El Gobierno
reformulará la Ley Hipotecaria para evitar en el futuro la alta conflictividad
desatada en este tipo de préstamos por culpa de condiciones contractuales
declaradas nulas, por opacas, en los tribunales, siendo su máximo exponente las
cláusulas suelo. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de
Guindos, desveló ayer que el núcleo de la reforma será "incrementar de
manera notable la transparencia" para prevenir dudas o confusiones y que
el cliente sepa perfectamente qué contrata.
"Lo que
vamos a hacer es incrementar la transparencia para que el consumidor, para que
el deudor hipotecario, tenga conocimiento tanto formal, como de fondo, de lo
que contiene el contrato", explicó a preguntas de los medios de
comunicación antes de intervenir en el foro anual del Spain Investors Day.
Los cambios
se introducirán con motivo de la transposición de una directiva europea,
poniendo el acento tanto en el proceso previo a la firma de la hipoteca como en
el contrato mismo, y atajará una situación singular. Quizá la más evidente se
da en las cláusulas suelo donde el Tribunal Supremo, posteriormente avalado por
la corte de Luxemburgo, ha reconocido que son condiciones legales, incluso
adecuadamente recogidas y redactadas en los contratos que ha ido anulando.
Pero lo que
ha determinado sus resoluciones contrarias en varios bancos es que fallaron en
la comercialización y el cliente desconocía a qué se arriesgaba si el euríbor,
como posteriormente ocurrió, caía a plomo; es decir, que son cláusulas abusivas
por nada claras u opacas.
Los topes
hipotecarios, sin embargo, no son el único criterio que tumban los jueces. Una
sentencia reciente de un tribunal de Barcelona bendice, por ejemplo, la
cancelación de la hipoteca con la simple entrega de la vivienda, con un
argumento parecido: que la exigencia de responsabilidad personal o la
obligación de devolver el resto de la deuda no cubierto con la dación en pago
es nula, al no haberse negociado con el cliente, sino que venía impuesta por el
banco en el contrato.
El índice
hipotecario IRPH o los gastos notariales y registrales son, por distintas
razones, otros requisitos o criterios hipotecarios que inundan los juzgados,
como en su día lo fueron los intereses de demora o el redondeo del tipo de
interés.
Guindos
desveló que informará de esta reforma en el próximo Consejo de Ministros, al
que prevé llevar y previsiblemente aprobar el nuevo mecanismo de arbitraje para
que los bancos devuelvan el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo
consideradas abusivas.
Negociación obligatoria
La banca
dispondrá de un máximo de tres meses para analizar la queja planteada por el
cliente sobre topes al euríbor y ofrecerle una solución, conforme al Real Decreto
Ley que regulará el sistema. El mecanismo será voluntario y gratuito para el
ciudadano, al que no se le exigirá que haya llevado su caso previamente a los
tribunales ni que su contrato haya sido declarado nulo.
Si decide
reclamar, la entidad estará obligada abrir el procedimiento y buscar una
solución negociada, con independencia de que el cliente opte después por ir a
los tribunales en caso de disconformidad con la propuesta de pago ofrecida.
Fuentes al corriente del proceso, indicaron que las nuevas reglas exigirán a la
entidad seguir el procedimiento y protocolo, incluso aunque considere que sus
topes hipotecarios son claros y legales.
Es esperable,
en cambio, que la entidad encuentre incentivos en satisfacer la reclamación si
siente que perderá el litigio para ahorrarse costes y el quebradero de cabeza
que acarrea el proceso judicial. "Se establece un cauce, un camino
alternativo al judicial, para que los consumidores puedan cobrar lo antes
posible, lo que en su caso haya sido un cobro indebido por consecuencia de una
cláusula suelo declarada inválida", explicó el ministro.
Según
cálculos oficiales, existen 1,5 millones de hipotecas topadas y la banca se
enfrenta a devoluciones por hasta 4.000 millones de euros en un escenario de
máximos.
Durante su
intervención, Guindos reconoció también que el escenario base con que trabaja
el Frob en la privatización de BMN es su fusión con Bankia, porque debe
maximizar la recuperación de ayudas y las sinergias de esta operación elevan su
valor, con independencia de que otra entidad pueda adquirirla si mejora dicha
valoración.
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