Los ciberdelincuentes hacen su particular agosto en Navidad con
el aumento de las compras online. El robo de datos bancarios o las falsas
ofertas de trabajo son otros delitos habituales en la Red.
Dejar las compras de Navidad para última hora ya no implica
carreras y empujones para cumplir con los deseos de familiares y amigos.
Internet permite tener cómodamente los regalos en casa en pocos días, lo que ha
hecho que se multipliquen las tiendas online. Una gran ayuda para los
consumidores, pero a la que los estafadores ya se han sumado ofreciendo, por
ejemplo, productos de primeras marcas como si fueran originales y a un precio
muy similar que no levanta sospechas. Las falsificaciones ocupan la primera
posición de los fraudes que sufren los ciudadanos según el ránking elaborado
por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
"Muchos afectados creen que por haber sido estafados en
Internet no hay nada que hacer, pero no es así. El procedimiento es el mismo
que si el problema se hubiera producido fuera de la Red".
Los fraudes en el mundo virtual son muy variados y pueden
suponer desde el acopio de datos personales para desviar esta información a
terceros o, lo que es más común, un perjuicio económico al estafado, que tiene
básicamente dos opciones para recuperar su dinero: interponer una denuncia o
una querella. La primera vía es la más habitual en los casos en los que la
cantidad defraudada no es muy alta, ya que no es necesario que el afectado se persone
como parte y, por ello, no necesita contratar ni a un abogado ni a un
procurador.
En este caso, la labor del estafado termina después de que haya
presentado la denuncia en una comisaría de Policía, en el cuartel de la Guardia
Civil o en un juzgado de guardia. "Aunque las condiciones de servicio de
la tienda online digan lo contrario, el afectado puede hacer la denuncia en la
comisaría más cercana a su domicilio".
Otra parte positiva de esta vía es que tampoco es obligatorio
informar de quién es el presunto estafador. Los ciberdelincuentes suelen
escudarse en el relativo anonimato que ofrece Internet y, en ocasiones, borran
hasta las páginas web desde donde cometieron la estafa. "En muchos delitos
informáticos a veces desaparecen pruebas a ojos inexpertos, por lo que es
necesario que peritos informáticos rescaten las huellas digitales que dejan los
presuntos estafadores". muchas de las empresas que están detrás de estas
páginas web "ni siquiera están dadas de alta, por lo que suelen ser
condenadas no sólo por delitos penales sino también mercantiles".
Querellas
Cuando se trate de delitos públicos -aquellos que se persiguen
de oficio- o estemos ante calumnias o injurias, es obligatorio presentar una
querella ante un juzgado, lo que permite al denunciante presentarse como parte
acusadora.
Al contar con su propio abogado y un procurador, el demandante
podrá aportar todas las pruebas que considere pertinentes y que refuercen su
postura para salir victorioso del juicio.
Además,
esta vía es habitual en las estafas cibernéticas en las que el dinero sustraído
es alto, por ejemplo en los casos de phising en los
que el ciberdelincuente consigue acceder a cuentas bancarias.
En la querella hay que identificar claramente a quién se acusa y
los hechos que motivan dicho proceso.
"La operativa procesal tanto ante una denuncia como ante
una querella es la misma, pero hay que tener en cuenta que los costes de la
segunda son mucho más altos y, por tanto, lo lógico es actuar de forma proporcional
al engaño recibido".
Hasta 10 años para denunciar
En ocasiones la estafa es evidente, ya que, por ejemplo, la
televisión que compramos de segunda mano ni siquiera enciende, a pesar de que
el anuncio especificaba que estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, otras
veces podemos caer en el engaño "sin darnos cuenta, sobre todo en los
delitos que implican robo de datos personales que se acaban vendiendo a
terceros".
Por este motivo, los plazos de prescripción son amplios. Así,
cuando se trata de una estafa agravada en la que se supera los 50.000 euros se
puede acudir a los tribunales hasta 10 años desde la comisión del delito y el
acusado se enfrenta a una pena de uno a seis años. En los casos de las estafas
básicas (las que no llegan a esa cantidad) el plazo de prescripción se rebaja hasta
los cinco años y la pena puede ser de seis meses a tres años.
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