Texto recogido para nuestros lectores en Confilegal.
Los asuntos de familia colapsan los juzgados como ya han
denunciado asociaciones como AEAFA y otros expertos en esta jurisdicción. Esto
hace que, en determinadas ocasiones, tomen decisiones poco comprensibles como
la de inhibirse ante algunos asuntos
Es el caso defendido por el abogado Jesús A. Lorenzo, socio
director del despacho Aboga2.
Este jurista explica a CONFILEGAL cómo solventó un asunto de
familia específico. “Acudió a nuestro despacho una madre con dos hijos menores
de edad a los que necesitaba renovar el DNI y, como es lógico, las autoridades
no accedían a la emisión de uno nuevo ni un nuevo pasaporte sin la firma del
padre”.
En su relato señala que “la señora se encontraba ante un gran
problema ya que el padre estaba desaparecido desde hacía años y ella no sabía
nada de él desde que la abandonó junto con sus dos hijos. De hecho, a día de
hoy, con un juicio celebrado en el propio Juzgado que archivó el asunto una
primera vez, no sabemos si el padre está vivo o muerto. No ha aparecido”,
apunta Lorenzo.
Este asuntó a nivel judicial
arrancó a primeros del año pasado. “La solución definitiva para el
problema planteado es la interposición de una demanda de divorcio en la que se
solicite que el padre pierda la patria potestad o al menos la suspensión de la
misma”. Sin embargo la sorpresa para este jurista es que el propio Juzgado “nos
pidió un “certificado de empadronamiento” del padre de los menores.
Desde este despacho se presentaron escritos al juzgado
manifestando que el padre estaba desaparecido desde hacía años y que era
imposible localizarle, por lo que se debía solicitar la ayuda de las
autoridades policiales para que le localizaran. “La policía certificaba que el
padre estaba desaparecido del territorio nacional y no era posible su
localización”, comenta Lorenzo.
La situación se complica cuando, en este contexto, el Juzgado procedió al archivo del
procedimiento, familiares decir, “de manera errónea entendió que no era Juzgado
competente porque no era el lugar de residencia del padre, lo que obligó a
interponer demanda ante la Audiencia Provincial de Madrid”.
El problema se genera cuando el Juzgado de primera instancia
número 25 de Madrid que archiva el tema no dice “cuál es el juzgado competente,
con la consiguiente inseguridad jurídica para nuestro cliente”, señala nuestro
experto.
Son cuatro meses de espera de la decisión del citado Juzgado
que concluyen con un auto de junio del 2017 “donde la juez procede al archivo
del asunto sin darnos una alternativa a otro juzgado, incumpliendo la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, subraya Lorenzo.
La Audiencia Provincial de Madrid resuelve el asunto
En esta situación, Lorenzo acude a la Audiencia Provincial
de Madrid donde interpone un recurso de apelación el pasado 19 de junio del
2017 contra los autos de la juez de primera instancia “dejando claro la
situación de absoluta indefensión de esta persona en ese momento”.
La Audiencia responde un año después. “Dictó Auto en el que
pone de manifiesto que para determinar la competencia territorial, en caso de
no poder localizar al demandado, el Juzgado competente será el domicilio del
demandante conforme artículo 769.1 último párrafo del Código Civil. Nos da la
razón en nuestro recurso de apelación”, apunta este abogado.
Este órgano judicial resolvió el 30 de mayo del 2018 y ya se
ha celebrado un juicio en el mencionado Juzgado de primera instancia 25 de
Madrid. “El juicio se celebró este martes pasado y el padre sigue en paradero
desconocido. No se presentó a la vista. Sigue sin encontrarle la policía”,
señala este letrado.
La no comparecencia a esta vista convierte al padre de esta
familia a punto de divorciarse en rebeldía procesal. “Se han publicado una
serie de edictos donde queda claro que este señor tiene un procedimiento
abierto al que no ha acudido”.
Jesús A. Lorenzo espera tener una sentencia rápida sobre
este asunto, “confiemos que la tengamos este mes, porque no hay mucho que
dilucidar”. Queda por saber si retirarán
o no la patria potestad a este padre desaparecido.
En situaciones parecidas a la sufrida por esta madre de dos
menores, este jurista es partidario de acudir al juzgado, denunciar los hechos
y pedir la retirada de la patria potestad “o al menos la suspensión de forma
subsidiaria, para evitar tener que estar de forma constante en el juzgado ante
determinadas situaciones como puedan ser, renovación de pasaporte, llevar a los
niños al psicólogo, etc.”
“Quizás los juzgados deberían ser más valientes ante este
tipo de situaciones”,
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