Aunque los acreedores intentan que se califiquen
como culpables los procesos de quiebra para recuperar el máximo posible de los
cobros pendientes, los jueces suelen decantarse a favor de los directivos.
RESPONSABILIDAD A la hora de buscar
culpables por la situación de insolvencia, siempre se apunta al administrador
de la compañía. Aunque hay muchos casos en los que los jueces condenan a los
gestores a cubrir las deudas que no se alcancen a pagar con la liquidación de
una empresa, como fue el caso de grupo Marsans, son muchos más donde la
Justicia considera que la situación fue fortuita, como ha ocurrido
recientemente con el proceso de Fagor.
La actividad concursal en España ya muestra signos de
que se está produciendo un cambio de tendencia. Aunque el número de procesos de
insolvencia registrados este año ha descendido, eso no quiere decir que se
hayan descongestionado los juzgados, ya que los acreedores siguen intentando
recuperar el máximo posible de las deudas contraídas con quienes terminan en
liquidación.
En un intento por asumir unas pérdidas menores, es
bastante habitual que los acreedores soliciten al juez que califique el
concurso como culpable, de forma que los administradores que llevaron a la
empresa a la situación de insolvencia se vean obligados a cubrir con su
patrimonio personal las deudas que queden por pagar tras liquidar los activos
de la compañía.
Sin embargo, y a falta de cifras oficiales, los
expertos calculan que más de un 80% de las decisiones judiciales terminan
calificando el proceso de fortuito, es decir, liberando a los administradores
de toda responsabilidad, por lo que son los acreedores quienes tienen que
asumir las pérdidas por aquellas facturas o créditos que no van a cobrar.
De esta forma, los jueces van poniendo poco a poco
orden en la normativa concursal, que ya lleva varias reformas a sus espaldas.
Aun así, no ha sido fácil, ya que los tribunales tampoco se ponían de acuerdo
en la interpretación de la norma, sobre todo en lo que a la responsabilidad de
los administradores se refiere.
En un primer momento, mientras los jueces de Madrid
se inclinaban por una sanción más objetiva y amplia de la responsabilidad de
los socios o administradores, los de Barcelona ligaban el alcance sólo a las
decisiones que tenían un impacto directo de culpabilidad. Finalmente, actuó de
árbitro el Tribunal Supremo, que se decantó por la jurisprudencia catalana. En
una reforma posterior, la ley adaptó esta decisión, aclarando que los administradores
responden con su patrimonio en la medida que hayan generado o agravado la
situación de insolvencia, limitando así el alcance de las sanciones.
Normativa.
Por ejemplo, si un concurso es declarado culpable, el
administrador no tiene que cubrir todo el agujero patrimonial, sino sólo
aquella parte que se deba a una actuación incorrecta o no conforme a la ley.
Éste es uno de los motivos por los que los jueces se decantan con más
frecuencia a favor de los concurso fortuitos. Para que un acreedor consiga que
se declare culpable la gestión del administrador, «es necesario demostrar y
acreditar el daño», además de calcular el impacto que esa acción concreta ha
tenido en la situación de insolvencia.
Hay otros factores que explican el hecho de que la
mayor parte de los concursos se califiquen como fortuitos. La normativa vigente
estipula que si el informe de la administración concursal y el dictamen del
Ministerio Fiscal coinciden a la hora de señalar que el proceso es fortuito y
no cabe exigir responsabilidades a los gerentes, el juez está obligado, por
ley, a archivar las actuaciones. Además, contra esta decisión no se puede
recurrir.
Entre otras cosas, lo que pretende esta medida es
agilizar los procesos, sobre todo, teniendo en cuenta que, en España, más del
90% de las compañías que se declaran en concurso de acreedores acaba finalmente
en liquidación, que es cuando se abre la fase de calificación.
la normativa concursal «limita la responsabilidad
patrimonial», de forma que un administrador no tenga que hacer frente a las
deudas de la compañía con sus recursos personales por el mero hecho de tomar
una decisión empresarial que no ha logrado los resultados previstos o ha salido
mal. Sin embargo, sí castiga al gestor que haya actuado de mala fe o de forma
contraria a la ley.
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