Texto recogido para nuestros lectores en el país.
El Parlamento Europeo aprueba
una reducción del precio de hasta el 70% en el caso de España
La Unión Europea vuelve a poner coto a los costes de los
servicios de telecomunicaciones. Tras poner fin al roaming, el Parlamento
Europeo ha aprobado este miércoles la directiva que fija que a partir del 15 de
mayo de 2019 ningún operador podrá cobrar a sus clientes más de 19 céntimos por
minuto en las llamadas intracomunitarias ni más de seis céntimos por mensaje de
texto. En el caso de España, eso supone una rebaja media del 70% respecto a las
tarifas que ahora aplican las compañías de telefonía. La medida está dentro del
Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que revisa y refunda las
cuatro directivas que regulan el sector en la UE para, entre otras cosas,
preparar el terreno a las inversiones que requieren las infraestructuras que ha
de desarrollar la industria, que la Comisión Europea estima que ascienden a
entre 500.000 y 600.000 millones de euros.
Panorámica del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
Panorámica del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
Con la abolición del roaming en 2017, los consumidores
europeos dejaron de pagar los gastos extra que les imponían sus compañías por
itinerancia dentro de la UE. Sin embargo, las compañías siguen aplicando
tarifas muy elevadas por hacer llamadas internacionales desde su país. Por
ejemplo, una llamada desde un móvil con una SIM española a otro con una SIM
belga desde España puede costar unos 60 céntimos por minuto. Al revés, 1,5
euros.
La UE ha decidido poner un techo a ese precio: a partir de
mayo de 2019, solo podrán cobrar un máximo de 19 céntimos por minuto. La medida
suscitó quejas de grandes operadores, que alegaban que la existencia de
aplicaciones como Whatsapp habían introducido suficiente competencia en el
sector. La Comisión Europea, de hecho, no incorporó ese precepto en su
propuesta. Sin embargo, el Parlamento Europeo sí lo hizo y consiguió el acuerdo
con el resto de instituciones comunitarias. El código ha sido aprobado por 590
votos a favor, 63 en contra y 23 abstenciones.
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La eurodiputada del Partido Popular y ponente del código,
Pilar del Castillo, ha explicado que de las medidas de las que podrá
beneficiarse el consumidor es el llamado “112 reverso”. “En caso de catástrofes
o incidentes graves como un atentado, el ciudadano debe ser localizado por los
servicios del 112 para saber si se halla bien y darle toda la información
necesaria para poder salir de la situación en la que está”, ha afirmado.
La organización europea de consumidores BEUC ha aplaudido
esas medidas aprobadas por el Parlamento Europeo tras culminar las
negociaciones preceptivas con el Consejo y la Comisión. “Estamos muy contentos con
esta nueva regulación. Gracias a esta medida, a partir de mayo de 2019 los
consumidores podrán pagar menos en la mayoría de los casos cuando llamen de su
país a otro”, ha asegurado la organización.
Según un estudio de BEUC, en el caso de España, hasta ahora,
el establecimiento de llamada costaba entre 18 y 60 céntimos y luego se
abonaban entre 36 y 79 céntimos por minuto. En algunos casos, los precios
llegaban a los 1,5 euros (Bélgica) e incluso a los 1,99 euros (Alemania).
Desarrollo de nuevas infraestructuras
El código, sin embargo, va más allá de esta medida. Del
Castillo recuerda que se trata de la primera revisión de la normativa europea
desde 2009. “Desde entonces, el sector ha cambiado drásticamente. Todos los
sectores económicos, desde la salud a la banca, necesitan redes de más
capacidad y velocidad. Y afrontamos el desafío del 5G”, ha apuntado la
diputada. El marco institucional, según Del Castillo, trata de crear un
“entorno de predictibilidad” para que las compañías puedan afrontar esas
inversiones de hasta 600.000 millones de euros que deberán realizar entre seis
y ocho años. El 90% de ese desembolso, según la Comisión, procederá de fondos
privados. El resto podrá ser financiado con dinero público, incluyendo fondos
estructurales.
Entre otros cambios, se introduce el modelo de coinversión,
que ha generado un gran debate. La normativa trata de que los reguladores
nacionales no apliquen al operador dominante las obligaciones de acceso a las
que estaba sujeto en las redes de muy alta capacidad en las que hayan invertido
junto a otros operadores. Esa excepción está sujeta a que los inversores que
desarrollen esa red compitan entre sí de forma transparente y permitan el
acceso a otros operadores que hagan un desembolso en esa infraestructura.
Otro aspecto que regula el código es la gestión del espacio
radioeléctrico. Del Castillo ha sostenido que, al tratarse de un bien nacional,
los países miembros habían sido siempre “muy reticentes” a abordar una mayor
coordinación en ese ámbito. “En otras ocasiones, de hecho, no fue posible
hacerlo. Pero la perspectiva del 5G ha permitido cambiar esa disposición”, ha
afirmado. Entre otras cuestiones, el código fija que las licencias de uso del
espectro en toda la UE tendrán una vigencia
mínima de 20 años y que las condiciones de esos contratos solo se podrán
modificar con procedimientos preestablecidos, transparentes y asegurando
compensaciones. Además, todos los Estados deberán haber liberado y permitido el
uso de las bandas 5G antes de 2020.
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