Las
principales asociaciones de jueces piden que se especifiquen las causas por las
que el Congreso podría revocar al Fiscal General del Estado según el pacto
alcanzado por el Partido Popular y Ciudadanos.
Las
principales asociaciones de jueces han valorado positivamente el pacto firmado
ayer entre Partido Popular y Ciudadanos en lo que respecta a las medidas
judiciales, y han defendido que el objetivo es que se adhieran el resto de
fuerzas políticas y se materialice en un pacto de Estado en el que estén presentes
los profesionales de la justicia.
Desde Jueces
para la Democracia se muestran satisfechos con la propuesta de reforma del
sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial
-consistente en que doce de los veinte serían elegidos por los mismos jueces-
aunque precisan que este cambio debe garantizar un sistema proporcionado donde
estén representadas las minorías.
Sobre este
misma cuestión, la Asociación Profesional de la Magistratura indica, en
declaraciones a Europa Press, que se trata de una reivindicación que han
defendido desde siempre, por lo que muestran su "satisfacción" por la
inclusión de esta medida en el acuerdo y lo consideran la vuelta al sistema
"más acorde" con el espíritu de la Constitución.
El pacto
suscrito ayer entre las dos formaciones políticas, y que incluye un total de
150 medidas, tiene bastantes puntos que acordaron en diciembre de 2015 las
principales asociaciones judiciales, tal y como precisa la asociación Francisco
de Vitoria, quien insta al resto de formaciones parlamentarias, especialmente
al PSOE, a sumarse al mismo dado que es un principio de acuerdo
"esperanzador" que trasciende el ámbito meramente político.
En algunos
aspectos como la reforma del Estatuto Fiscal que permita que el Congreso pueda
"reprobar y cesar" al máximo responsable de la Fiscalía General del
Estado, JpD defiende que, en aras de no perturbar la autonomía del fiscal,
deben fijarse "con claridad" las causas de revocación y las mayorías
que se necesitan en el Parlamento para llevar a cabo dicho procedimiento, por
lo que respaldan la medida siempre y cuando sea una causa de revocación
"justa y legítima".
En sintonía
con lo expuesto, la APM matiza que el Ministerio Fiscal siempre debe estar
revestido de las máximas garantías por lo que se le debe dotar de la máxima
independencia jurídica posible para que pueda cumplir con su función. También
reclaman que es especifique en qué términos puede ser articulada esa
reprobación parlamentaria y, principalmente por qué motivos.
Independencia judicial
La asociación
matiza que la independencia de la justicia en el ejercicio diario de sus
funciones "no está en entredicho" sino que lo que se pretende es
reformar la proyección de imagen de independencia, por lo que las medidas
acordadas que contribuyan a deshacer la imagen de politización del gobierno de
jueces es "bien recibida".
El pacto
pretende ampliar la garantía de independencia a toda la judicatura y plantea
limitar 'las puertas giratorias' entre la política y la carrera judicial
estableciendo "estrictos" plazos de moratoria aplicables a aquellos
magistrados que hayan abandonando sus funciones para acceder a cargos políticos
y quieran regresar, una propuesta bien acogida por las asociaciones.
Para la APM
"la entrada y salida de jueces de la actividad política" puede
proyectar una imagen no deseada y aplaude por tanto que se establezca un
periodo de tiempo después de la dedicación política de los magistrados para su
incorporación a la carrera judicial. Desde Jueces para la Democracia recalcan
que es un punto que hay que concretar más y recuerdan que hay que garantizar el
"derecho fundamental" de los jueces de participar en los asuntos
públicos.
Plazos de instrucción
Cree además
que los plazos de instrucción de las causas deben estar limitados en aras de la
garantía de justicia y víctimas y ello precisa de una inversión en materia de
justicia por lo que si se cumple con esta norma acordada entre Partido Popular
y Ciudadanos, se debe garantizar que esa reducción de los plazos no genere situaciones
de impunidad.
La Asociación
Profesional de la Magistratura también reclama la dotación de medios materiales
y personales así como "las inversiones necesarias" para que el
ciudadano pueda tener una respuesta mejor del sistema judicial. Por ello respaldan
la propuesta de reforzar con más medios a los órganos judiciales en la
investigación y enjuiciamiento de delitos económicos y añade que no es una
cuestión de que resulte o no viable, sino que es "imprescindible".
No hay comentarios:
Publicar un comentario