La elevada tasa de litigiosidad
española, la más alta de los países de su entorno, puede afectar de forma
negativa a la inversión y a determinados ámbitos de la economía. En este
sentido, los especialistas exigen "identificar correctamente los factores
que impulsan esta tasa de litigiosidad y analizar las medidas que reduzcan las
externalidades negativas derivadas de un uso ineficientemente intensivo del
sistema judicial".
Así lo recoge el informe Evidencia reciente sobre los efectos económicos del funcionamiento
de la Justicia en España, elaborado por Juan Mora-Sanguinetti para
el Boletín Económico del Banco de España. El documento subraya que la calidad
del funcionamiento de la Justicia "es relevante para la determinación del
grado de seguridad jurídica, los costes de transacción y la eficiencia de la
economía".
La citada tasa mide el número de
litigios ingresados en los juzgados por ciudadano. Según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España tiene la cuarta tasa
de litigiosidad más alta entre los países analizados, con 0,04 casos per
cápita, y sería el tercer país con la tasa más elevada si se calcula respecto
del Producto Interior Bruto (PIB).
"Resulta claro que llevar un
conflicto a los tribunales produce externalidades en el resto de ciudadanos y
empresas", señala el informe. En este sentido, recuerda que la decisión de
litigar conlleva costes a otros sujetos implicados y a la propia Administración,
lo que puede debilitar la inversión.
Además, apunta al elevado número
de abogados españoles como uno de los factores relacionados con el elevado
volumen de litigios.
"El número de letrados y las
tasas de litigación están relacionados de forma positiva y significativa",
apostilla.
Duración de procedimientos
Sin embargo, el documento reconoce
una duración media de los procedimientos judiciales que, en general, se
situaría por debajo de otras economías que pertenecen al sistema legal de
derecho francés, aunque por encima de los países nórdicos. "El grado de
eficiencia del sistema judicial español, aproximado a partir de la duración
media de los procedimientos, se habría mantenido estable en los últimos
años", añade. La duración media global de la primera instancia civil en
los países de la OCDE se elevaría a 238 días, mientras que en España se sitúa
en 272 días.
El informe sostiene que existe una
relación directa entre la duración de los procesos y el funcionamiento de la
economía. "La economía española seguiría manteniendo una peor posición
económica si se la compara con los países de tradición nórdica, pero obtendría
un resultado algo mejor que la media de los países de tradición francesa y
anglosajona", que presentan una duración de sus procedimientos mayor a la
española.
Por otra parte, el documento
asegura que el impacto económico del funcionamiento del sistema judicial puede
variar según el tipo de procedimiento. Así, el buen funcionamiento de la vía
civil "parece crítico para favorecer el tamaño y el crecimiento de las
empresas y la entrada de nuevos competidores".
Sin embargo, "es la eficacia
del sistema judicial en la fase ejecutiva, es decir, cuando está llamado a
hacer cumplir forzosamente las sentencias incumplidas por los deudores, la que
hace que aumente el peso del mercado de alquiler frente al mercado de
propiedad", asevera.
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