La nueva norma contable que entrará en vigor en enero de
2019, cambia la forma de contabilizar los arrendamientos, tanto inmobiliarios
como de otros activos.
Este año se aprobó una nueva norma contable que va a suponer
un impacto contable para las compañías de todo el mundo cuando entre en vigor
en enero de 2019. Este impacto se deriva de un cambio en la forma de
contabilizar los arrendamientos, tanto inmobiliarios como de otros activos.
Actualmente, las empresas computan esas rentas en la partida
de gastos de su cuenta de pérdidas y ganancias por ejemplo mes a mes, como si
se tratase del abono del alquiler de un piso. Con el nuevo estándar, las
compañías cotizadas deberán incluir todo el coste futuro de sus contratos de
alquiler en su balance, como un activo y un pasivo, lo que les supondrá un
aumento del nivel de deuda.
Según el IASB, la nueva normativa de reporte de información
financiera tendrá un impacto al alza en el endeudamiento conjunto de las
compañías de todo el mundo de unos 3 billones de dólares (2,7 billones de
euros). La norma afectará inicialmente a las empresas en Bolsa y las que no
cotizan pero operan en el extranjero. Si el regulador español adaptase la norma
nacional, también sería de aplicación al resto de sociedades mercantiles.
Ahora bien, unos sectores se verán más afectados que otros
por su mayor recurso al alquiler. Empresas de distribución como Inditex y Dia
tendrán que computar como deuda el alquiler de locales comerciales y almacenes.
Los bancos harán lo mismo con sus sucursales y sedes en ese régimen, las
aerolíneas (IAG y Air Europa) con las flotas de aviones en «leasing» y las
cadenas hoteleras (Meliá) con los hoteles de terceros. Otros sectores afectados
son el de las telecomunicaciones (Telefónica), por sus redes y torres, y el
energético (Iberdrola), por los terrenos donde se instalan los parques eólicos.
Muchas compañías usan el alquiler de esos activos como una
fórmula indirecta de financiación de los mismos. De ahí que la norma de
información considere que se deben computar como un pasivo. Uno de los
objetivos es asegurar la comparabilidad entre empresas con más y menos
arrendamientos.
Las empresas deben identificar los activos que usan en
alquiler y la duración de los contratos y determinar las cuotas que tendrá que
abonar a su arrendador en el futuro. Esa cuantía la anotarán en el activo como
un derecho de uso, y en el pasivo como deuda.
El regulador solo ha excluido de ese cómputo los alquileres
por un plazo de duración inferior a un año y la de aquellos bienes de poco
valor, como ordenadores y equipamiento de oficina. A esta salvedad, por
ejemplo, no se podrán acoger las flotas de vehículos arrendadas por «renting» o
«leasing».
Al dejar de computar los arrendamientos como un gasto, las
cuentas experimentarán una mejora de costes y por tanto de resultados. Ahora
bien, el incremento de deuda es más perjudicial. Hasta el punto de que, según
los expertos contables, esos mayor niveles de deuda pueden afectar a la
capacidad de las sociedades para repartir dividendo entre sus accionistas.
Diario La Ley, Nº 8783, 15 de Junio de 2016.
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