El
mercado inmobiliario, la disponibilidad de crédito, la morosidad o la creación
de nuevos negocios por parte de los emprendedores pueden verse afectados por el
buen o mal hacer de los órganos judiciales.
El
funcionamiento de la Justicia es una cuestión clave a tener en cuenta en
cualquier análisis económico que se precie. La eficacia del sistema judicial es
uno de los principales factores que valoran los inversores cuando deciden
desembarcar en una nueva jurisdicción. Además de una legislación clara y bien
diseñada, la aplicación de la misma en un plazo razonable en caso de conflicto
puede ser determinante para el éxito de las operaciones económicas.
El impacto de la inversión en tecnología
Un
estudio, publicado por el Banco de España a finales de 2013 en el que se
analizaba el funcionamiento del sistema judicial en diferentes países de la
OCDE, señalaba que los países que dedican una mayor proporción de sus
presupuestos a las nuevas tecnologías disfrutan de procedimientos judiciales
más cortos. Concretamente, sostenía que un mayor presupuesto dedicado a la
informatización de los tribunales se relaciona con una mayor productividad de
los jueces, medido por el número de asuntos resueltos por cada uno de ellos.
Precisamente, España está asumiendo actualmente el reto de emplear medios
telemáticos para la presentación de escritos en los juzgados y el uso del
expediente judicial electrónico.
Por
ello, cuando se estudian los datos de Justicia y se analiza su eficacia, no se
debe perder de vista la enorme repercusión que todo ello puede conllevar
también para el crecimiento económico.
En
este sentido, el Banco de España ha elaborado diversos informes en los últimos
años en los que analiza detalladamente los datos judiciales poniéndolos en
relación con la realidad económica. Como resultado, se ponen de manifiesto toda
una serie de evidencias que muestran, en definitiva, que invertir en Justicia
repercute finalmente en la buena evolución de la economía y los mercados.
Un
sistema judicial eficaz tiene efectos positivos sobre la economía y la
competitividad, tal y como recordó el autor de buena parte de estos informes,
el abogado y economista Juan S. Mora-Sanguinetti, en una reciente sesión de la
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide).
Según
explicó este experto, perteneciente a la dirección general del servicio de
estudios del Banco de España, existe un efecto directo de la actividad de la
Justicia en la economía que se pone claramente de manifiesto en cuestiones como
la dimensión y crecimiento de las empresas, la salud del mercado inmobiliario o
el tamaño del crédito. Y es que el eficiente funcionamiento de un mercado lo
determina tanto la libertad de contratación entre agentes, como los mecanismos
de control que garantizan su cumplimiento.
Oferta y demanda
Actualmente,
los datos muestran que la eficacia del sistema está estancada y existe un
amplio margen de mejora. Pero, a la hora de analizar la situación y valorar
posibles soluciones, no sólo hay que poner el foco en los recursos con los que
cuenta la Administración de Justicia (la oferta), sino también en la demanda de
servicios judiciales por parte de la ciudadanía y las empresas.
En
este sentido, parece claro que el sistema judicial podría mejorar con un mayor
impulso presupuestario y una mejor distribución y organización de los recursos,
pero también lo haría con una mayor racionalización del uso de la Justicia por
parte de los ciudadanos, teniendo en cuenta las elevadísimas tasas de
litigiosidad que presenta España en comparación con otros países de nuestro
entorno. Los datos no dejan lugar a dudas: en el último informe de la OCDE al
respecto (de 2014), España aparecía como el tercer país de Europa con más
pleitos, sólo por detrás de República Checa y Rusia.
La
elevada litigiosidad tiene un efecto directo en la duración de los
procedimientos, y la lentitud o rapidez con la que actúan los órganos
judiciales es considerada por los diferentes organismos internacionales como la
métrica más adecuada para evaluar la eficacia del sistema.
Además,
no hay que perder de vista que unos procedimientos más largos son también más
costosos, lo cual puede significar dejar fuera del sistema a las personas con
menos recursos.
Mercado inmobiliario
En
cuanto a ámbitos concretos en los que se observa el efecto directo del
funcionamiento de la Justicia en la economía, el informe más reciente del Banco
de España sobre esta cuestión, publicado el pasado mes de enero bajo el título
Evidencia reciente sobre los efectos económicos del funcionamiento de la Justicia
en España, mostraba algunos ejemplos.
Una
de las conclusiones que se extrae de este estudio es que el funcionamiento de
la Justicia también puede tener efectos específicos en el mercado inmobiliario
y, concretamente, en relación con el peso relativo del mercado de alquiler
frente al de la propiedad de vivienda.
En
este sentido, el autor del informe, Mora-Sanguinetti, apunta que la relevancia
de cada tipo de tenencia puede tener efectos macroeconómicos, por ejemplo, a
través de los incentivos a la movilidad interregional de la población, que
tiende a reducirse si el mercado de alquiler está menos desarrollado. A lo que
añade que "una mayor percepción de inseguridad jurídica por parte del
propietario a la hora de ejecutar una sentencia a su favor en caso de
incumplimiento del contrato por el arrendatario redundará, en general, en una
menor oferta de viviendas en el mercado de alquiler". Por tanto, concluye,
cabe esperar que un aumento de la eficacia judicial en la etapa de ejecución
tenga un impacto positivo en el mercado de alquiler.
Crédito y morosidad
El
mismo informe abordaba también los efectos del funcionamiento de la Justicia en
los mercados de crédito y en la morosidad. En el estudio se destacaba el hecho
de que "una menor eficacia judicial reduce la disponibilidad de crédito en
relación con el PIB local", si bien el impacto concreto depende del tipo
de procedimiento.
En
este sentido, según el Banco de España, sólo la etapa de ejecución del
procedimiento produce efectos relevantes en términos cuantitativos. Así,
"un incremento en la tasa de liquidación de la ejecución aumentaría la
proporción del crédito total respecto del PIB".
En
cuanto a la tasa de morosidad, cuando se analiza a escala local, el estudio
muestra que, durante la crisis iniciada en 2008, las provincias con una mayor
eficacia judicial en la fase de declaración disfrutaron de tasas de morosidad
comparativa más reducidas.
Efectos para la
aparición de nuevos emprendedores
Las
investigaciones del Banco de España también han puesto de relieve que la
Justicia tiene un efecto directo en el número de emprendedores que emerge en un
determinado territorio. Así lo recogía el informe Entrepreneurship and
enforcement institutions: disaggregated evidence for Spain, en el que se
estudiaba el impacto que supone la ineficacia del sistema judicial en la
creación de nuevas empresas y, en general, en los incentivos para emprender.
Según este estudio, en aquellas provincias españolas donde el sistema judicial
funciona mejor, la tasa de entrada de nuevas empresas es más elevada y
viceversa. El documento concluía que por cada punto que aumenta la congestión
en los juzgados ordinarios de la jurisdicción civil, cae un 4% la creación de
nuevos negocios de emprendedores, lo que demuestra que un trabajo más eficiente
en los juzgados favorecería el emprendimiento. Este efecto se produce de forma
muy evidente en el caso de empresarios individuales y no tanto en sociedades
anónimas o de responsabilidad limitada, de mayor tamaño. La actividad económica
de una pequeña empresa (o de un emprendedor) puede verse más afectada que la de
una compañía más grande, en la que ya cuentan con un departamento legal en
plantilla o pueden contratar los servicios de abogados en caso de precisarlo:
solicitar asistencia jurídica es más caro en términos relativos para un
emprendedor.
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