, desencadenando una pedrea de dinero público a favor de los prestatarios hipotecarios, con algunos premios gordos a favor de las grandes promotoras inmobiliarias privadas. Y no hay otro modo legalmente posible de evitar ese resultado, al menos para los IAJD de los cuatro años inmediatamente anteriores, que el de que ese Pleno decida que, a tenor del artículo 29 en relación con los artículos 8.d) y 15.1 de la Ley del ITPAJD, el prestatario continúa siendo, para los préstamos hipotecarios, el sujeto pasivo del IAJD; y con una respetuosa petición al legislador de que lo establezca así, o que establezca lo contrario –que pase a ser el sujeto pasivo el prestamista (sin efectos retroactivos)–, mediante una norma con rango de Ley de literalidad inequívoca.

 

Si eso no ocurriera, si la referida lotería de dinero público se desencadenase, ya veríamos si procede que los bancos acaben finalmente soportando ese coste. Lo único que puede profetizarse con seguridad es que se provocaría la necesidad de tramitar una miríada de procedimientos tributarios –cuando no, a la postre, también económico o contencioso-administrativos– con el consiguiente grave deterioro de funcionamiento de los servicios públicos afectados. En suma, una “enorme repercusión económica y social”.

Reclamaciones de los prestatarios contra las entidades financieras prestamistas

 

Sigamos en la hipótesis de que el próximo 5 de noviembre el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo viniera a confirmar la doctrina de la STS (3ª) 1505/2018, y tomemos a la vez como dato cierto la existencia, en el contrato de préstamo hipotecario del que se trate, de una condición general sobre gastos e impuestos como la que la Sala Primera  ha declarado abusiva en las SSTS (1ª) 705/2015, 147/2018 y 148/2018: siempre sobre la base, claro está, de la condición de consumidor del prestatario.

 

La historia que se han apresurado a contar ciertos bufetes de abogados y asociaciones de consumidores conocidos por su dedicación a la litigación masiva contra las entidades financieras es la siguiente:

 

El prestatario consumidor debe demandar en vía civil al banco prestamista la restitución del importe del IAJD con fundamento en la norma del artículo 1.303 del Código Civil; y los tribunales civiles deben, sin duda, concedérsela, como se la vienen concediendo, por ejemplo, en materia de cláusulas suelo o hipotecas multidivisa. Y que no se le ocurra a la Sala Primera del Tribunal Supremo poner límite temporal alguno a tales restituciones, que ya ha sentido en sus carnes el varapalo que le propinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por haberlo hecho en su Sentencia de 2013 sobre cláusulas suelo.

 

Espero convencer al amable lector de que eso podrá ser muy buena propaganda; pero es, sin duda, muy mal Derecho. Y no me refiero ya al hecho de que sea indudablemente mejor para los intereses del prestatario reclamar directamente la devolución del IAJD a la Administración tributaria correspondiente, al menos si lo pagó hace menos de cuatro años. Me refiero ahora a lo siguiente:

 

Hay dos razones que hacen, a mi juicio, indiscutible que el grupo de casos que aquí nos ocupa es radicalmente diferente de los de las cláusulas suelo y las hipotecas multidivisa; y que el consumidor prestatario no pueda reclamar a la entidad financiera prestamista el importe del IAJD con fundamento en la norma del artículo 1303 del Código Civil (ni en la norma del artículo 1895 del mismo Cuerpo legal sobre cobro de lo indebido); a saber:

 

(i) La primera es que el prestatario no pagó cantidad alguna que, en el momento en que lo hizo, no hubiera pagado igual, conforme a la legislación tributaria que se consideraba sin duda vigente, si la cláusula abusiva no hubiese existido.

 

(ii) Y la segunda –que ya oigo voces que me acusan de no atender a la función disuasoria de la predisposición de condiciones generales abusivas, en la que tanto ha insistido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– reside en que la entidad financiera prestataria no cobró para sí el importe del IAJD: lo cobró, en su caso, como provisión de fondos del prestatario para ingresarlo, en nombre de este, en la Hacienda Pública.

 

Y una vez bien sentado que la entidad financiera prestamista no cobró indebidamente (y menos aún porque existiera la cláusula de gastos e impuestos abusiva) ningún importe que deba por ello restituir –la que cobró indebidamente de la persona del prestatario, cuando, según la doctrina de la STS (3ª) 1505/2018, tendría que haberlo hecho el banco prestamista, fue la Administración tributaria–, habrá de resultar evidente que la acción que el prestatario podría tener contra la entidad financiera nunca sería la de restitución ex artículo 1303 del Código Civil, ni la de cobro de lo indebido (obviamente tampoco una acción de indemnización de daños, porque ninguna culpa tuvo aquella en el error en la persona del deudor); sino, en principio, la acción de reembolso del artículo 1158, párrafo segundo (¿o párrafo tercero?), del mismo cuerpo legal, o una acción de enriquecimiento sin causa.

 

Este es buen momento para citar parte de un comentario que el Magistrado y profesor Miguel Pasquau ha publicado en su blog bajo el título “El reembolso de lo pagado por el impuesto de la hipoteca: ¿contra quién y en qué plazo?”. Se trata, como es notorio, de un jurista excelente e inequívocamente comprometido con el principio constitucional de la protección de los consumidores. Y ha escrito lo siguiente:

 

“[L]o más frecuente será que en la escritura de préstamo hipotecario aparezca una cláusula atribuyendo al prestatario la obligación de pago de este impuesto [el IAJD]. Si el prestatario no es consumidor, en principio esa cláusula es válida y el pago que se haya efectuado habrá estado bien hecho y será irrecuperable, porque así se comprometió el prestatario en el contrato y porque nada impide que un tercero pague la deuda tributaria correspondiente a otro.

 

Si, en cambio, el prestatario es un consumidor y se ha pactado esa cláusula, tenemos un problema, y me temo que va a incrementar una vez más la ya agobiante carga de los Juzgados de Primera Instancia especializados en esta materia, porque el escenario, a mi juicio, sería el siguiente:

 

a) El consumidor debe interponer una acción de nulidad de la cláusula por abusiva, dado que la cláusula comporta un desequilibrio objetivamente perjudicial para el consumidor que solo se debe a que ha sido el banco el que ha predispuesto el clausulado sin posibilidad cierta de negociación. No es seguro, por cierto, que gane el pleito, porque el banco puede esgrimir que la cláusula en cuestión reproducía el contenido de un precepto reglamentario entonces vigente. No entro ahora en esa interesante discusión.

 

b) Pero el hecho de anular la cláusula no comporta automáticamente la obligación del Banco de restituir la cantidad, dado que no fue el Banco quien la “cobró”. El pago se hizo a un tercero (Hacienda). ¿Deberá el consumidor dirigirse a Hacienda para recuperar lo pagado, en un procedimiento y ante una jurisdicción distintas?

 

Yo creo que no. Para los juristas, es cierto que no podrá pedir el reembolso al Banco amparándose en el artículo 1303 CC (restitución recíproca de prestaciones efectuadas, por virtud de la nulidad), pero sí puede pedírselo por la vía del reembolso de un pago por tercero (art. 1158.2 CC), o si se prefiere por la vía de la acción de enriquecimiento sin causa. Se dan cabalmente sus requisitos: el consumidor se ha “empobrecido” al pagar una cantidad que no le correspondía, el Banco se ha “enriquecido” al haberse ahorrado el pago del impuesto que le correspondía, y ese “empobrecimiento/enriquecimiento”, una vez anulado el reglamento y anulada la cláusula, no tiene “causa”, es decir, es injustificado”.

 

Yo comparto, claro, lo que el profesor Pasquau afirma en las frases que me he permitido destacar en negrita. Y también, por supuesto, que, si la tesis que él finalmente sostiene llegare a prosperar, la situación de carga de trabajo en la que vendrían a encontrarse los tribunales civiles en general resultaría ya absolutamente insoportable, con una “enorme repercusión económica y social”.

Sobre la acción del artículo 1158.II del Código Civil

 

Tengo por seguro, en cambio, que no procede la acción que contempla el artículo 1158.II del Código Civil, puesto que ese precepto no es de aplicación en un grupo de casos como el que nos ocupa: en el que el que pagó la deuda ajena no sabía que era ajena, sino que la creía una deuda propia, y como tal la pagó en su propio interés (no como mandatario ni como gestor de negocios sin mandato de la entidad financiera).

Sobre la acción de enriquecimiento sin causa

 

Y respecto de la acción de enriquecimiento sin causa, es jurisprudencia bien establecida de la Sala Primera del Tribunal Supremo la del carácter subsidiario de la referida acción: Sentencias 467/2012, de 19 de julio, y 387/2015, de 29 de junio. Se trata, ciertamente, de una tesis muy discutida por la doctrina científica; pero no debería existir discrepancia al menos en que, si el empobrecido sin justa causa dispone de otro remedio para evitar ese empobrecimiento, tiene que utilizarlo preferentemente.

 

Y en el grupo de casos que nos ocupa, es seguro que el prestatario dispone del remedio de pedir a la Administración tributaria correspondiente la devolución de lo que pagó en su día en concepto de IAJD, y sin duda alguna si lo pagó hace menos de cuatro años. Ese es, por tanto, el remedio que puede y debe ejercitar.

 

En fin, ¿quid iuris si esos cuatro años hubieran transcurrido ya?

 

Ya he señalado más arriba que no es seguro que la Administración tributaria pudiera, ni siquiera en ese caso, denegar la devolución del impuesto al prestatario si este la pidiese antes del transcurso de los cuatro años a contar desde el 5 de noviembre de 2018. Pero vamos a suponer que aquello fuera seguro:

 

(i) Desde una concepción rigurosa de la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento sin causa, como la que parece sostener la jurisprudencia arriba citada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, el prestatario no dispondría de dicha acción, que no podría servir para obviar las consecuencias de la prescripción extintiva de la acción de devolución de lo indebidamente pagado que aquel tenía frente a la Administración tributaria.

 

(ii) Y la entidad prestamista podría aducir, con no poca fuerza, que no se ha enriquecido a costa del prestatario, dado que, de haber sabido en su día que ella era el sujeto pasivo del IAJD, habría incrementado en el importe de dicho impuesto el total de los intereses remuneratorios a devengar por el préstamo hipotecario.

 

Por lo demás, si ninguno de esos argumentos le funcionase, la entidad financiera podría dirigir una acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Estado, al objeto de resarcirse de los perjuicios que le habría acabado causando el haber confiado legítimamente en la validez del artículo 68.II del Reglamento del ITPAJD. Las entidades financieras tienen, sensatamente, temor reverencial al Estado; pero no podrían dejar de ejercitar una acción así si la supervivencia de la entidad llegara a estar en juego.

Conclusión sobre el cui nocet?

 

Llegados a este punto, espero que no quedará ya la menor duda acerca de quién será el principal perjudicado si el próximo 5 de noviembre la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Pleno viniera a confirmar la doctrina de la STS (3ª) 1505/2018: de un modo u otro, el primero o a la postre, el Estado español.

 

Como los inversores odian la incertidumbre, no es extraño que el conocimiento de dicha Sentencia provocase una importante caída de las cotizaciones en bolsa de las entidades financieras (por cierto, Bankia entre ellas, de la que el accionista mayoritario es el Estado español). Lo verdaderamente extraño es que no haya provocado una importante subida de la prima de riesgo de España (y una mejora de las cotizaciones en bolsa de las grandes promotoras inmobiliarias). Pero me temo que lo primero, con su “enorme repercusión económica”, sea solo cuestión de transitoria falta de información jurídica rigurosa.

 

Me parece oír voces que gritan “Fiat iustitia, pereat coelum”. El notario Rodrigo Tena ha escrito en el blog “Hay Derecho” una brillante entrada que lleva por título “La Sentencia del TS sobre el impuesto en las hipotecas: confundiendo de nuevo la Justicia distributiva con la conmutativa”. Como no estoy dotado de una pluma como la suya, me limitaré a musitar que cuidado con desear que el cielo perezca, porque tiene la mala costumbre de caer en las cabezas de los más débiles. Y no pienso en los pequeños ahorradores que tengan invertidos sus ahorros en acciones de entidades financieras, sino en quienes, no pudiendo participar siquiera en la pedrea de dinero público procedente de la devolución del IAJD de los préstamos hipotecarios, por no haber tenido nunca algo que hipotecar, merecen una solidaridad en materia de sanidad, educación o pensiones que no pueda quedar atendida, con “enorme repercusión social”, a causa de la referida lotería fiscal.

Epílogo sobre el respeto institucional

 

He mencionado más arriba algunas muestras de la durísima campaña desatada contra el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo tras la publicación de su decisión de avocar la cuestión al Pleno de la Sala. Afortunadamente, no se han producido ni antes ni después –puesto que habrían sido igual de rechazables– declaraciones de consejeros de Hacienda autonómicos ni de altos directivos bancarios imputando a los Magistrados del Tribunal Supremo que redactaron o votaron a favor de la opinión mayoritaria en la STS (3ª) 1505/2018 haber sucumbido al “populismo judicial” o proteger los intereses de determinados bufetes de abogados o asociaciones de consumidores; ni pidiendo que se investigase si ellos o sus familiares o allegados con préstamos hipotecarios podrían pedir devoluciones de IAJD, y por cuánto importe. Pero parece que cualquier cosa pueda llegar a suceder en la lamentable línea de la degradación del respeto institucional.  Y ha hemos visto publicado, sobre cuatro de aquellos Magistrados de la Sección Segunda de la Sala Tercera, que, menos de un año antes, en la Sentencia 1789/2017, de 14 de noviembre, habían declarado no haber lugar a un recurso para la unificación de doctrina fundado en la pretendida ilegalidad del artículo 68.II del Reglamento del ITPAJD.

 

Quienes tenemos el privilegio de poder publicar nuestras opiniones, tenemos que hacer cuando esté en nuestra mano para poner coto a esa degradación. Quiero, pues, terminar intentando lo poco que está en la mía.

 

Digo, pues, a quien quiera oírme que, cuando, en cuestiones jurídicas difíciles, los datos normativos son confusos, es totalmente normal que Magistrados del Tribunal Supremo puedan discrepar radicalmente sobre su interpretación, e incluso cambiar radicalmente de opinión al aparecer nuevos argumentos. Digo a quien quiera oírme que sé que el hoy Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo es un funcionario público ejemplar, entre otras muchas razones porque ha tenido en sus padres los mejores ejemplos para serlo; y que lo es el Presidente de la Sección Segunda de dicha Sala; y que nada me consta para poner en duda que lo sean también los restantes Magistrados de esa Sección. Digo a quien quiera oírme que, aunque, como sucede en cualquier institución, ni están todos los que son ni son todos los que están, en nuestro Tribunal Supremo se encuentran, sin duda, la inmensa mayoría de los mejores servidores del servicio público de la Justicia. Digo a quien quiera oírme que no es posible amedrentar a servidores públicos así, ni con amenazas de querellas por prevaricación, ni con escraches. Y digo a quien quiera oírme que absolutamente nadie tiene el poder de imponer en el Tribunal Supremo decisiones favorables sus intereses, por la sencilla razón de que la inmensa mayoría de quienes lo componen, si no todos ellos, podrán decidir con mayor o menor acierto jurídico, pero no tienen precio: no sólo hay tribunales en Berlín; en Madrid sigue habiendo un Tribunal Supremo.

 

El próximo 5 de noviembre decidirá el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La Sala Primera del mismo Tribunal, como ya ha anunciado, decidirá seguidamente sobre las consecuencias jurídico-civiles de lo resuelto por sus colegas del orden contencioso-administrativo. Es esencial que puedan hacerlo con calma y sin ruido. Y, cuando hayan decidido, que para sus pronunciamientos sea cierto que “Roma locuta, causa finita”.