La nueva actualización del catastro conllevará, según los
expertos, subidas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2.100 municipios,
es decir, más del 25% de los 8.118 en los que actualmente se organiza España.
El IBI se ha convertido en la columna vertebral de la
financiación local. Más aún desde el inicio de la crisis cuando,
incomprensiblemente y al tiempo que el precio del suelo bajaba, su peso siguió
incrementándose, hasta suponer ya en el año 2012 casi el 50% de los ingresos de
los consistorios. Y el año 2015 no será una excepción.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio el visto bueno
hace dos meses -al tiempo que aprobaba los Presupuestos Generales del año que viene-
a la lista de municipios "a los que resultarán de aplicación los
coeficientes de actualización de los valores catastrales". En cristiano,
se trata de un inventario de más de 2.500 municipios de toda España que serán
objeto de un nuevo examen estatal.
La repercusión, según Fernando Muñoz, director de Fiscal de BDO
Abogados y Asesores Tributarios, es sencilla: "Implicará un incremento
catastral (y, por ende, del IBI) en aquellos municipios cuya última ponencia de
valores haya entrado en vigor con anterioridad a 2006". Es decir, la
situación se cumple para 2.100 de los 2.500 municipios.
El análisis es compartido por José María Mollinedo, secretario
general de Gestha, el sindicato más representativo del Cuerpo Técnico de
Hacienda, quien recuerda que "hay municipios que llevan sin actualizarse
más de diez años,". Este es el caso de Carral, Melide (A Coruña), Muleda
(Albacete), Solosancho (Ávila), Pegalajar (Jaén), por señalar algunos de entre
más de un centenar.
Hacienda se desmarca
El Ministerio de Hacienda se desmarca del efecto de esta cifras
y calcula que el nuevo examen, lejos de suponer subidas, representará de media
un descenso del 1,5% en el IBI.
En este sentido, fuentes del departamento que dirige Cristóbal
Montoro quitan importancia a los exámenes que resulten al alza y recuerdan que
"para los municipios con valores ya revisados entre 2006 y 2009 tendrá un
efecto a la baja". En todo caso, insisten en que "la actualización de
los valores catastrales no se ajusta de oficio por el Estado, sino que se aplica
a los municipios que voluntariamente lo hayan solicitado".
Otra de las cuestiones sería analizar qué hay detrás de esta
petición por parte de los Ayuntamientos. En este sentido, muchos consistorios
reconocen abiertamente que el IBI es prácticamente la única manera que tienen
de demostrar al Estado un plan de viabilidad, un esquema que debe recibir el
visto bueno de Hacienda si los Ayuntamientos quieren entrar en mecanismos de
financiación como el plan de proveedores. Un plan, por otro lado, imprescindible
para algunos consistorios, más en año electoral.
Para Luis Corral, consejero delegado de la consultora
inmobiliaria Foro Consultores, "este tributo ha dejado de respetar su
origen: ya no grava fielmente el enriquecimiento del patrimonio y si no, ¿cómo es
que ha bajado durante todo este tiempo cuando el precio del suelo y de los
pisos ha descendido en un 50%?".
Lo cierto es que en el año 2007, cuando la crisis no había
mostrado aún su cara más amarga, los Ayuntamientos recaudaron vía impuestos
23.976.185 euros, de los que 8.048.396 euros correspondieron al IBI, es decir,
un 33,56% del total del pastel tributario. El porcentaje subió
año a año hasta 2012, según los últimos datos facilitados por Hacienda, hasta
que el gravamen por la propiedad inmobiliara supuso un 46,83%.
Muchas diferencias
Además, la presión fiscal difiere, y mucho, dependiendo de la
parte de España donde el contribuyente tenga ubicada su propiedad. Según el
ranking que elabora la agencia tributaria de Madrid, esta desigualdad puede
llegar al 85 por ciento si comparamos, por ejemplo, el IBI de Pamplona, la
ciudad con el tributo más barato, y Lérida, la provincia que lo cobra más caro.
La agencia, en este punto, también señala como parte relevante
de análisis: el esfuerzo fiscal relativo, es decir, el porcentaje de impuestos
que cada Ayuntamiento cobra con respecto al máximo que la Ley -el Estado-
permite cobrar. Así, por ejemplo, si la actual horquilla para inmuebles urbanos
es de entre 0,4 y 1%, Bilbao exigiría respeto al máximo un 22,85 por ciento,
Segovia un 78,75 y Almería llegaría al 100.
Por su parte, las organizaciones de consumidores siguen de cerca
el proceso. David Hurtado, responsable de prensa de la Confederación de
Consumidores y Usuarios (Cecu) subraya "su rechazo frontal a una iniciativa
que tiene como única finalidad el afán recaudatorio, incrementando de forma
indiscriminada un IBI que ya ha sido aumentado considerablemente por muchos
Ayuntamientos en los últimos años".
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