Las asociaciones
judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial
Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente,
han hecho público un comunicado en el que presentan una propuesta unitaria en
relación con la Justicia.
Se trata de un
documento de excepcional importancia, por cuanto no es frecuente que las cuatro
asociaciones judiciales, que representan a la práctica totalidad de los
profesionales del sector y, por tanto, a criterios e ideologías diferentes, se
manifiesten con una sola voz sobre las necesidades de la Justicia en nuestro
país.
Bajo el
título “La Justicia no puede seguir siendo la gran olvidada”, el
documento comienza señalando que “A lo largo de los últimos
treinta años, la sociedad española ha podido comprobar cómo la
Justicia sigue siendo la gran olvidada”, lo que ha determinado que “Propuesta
esenciales para su mejora, formuladas en muchas ocasiones desde el sentir
unánime de la Carrera Judicial, no han encontrado otro destino que el
cajón o, directamente, la papelera, al extremo de convertirse
en tópicos o lugares comunes que, en cada convocatoria
electoral, volvemos a escuchar”.
Por ello, ante la
proximidad de la nueva cita electoral y el comienzo de la próxima legislatura,
las asociaciones judiciales creen necesario “recordar y plantear dichas
propuestas, con la esperanza de que, esta vez sí, puedan ser acogidas, si
es que de verdad las fuerzas políticas creen que los ciudadanos merecen una
Justicia de calidad.”
El contenido de
la propuesta se basa en los siguientes nueve puntos:
1. La necesidad
de un Pacto de Estado sobre la Justicia
Los jueces
consideran que la Justicia constituye un servicio público de primera magnitud
que, al ser uno de los tres poderes del Estado y estar destinado a garantizar
el correcto funcionamiento de los otros dos, “la Justicia es una prioridad,
como la sanidad o la educación” que “no puede estar al albur de los vaivenes
e intereses políticos”.
De ahí, continúa
el comunicado “la necesidad de elaborar, entre todos los grupos
políticos y con intervención de los operadores jurídicos –jueces,
fiscales, abogados…-, unas bases que constituyan puntos de encuentro sobre
la Justicia que queremos”, “desde un escenario en el que todos, o al menos la
inmensa mayoría, se sientan representados”.
Este Pacto de
Estado habría de articularse sobre los ejes que seguidamente se exponen, sin
perjuicio de cualesquiera otros que pudieran surgir.
2.
Un nuevo modelo de Carrera Judicial y de organización territorial y
funcional de la Administración de Justicia
La organización
actual de la Administración de Justicia es obsoleta y las sucesivas
reformas no han conseguido dar respuesta a las demandas y necesidades de
una sociedad moderna.
En este sentido,
las asociaciones judiciales consideran que es “necesario diseñar un nuevo
modelo organizativo, revisar el sistema de categorías profesionales para
facilitar y estimular la promoción profesional, implantar los tribunales de
instancia en la primera línea –con estricto respecto a los principios de
independencia e inamovilidad, estructurado por órdenes jurisdiccionales y
presididos por un decano elegido por los compañeros-, una nueva distribución territorial
acomodada a la realidad social, política, económica y demográfica, y una
oficina judicial que realmente sirva como instrumento de asistencia y apoyo a
actividad jurisdiccional –y no como un fin en sí mismo o herramienta de
control al servicio de otros intereses-.”
3.
La implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la Justicia y
la confianza del ciudadano en sus tribunales
Las asociaciones
consideran que “Uno de los problemas más graves que padece nuestra Justicia es
la apariencia de politización que, aunque no responde a una realidad tangible,
ha calado en el sentir social.”
Por ello, “Es
preciso reforzar la imagen de independencia de los jueces y la
credibilidad del sistema, evitando y saliendo al paso de cualquier situación que
pueda hacer pensar tanto en una justicia politizada, como en la judicialización
de la política.”
Y, en
particular, se apunta claramente a que “el Consejo General del Poder
Judicial ha de quedar al margen de las tensiones políticas, lo que no
pasa desde luego por su desaparición, sino por potenciar sus competencias y
asegurar que la elección de sus miembros, su composición y régimen de
funcionamiento, responden al objetivo que justificó su creación: disponer de un
órgano que garantizase la independencia judicial frente a cualquier injerencia
externa de los demás poderes públicos y de terceros, para lo cual se considera
imprescindible recuperar la elección directa de los vocales judiciales por los
propios jueces con criterios de proporcionalidad, la dedicación plena de todos
los vocales y las competencias necesarias para el desarrollo de su función
constitucional.”
4.
La redefinición y coordinación del régimen de competencias en materia
de Administración de Justicia
Sobre este tema
las asociaciones firmantes consideran que “A raíz de la sentencia del Tribunal
Constitucional que distinguió entre la Administración de Justicia, como
competencia estatal, y la administración de la Administración de Justicia, como
competencia susceptible de ser asumida por las CCAA, hoy nos encontramos con un
régimen competencial distorsionado e ineficaz. “
La realidad
demuestra que, unas veces por haberse utilizado como arma arrojadiza
entre el Estado y las CCAA, y otras veces por el diferente interés que ha
suscitado en las Administraciones autonómicas, actualmente existe una Justicia
con diferencias crecientes en función de la Comunidad de que se trate, lo que
crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en lo que se refiere al
servicio público.
Por ello,
concluyen las asociaciones firmantes “Es menester afrontar el problema,
redefinir y clarificar el sistema de competencias, así como asegurar la
debida coordinación entre las Administraciones estatal y autonómica, de forma
que se trabaje en la misma dirección”.
5.
Plan de inversión económica
Bajo los
principios de estabilidad y compromiso del Estado y de las Comunidades
Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia,
ha de elaborarse un plan de inversiones distribuido a lo largo de varias legislaturas,
que permita dotar a la Administración de Justicia de los medios imprescindibles
para asegurar una Justicia ágil, eficaz y de calidad, asignando un porcentaje
de los Presupuestos Generales del Estado y exigiendo que cada reforma legal
vaya acompañada de una memoria económica, auditada por expertos independientes,
y un proceso de implantación adecuado a las circunstancias.
Todo ello debe
partir de una perspectiva de la Justicia como servicio público, que sea
accesible a la ciudadanía, sin discriminar a nadie por razones económicas y sin
obstáculos que impidan o dificulten el acceso a la justicia a los particulares
y a las pequeñas y medianas empresas.
6.
Plan de ampliación de la planta judicial garantizado
En paralelo a la
configuración de una nueva estructura y sea cual fuere el modelo a
seguir, ha de elaborarse un programa de ampliación de la planta judicial a
medio y largo plazo, que no se limite a conjugar la pérdida vegetativa, sino
que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los
países de nuestro entorno, como medio para garantizar la prestación de un
servicio de calidad.
7.
Condiciones profesionales dignas
Los jueces
consideran que “en unión de otros operadores jurídicos, han venido supliendo
las carencias del sistema con su dedicación y esfuerzo, pero este voluntarismo
no puede perpetuarse en el tiempo.”
Por ello “Hay que
establecer las condiciones adecuadas para que los jueces puedan desempeñar su
función con las debidas garantías, en beneficio del ciudadano, lo que pasa por
afrontar extremos como la salud laboral, los riesgos y enfermedades
profesionales, la igualdad de género, la mejora del régimen de sustituciones,
el volumen de trabajo y un régimen retributivo acorde con la responsabilidad y
categoría profesional del puesto y la función desarrollada. Entretanto,
debe cumplirse en sus propios términos la previsión contenida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 15/2003.”
8.
Modernización tecnológica
Si bien la Ley
18/2011 y,
sobre todo, las recientes reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han apostado
decididamente por la implantación de las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia, lo cierto es que la mera publicación de la
ley puede no ser suficiente si no se resuelven previamente otras cuestiones
previas.
En primer
lugar, la tan largamente debatida compatibilidad de los sistemas
informáticos procesales. La dispersión de modelos según las Comunidades
autónomas sigue sin permitir, como mero ejemplo, la interoperabilidad o
comunicación entre los órganos judiciales. Hoy existen hasta ocho aplicaciones
informáticas distintas entre las diferentes CCAA, por supuesto incompatibles
entre sí.
Pero hay otros
ejemplos de facetas necesitadas de una verdadera apuesta (ordenada y
sistematizada con criterio) por la modernización. La regulación homogénea
de la sede judicial electrónica, la puesta a disposición de los órganos
judiciales de tecnología realmente operativa, el acceso inmediato a archivos y
registros electrónicos públicos… Todo ello exige planificación, coordinación,
inversión y voluntad política real.
9.
Reformas procesales y sustantivas
Los jueces parten
de la premisa de que “existen ciertas materias que, por su trascendencia en la
vida diaria de los ciudadanos, exigen la búsqueda de puntos de encuentro a fin
de concitar la mayoría política y social en la reforma, así como de que “las
disposiciones procesales se configuran como las reglas del juego en materia de
Justicia, y, por tanto, su reforma impone igualmente cierta prudencia y visión
de futuro.”
Unas y otras
precisan revisiones profundas, pero esas modificaciones requieren un
diagnóstico previo de los problemas, para a continuación buscar soluciones
consensuadas que, en un marco global, se implanten de manera ordenada. No cabe
legislar en caliente ni para resolver un caso concreto.
Hay que modificar
la práctica de reformas legislativas parciales y a corto plazo, que no vienen
acompañadas de ninguna dotación presupuestaria específica y se imponen
sin responder a ninguna planificación o proyecto común. En el mismo sentido,
reformas legales como la del Estatuto de la Victimase convierten en papel mojado si no vienen
acompañadas de los recursos necesarios.
Por ello,
concluye la propuesta, “es necesario hacer un análisis en profundidad con todos
los operadores, que permita abordar una reforma global, por áreas, pero siempre
pensando de dónde venimos y a dónde queremos ir, así como en la
necesidad de acompasar esas reformas a los recursos existentes o previsibles a
corto plazo.”
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