A 31
de diciembre de 2015, de los casi 4.000 órganos judiciales españoles,
1.695 están por encima del 150 por ciento del indicador medio de carga de
trabajo.
En
concreto, entre estos órganos se encuentran el 93 por ciento de los Juzgados de
lo Mercantil, el 95 por ciento de los Juzgados de Primera Instancia y el 97 por
ciento de los Juzgados de lo Social. En muchos de estos últimos, cada juez
tiene que despachar más de 1.300 asuntos al año.
Así
se desprende del informe “La Justicia dato a dato” presentado el pasado viernes en la Comisión
de Justicia del Congreso por el presidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes.
Necesidad de medidas urgentes
Para
paliar esta carga de trabajo, que ha considerado “inasumible”, Lesmes ha enumerado
una serie de medidas que, a corto plazo, servirían para atender las necesidades
de carácter más urgente. La primera de ellas es la creación de nuevos órganos
judiciales, al menos en aquellos casos en que se haya detectado que el déficit
estructural es grave.
En
concreto, requieren una pronta actuación los órganos de la jurisdicción social,
que se enfrentan a una situación “crítica”, así como los Juzgados de Primera
Instancia y de lo Mercantil –necesitados de más medios tecnológicos y de
personal funcionario con conocimientos en tramitación concursal-.
En
este sentido Lesmes ha insistido en la necesidad de crear nuevas plazas
judiciales y ha recordado que, el pasado 25 de febrero, el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial aprobó por unanimidad una declaración institucional
en la que consideró “ineludible e inaplazable” el aumento de la planta
judicial.
Más asuntos resueltos y menos asuntos
pendientes
Pese
a ello, Lesmes se ha declarado “moderadamente optimista” al analizar la
evolución de la situación de la Justicia española en el último año: en 2015 se
resolvieron más asuntos que el año anterior, se finalizó con menos asuntos
pendientes, los órganos judiciales están un poco menos congestionados y –con la
excepción del Tribunal Supremo, que experimentó un fuerte incremento en la
entrada de asuntos en las Salas de lo Civil y de lo Social- los tiempos de
respuesta han mejorado con carácter general.
“Esta
tendencia positiva no nos puede hacer olvidar que hay situaciones difícilmente
sostenibles en muchos de nuestros Juzgados y Tribunales”, ha añadido Lesmes,
que ha destacado que “existe una excesiva carga de trabajo en nuestros órganos
judiciales, pero lo más evidente es que esta carga está muy mal repartida,
existiendo grandes desequilibrios y una muy mala organización”.
El problema del modelo territorial de la
Justicia
El
presidente del TS y del CGPJ se ha referido tambien al “evidente problema
estructural” de la Justicia española, que carece de un modelo definido de
organización territorial y de un demarcación y planta propias del siglo XXI.
“Existe
un problema de modelo territorial en la gestión de la Administración de
Justicia. Los procesos decisorios no están exentos de dificultades y, en
ocasiones, observamos yuxtaposición y solapamiento de competencias. Por lo
demás, el mapa de transferencias a las Comunidades Autónomas de las
competencias en materia de Justicia no se ha completado y corremos el riesgo de
padecer un Justicia de dos velocidades, según el territorio en el que
residamos”, ha dicho Lesmes.
Por
ello, ha advertido de que solo un nuevo modelo de organización permitirá que la
Justicia sea más eficiente y ha invitado a los grupos parlamentarios a abrir
una “gran reflexión” en la que se aborden las reformas estructurales
pendientes, para lo que ha ofrecido la colaboración “leal y activa” del órgano
de gobierno de los jueces.
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