LOS PROCURADORES BAJAN A TRES DÍAS LA COMUNICACIÓN JUDICIAL

Los procuradores de los tribunales han alcanzado los 30 millones anuales de comunicaciones judiciales telemáticas, en cumplimiento del apartado 8º del artículo 26.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El procurador puede realizar emplazamientos, citaciones y requerimientos, en procesos declarativos y en ejecuciones, en el partido donde se esté tramitando el procedimiento, o en otro distinto.

Estas actuaciones han supuesto una notable mejoría en la saturación de los procedimientos judiciales, ya que ha logrado reducir el periodo de comunicación a tan sólo tres días frente a los seis meses que se tardaban antes de la entrada en vigor de esta competencia en 2009.

Además, ahora se prepara el colectivo para afrontar las ejecuciones civiles, que son actualmente el gran déficit de la jurisdicción Civil, al igual que de la Contencioso-Administrativa. Con esta colaboración se pretende aligerar los procesos y eliminar los tiempos muertos en la tramitación de los procesos. En el derecho comparado ya son los procuradores quienes afrontan estas actuaciones.

"Trabajamos de la mano con el Ministerio de Justicia para digitalizar no sólo los procedimientos judiciales, sino todas las trasferencias telemáticas. Llevamos trabajando en ello desde los años noventa, colaborando con todos los Gobiernos que se han sucedido. No puede lograrse ninguna modernización de la Justicia sin contar con los procuradores", afirma Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores.

Así, en la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y operadores jurídicos para intercambiar documentos judiciales Lexnet, este colectivo y sus colegios profesionales son los mayores socios, accionistas y consumidores.

De esta forma, Estévez se desmarca de las declaraciones a los medios de comunicación realizadas por el Colegio de Ceuta en las que transmitía que los procuradores se encuentra en guerra con Justicia.

"En Ceuta son 11 procuradores y el Consejo representa a 10.500 y es el órgano encargado de desarrollar la política de la profesión", afirma.

No obstante, el Consejo General mantiene sus reivindicaciones sobre las competencias que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil les otorgaba en los primeros borradores del anteproyecto, pero que finalmente han quedado fuera de la reforma parcial realizada por el Ministerio de Justicia en el maratón legislativo protagonizado por el ministro Catalá y su equipo.

Estévez comenta a este respecto, que "apoyamos el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, en tramitación en el Senado, si bien entendemos que esta ley se ha quedado un poco corta en cuanto a las perspectivas legales que los primeros textos ofrecían sobre competencias de nuestra profesión, pero es un paso adelante y muy importante en la agilización de la Justicia".