Los procedimientos penales incoados se
redujeron un 5 por ciento en 2015, según informó ayer la fiscal General del
Estado, Consuelo Madrigal. Una cifra que, en todo caso, no se atrevió a
atribuir -de momento- a la supresión de las faltas y la introducción de los
delitos leves, y el cese de la remisión de los atestados sin autor.
En su
presentación de la Memoria anual sobre la actividad del Ministerio Fiscal en el
Congreso, Madrigal destacó el aumento de la actividad de la Fiscalía en el
ámbito civil y en la protección de menores, si bien los procesos penales siguen
acaparando el 70 por ciento de sus actuaciones. Así, el año pasado el
Ministerio Público asistió a casi 75.000 señalamientos en el ámbito civil y a 36.000
de asuntos relativos a menores.
En
relación con las sentencias condenatorias dictadas a lo largo de 2015, los
delitos contra la seguridad vial acapararon la mayoría -más de 83.000-,
seguidos de los delitos contra el patrimonio y los de violencia de género o
violencia doméstica -ver gráfico-. El número de escritos de acusación
presentados fue de 275.898.
"Duración intolerable"
La
Fiscal General denunció la "duración intolerable" que detecta en el
procedimiento abreviado. En ese sentido, el tiempo medio desde la incoación de
las diligencias previas hasta la calificación de la Fiscalía fue de 393 días.
Entre la calificación y el primer señalamiento ante el órgano de enjuiciamiento
transcurren, de promedio, 484 días.
"Es
lo más preocupante" de la Memoria, según Madrigal, quien observó que estos
datos ponen de relieve al mayor eficacia de las diligencias urgentes -con 42
días de media entre la calificación y el primer señalamiento- y la necesidad de
abordar una reforma global del proceso penal.
La
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), afirmó, si bien acorta
la instrucción, "no va a evitar el cuello de botella en los órganos de
enjuiciamiento una vez esté calificado el procedimiento", apuntó también
la fiscal General. Precisamente, este martes se reúne el Consejo Fiscal para
analizar el plazo -que finaliza el 6 de junio- que dispone el Ministerio
Público para clasificar entre complejas y no complejas las causas en
tramitación.
En
relación con el régimen de la institución que dirige, Madrigal exigió una
estructura orgánica y reglamentaria que garantice "mayor autonomía e
imparcialidad", y dote a los fiscales de mayor independencia. "Es
inadmisible un Ministerio Fiscal teledirigido por el Gobierno o al servicio de
cualquier ideología", aseveró.
Asimismo,
la fiscal General reclamó mantener a la institución lejos de la contienda
política y alertó, en relación con la corrupción, el riesgo de que ésta se
"privatice", por la externalización de los servicios públicos.
En
2015 el número de procedimientos en los que intervino la Fiscalía
Anticorrupción fue de 371, promoviendo a su vez 22 sentencias, frente a los 340
procedimientos y las 19 sentencias impulsadas el año anterior.
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