El
Consejo General de la Abogacía se opone a la reforma que plantea la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que abre la puerta a que otros colectivos, como los
graduados sociales, entren en el turno de oficio.
Por
primera vez desde 2010, la inversión en justicia gratuita ha aumentado. El
pasado año, el gasto total que el Ministerio de Justicia y las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas destinaron a esta partida fue de casi
227 millones de euros, frente a los 223,5 millones de 2013, lo que supone un
incremento del 1,5%.
Esta
ligera subida se produce tras cuatro años consecutivos de recortes en justicia
gratuita, con un descenso acumulado de casi el 15%, desde los 266,6 millones de
euros invertidos en 2009.
Así
aparece reflejado en el IX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita
Abogacía Española-La Ley, elaborado por el Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE) y Wolters Kluwer, en el que, además, se explican cuáles pueden
ser las razones para este cambio de tendencia, como, por ejemplo, el impacto
que han tenido las tasas judiciales y al aumento de los colectivos con derecho
a este beneficio.
En
este sentido, el informe recuerda que a finales de 2012 (con efectos ya en
2013) el Gobierno llevó a cabo la reforma de la Ley de Tasas Judiciales, que
implicaba también un incremento del número de beneficiarios potenciales de
justicia gratuita -con independencia de sus recursos económicos- y unos baremos
más altos para colectivos como las víctimas de violencia de género o terrorismo
o las reclamaciones de indemnización por parte de víctimas de accidentes con
graves secuelas permanentes.
El
documento, presentado ayer en la sede del Consejo General de la Abogacía
Española, analiza todos los datos referentes a la justicia gratuita a lo largo
de 2014, un año especialmente convulso para la profesión, que llegó a salir a
las calles con la toga puesta para protestar contra el proyecto de ley que
reformaba la regulación actual del servicio. Aunque ese texto finalmente no
verá la luz, sí se van a incorporar algunos retoques a la norma a través de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), actualmente en tramitación. Sobre esta
cuestión, el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, valoró ayer positivamente
que la reforma no salga adelante, pero cuestionó que se estén intentando
introducir "con calzador" en la LEC algunas medidas, como la
posibilidad de abrir la puerta a otros colectivos para que también puedan
prestar el servicio de justicia gratuita, como sería el caso de los graduados
sociales, algo que rechaza tajantemente.
Destino
del dinero
Tanto
Carnicer como el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier
Lara, repasaron los principales datos del informe de este año. Además de la
cifra total invertida, el estudio muestra pormenorizadamente a qué se ha
destinado el dinero. La mayor parte de la inversión ha sido para el turno de
oficio, con 155,4 millones de euros, el 68,5% del total del gasto. Es también
el área que más ha visto incrementado su coste en 2014. Dentro de este
servicio, penal es la jurisdicción con mayor inversión, 85,7 millones de euros,
y el 55% del total de turno de oficio. A continuación se encuentran civil con
46,7 millones de euros (30%), contencioso-administrativo con 6 millones (4%) y
la jurisdicción social con 3,6 millones y el 2% del total de gastos en turno de
oficio.
En
cuanto a la retribución media de los abogados del turno de oficio, sin duda una
de las cuestiones más polémicas, según el informe ronda los 125 euros por
expediente. Tal y como explicaron ayer, la cifra neta de lo que perciben por
término medio es de alrededor de 2 euros por hora de trabajo. Por otro lado, el
número de abogados adscritos al turno de oficio ha experimentado una evolución al
alza durante los últimos años. La cifra no ha dejado de crecer, desde los
36.637 letrados que ejercían esta labor en 2010, hasta los 42.728 que aparecen
registrados en 2014.
Recomendaciones
Durante
la presentación, Rosalina Díaz Valcárcel, presidenta de Wolters Kluwer, destacó
algunas de las recomendaciones planteadas por el comité de expertos que integra
el Observatorio de Justicia Gratuita, compuesto mayoritariamente por
personalidades ajenas a la abogacía, como las que plantean que sea el mismo
letrado designado de oficio quien dirija un asunto ante diferentes instancias,
la implantación de servicios de orientación jurídica en centros penitenciarios
o la apuesta por una mayor especialización en el turno de oficio.
El
informe incluye también una encuesta realizada a los abogados que ejercen el
servicio, de la que Silvia Bravo, directora general adjunta de Metroscopia,
destacó que el sistema continúa siendo evaluado positivamente por los abogados
con una puntuación de 5,5 puntos sobre 10, si bien los baremos que perciben los
profesionales siguen siendo para el 97% de los encuestados el principal
problema.
Principales
conclusiones
Los
colegios de abogados atendieron en 2014 más de 1.765.000 asuntos de asistencia
jurídica gratuita.
Los
ciudadanos tramitaron en 2014 en los colegios o a través de los juzgados
969.775 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, un 2% más que en 2013,
cuando se recibieron 951.095 expedientes.
Los
expedientes tramitados de forma electrónica fueron
627.000,
más del 65% del total.
La
mayor parte de la inversión, 155,4 millones de euros, el 68,5% del total, se
destina al turno de oficio.
El
coste del servicio de asistencia letrada al detenido ha sido de 43,3 millones
de euros, el 19,1% del total.
Los
gastos de infraestructura, que se han visto reducidos por la implantación del
expediente electrónico, representan el 9,1% del total de inversión con 20,7
millones de euros.
El
servicio de violencia de género recibe un 3,3% del total invertido, 7,4
millones de euros.
El
número de abogados adscritos al turno de oficio ha experimentado una evolución
al alza con un total de 42.728 letrados registrados en 2014.
La
mayor subida de abogados adscritos tuvo lugar en 2013, con un 8,7% más de
profesionales, mientras que en 2014 el aumento ha sido del 0,6%.
Teniendo
en cuenta que a 31 de diciembre los colegios tenían censados más de 137.000
letrados ejercientes, uno de cada tres abogados (31%) se encuentra adscrito al
servicio del turno de oficio, porcentaje igual al de 2013.
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