La modernización
e incorporación definitiva de las nuevas tecnologías en la Administración de
Justicia ya es un tren imparable. La anunciada medida del Ministerio de Justicia por la que
pretende, por ley, imponer el ‘papel cero’ en los juzgados a partir del 1 de
enero de 2016 supone todo un reto en un sector que se ha caracterizado por
llegar algo más tarde que otros a la era digital. Pero, mientras la
Administración trata de que el objetivo de modernización se convierta en una
realidad a corto plazo, ¿qué está pasando al otro lado, en los despachos de
abogados?
El tema ha sido
objeto de análisis en una mesa redonda del curso “Una Justicia de Futuro”,
celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander,
organizada por el Ministerio de Justicia con el patrocinio de Wolters Kluwer.
Indicadores
tecnológicos de la abogacía
Según
explicó Vicente Sánchez, consejero delegado de Wolters Kluwer y
abogado, durante su intervención, parece que del lado de la abogacía queda
camino por recorrer en materia de implantación de la tecnología.
El directivo
respaldó sus argumentos aludiendo a indicadores que muestran la situación en la
que se encuentra el sector en este momento respecto al acceso a las nuevas
tecnologías y el nivel de adopción de las mismas. En este sentido, destacó
datos como que el negocio de la abogacía está muy atomizado, constituido en un
70% por abogados unipersonales –que como mucho pueden tener alguna asociación
con algún otro abogado–, y muy afectado por la crisis, según reconoce el 86% de
los encuestados en un reciente estudio, lo que implica una limitación para su
capacidad de invertir e innovar, que no es tan alta como sería deseable.
Y aportó más
cifras. “Tan sólo un 36% de los despachos dispone de software de gestión para
el archivo de expedientes, la gestión de tareas o la facturación en algún caso,
y muchos de ellos siguen gestionando en carpetas de papel. Cuando pretendemos
eliminar el papel en los expedientes judiciales nos encontramos con que en la
propia gestión del despacho hay una parte de adaptación de mentalidad que no se
ha producido”, sostuvo. Además, “sólo el 10% del 64% que queda todavía por
adherirse al uso de software de gestión afirma que lo hará en los próximos
años”, pese a que en el mercado hay disponibles soluciones de todo tipo.
Respecto a la
nube, remarcó que los últimos estudios muestran que un 20% de la sociedad
acepta la nube: “Todos en nuestra vida personal estamos pasando a la nube sin
ningún problema y en la fecha-siglo en el que estamos deberíamos tener las
garantías totales para que los profesionales también pasen a este ámbito”. Otra
cuestión remarcable sería el hecho de que, según estudios internos de Wolters
Kluwer, un 25% de los profesionales sigue en contacto con sistemas operativos
inferiores a Windows 7, es decir Windows XP y versiones anteriores,
impidiéndoles aprovechar y optimizar todas las soluciones tecnológicas que el
mercado ofrece.
Finalmente, puso
de manifiesto el hecho de que en empresas del sector legal el 25-50% de los
ingresos los siguen generando productos en formato papel. “Si hay productos
disponibles en formato electrónico y, sin embargo, el profesional sigue
comprando papel es porque sigue prefiriéndolo, pese a que las funcionalidades
no sean las mejores”, concluyó.
Ecosistemas de
soluciones integradas
Frente a este
panorama, el directivo considera que el futuro va a llegar de la mano de
ecosistemas de soluciones integradas para juristas –con utilidades como
bibliotecas digitales, gestión y creación automática de documentos, etc.–,
ofreciendo toda una serie de funcionalidades a un profesional que, a día de
hoy, en buena parte “sigue trabajando con un documento ‘word’ no automatizado”.
No obstante,
Sánchez mira al futuro con optimismo señalando que, aunque nos encontramos en
“un momento crítico, de transición enorme y muy complicada en el sector”, se
percibe una serie de “factores que van a dinamizar la situación”. En primer
lugar, el relevo generacional, “aquellos que nacieron a partir de 1994 y hasta
2010, que en 2025 constituirán un 75% de la fuerza laboral”. También señaló que
empiezan a surgir ‘start up’ e iniciativas tanto dentro como fuera de España,
como por ejemplo Codex, en la Universidad de Stanford, donde se están
desarrollando soluciones integradas para profesionales del mundo jurídico que
acabarán llegando a España. Y no se olvidó tampoco de gigantes tecnológicos
como Microsoft o IBM, que también están ofreciendo iniciativas innovadoras. Por
último, destacó que en esta evolución ayudará y será clave la adopción
tecnológica a nivel personal.
En todo caso,
concluyó que “es muy buen momento, que todas las piezas están sobre la mesa, y
que la propia comisión de Justicia tecnológica creada por el Ministerio con
todos los operadores, es una muy buena iniciativa”. En este sentido, valoró muy
positivamente el esfuerzo del Ministerio de Justicia por proponerse el reto del
‘papel cero’ en 2016, algo que “tiene el valor de arrastrar al propio sector a
cambiar”.
La tecnología
como eje estratégico
En la misma mesa
redonda, su moderador, Antonio Dorado, secretario general de la
Administración de Justicia, se preguntó qué ha llevado a la Justicia a tardar
tanto en entrar en el uso de las nuevas tecnologías dejando de lado el papel, y
explicó que quizá se deba a que contamos con un modelo de Justicia “muy
garantista”. “Desde el Ministerio lo que estamos intentando es cambiar esa
cultura, cambiar los procesos y los procedimientos de forma que las nuevas
tecnologías sean capaces de darnos la misma seguridad”, afirmó.
Por su
parte, Óscar Cortés, asesor del Ministerio de Justicia e ingeniero
industrial de formación, mostró su visión de la situación y explicó que la
tecnología se ha ido incorporando a la Administración pública española, en
general, de forma muy satisfactoria, con una buena oferta de servicios
electrónicos, pero en el ámbito de la Justicia no se ha avanzado al mismo ritmo
y queda mucho trabajo por hacer. Esa es la razón por la que, según explicó, el
Ministerio ha decidido en este último año de legislatura “situar la tecnología
como eje estratégico”, en el que la Justicia sin papel sería sólo un primer
paso.
Juan Carlos
Estévez,
presidente del Consejo General de Procuradores de España, ofreció el punto de
vista del colectivo de la procura, muy involucrada en el objetivo de ‘papel
cero’ a través de la plataforma Lexnet, con la que, según afirmó, se han
llevado a cabo 188 millones de notificaciones desde 2004. Estévez, que se
mostró convencido de que el objetivo de ‘papel cero’ a partir del 1 de enero es
posible, recordó cómo durante muchos años la Administración de Justicia en
España ha sido una ‘Torre de Babel’ en la que cada autonomía tenía su propio
programa informático, sin que estos programas pudieran interactuar entre ellos.
Ahorro para la
Administración
La magistrada y
vocal del Consejo General del Poder Judicial Victoria Cinto señaló
que “no podemos ser pesimistas” porque, según asegura, se han producido
“avances importantes”. Cinto puso cifras a los beneficios del uso de la
tecnología en la Justicia e hizo un repaso por las herramientas que el CGPJ ha
puesto a disposición de los operadores jurídicos y que inciden de una manera
muy importante en la oficina sin papeles. Aludió concretamente al “punto neutro
judicial”, a través del cual se ofrecen servicios como, por ejemplo, los de
averiguación patrimonial, con conexiones con la Agencia Tributaria, el
Catastro, el Colegio de Registradores, Tráfico, el INE, la Dirección General de
la Policía, el Registro Civil y la Seguridad Social.
“Sólo con los
servicios de averiguación patrimonial hemos ahorrado en lo que va de año 2015
cerca de 25 millones de sobres, 30 millones de acuses de recibo y otros 30
millones de oficios”, aseguró. Y, en cuanto al tiempo, explicó que están
estimando que una solicitud de información dirigida en papel desde un órgano
judicial a cualquier Administración u organismo necesita una media de 10
minutos para ser elaborada y preparada en el sobre correspondiente, mientras
que las peticiones electrónicas realizadas a través del punto neutro se generan
en apenas 10 segundos, por lo que, sólo en este ámbito, “el punto neutro
judicial ya ha ahorrado en el primer semestre de este año más de 2.395.000
horas a la Administración de Justicia”. Con estos datos sobre la mesa, Cinto
tiene claro que “el uso de las nuevas tecnologías empieza a transformar el
panorama de la Administración de Justicia”.
Intervención del
ministro
El ministro de
Justicia, Rafael Catalá, también hizo alusión a toda la cuestión
relativa a la incorporación de la tecnología en los tribunales durante su
participación en la inauguración del curso, cuya presentación corrió a cargo de
Rosalina Díaz, presidenta de Wolters Kluwer. En un repaso de todas las reformas
puestas en marcha por el Ministerio, Catalá destacó la Ley de Enjuiciamiento
Civil que verá la luz en los próximos días.
El ministro se
refirió a la necesidad de acelerar el uso de las nuevas tecnologías y los
medios telemáticos en la Administración de Justicia. En ese sentido destacó la
fecha del próximo 1 de enero para la consecución del ‘papel cero’ en la
Administración de Justicia. Y es que, desde principios de 2016 los
profesionales del sector, tal y como establecerá la Ley de Enjuiciamiento Civil
en tramitación, estarán obligados a emplear sistemas telemáticos en la
presentación de escritos y documentos, así como en la realización de actos de
comunicación procesal.
La intervención
del ministro de Justicia fue introducida por Rosalina Díaz quien
destacó la colaboración permanente de Wolters Kluwer con el mundo legal y las
posibilidades de la compañía en la colaboración con la Adminstración Pública para
la implantación del 'papel cero' al tener una relación directa con los abogados
como clientes, al igual que ya lo hicieron con el cambio en la consulta de la
información del papel al digital con la utilización de las bases de datos.
También explicó cómo estudian a los clientes para ofrecerles soluciones
digitales (ya más del 85% de la facturación es digital). Por último, mencionó
la actividad no comercial de la compañía, con la que contribuyen a una mejor
Justicia, trabajando para la mejor implantación del Estado de Derecho con
programas como 'Conoce tus leyes', para los inmigrantes, y 'Conoce tus
derechos', para los discapacitados intelectuales.
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