El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido hoy lunes la constitución de
la comisión "Justicia digital: papel cero", destinada a
abordar la iniciativa prevista en el Plan 2015 para la
aceleración de la Justicia en entornos digitales.
Este
Plan, tiene como objetivo, según el Gobierno, fortalecer la Justicia como
servicio público de calidad, ágil y adaptado a la sociedad del siglo XXI,
contando con la tecnología y la innovación como herramientas fundamentales para
conseguir ese propósito de construir una Justicia digital, abierta e
innovadora. Por ello pretende que a partir del uno de enero de 2016, las
comunicaciones entre los operadores jurídicos y administración de Justicia se
realicen de manera electrónica.
Durante
esta reunión, en la que han participado el Consejo General del Poder Judicial,
Fiscalía General del Estado, Ministerios del Interior y de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Federación Española de Municipios y Provincias, Consejo
General de la Abogacía, Consejo General de Procuradores de España, Consejo
General de Graduados Sociales, secretarios judiciales y comunidades autónomas
representadas en el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración
Judicial Electrónica), el ministro les ha invitado a implicarse en este
objetivo común que --ha dicho-- "afecta a todos y que viene demandado por
los cambios legales del Gobierno y por la propia sociedad del siglo XXI".
Catalá
ha mostrado la absoluta disposición del Ministerio para colaborar con los
diversos actores de la comisión, ofreciéndoles el apoyo necesario e
invitándoles a debatir para el cumplimiento de este objetivo común, así como
para definir una metodología de trabajo y determinar los interlocutores de cada
una de las partes implicadas.
Uso "intensivo" de las nuevas tecnologías
Uno
de los ejes de este Plan consiste en avanzar hacia una Justicia sin papel,
mediante la utilización "intensiva" de las nuevas tecnologías, no
solo para la entrada y salida de documentos, sino también para la tramitación
procesal, almacenamiento e intercambio de información y otras cuestiones de
apoyo procesal.
Con
vistas a este fin, desde el Ministerio de Justicia se ha lanzado una serie de
medidas de tipo jurídico, como la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y un nuevo Decreto de Comunicaciones Telemáticas que conceda
respaldo jurídico en el procedimiento judicial.
En el
aspecto tecnológico el Ministerio de Justicia ha avanzado en la adaptación de
LexNet en el orden penal, así como en las infraestructuras de comunicaciones y
almacenamiento, lanzando un plan de adquisición e instalación de puestos de
trabajo. En lo referente a las medidas organizativas destaca el plan de
formación a los funcionarios de Justicia, así como la revisión de impactos en
los procesos de trabajo.
El
Ministerio de Justicia ha tratado de involucrar a nivel político y técnico,
tanto a las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial o el
CTEAJE, como al resto de colectivos e instituciones implicadas, a través de
reuniones bilaterales
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