CC.OO. denuncia a Rajoy y Gallardón ante la Fiscalía por la
entrega del Registro Civil a registradores de la propiedad
CC.OO.
ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y contra el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón al entender que la actuación que ambos han tenido por la
decisión de entregar el Registro Civil a los registradores de la Propiedad y
Mercantiles podría ser constitutiva de un delito.
Lo que
el sindicato considera "privatización" de los Registros Civiles fue
aprobado por el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio dentro del Real Decreto 8/2014, de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. La gestión de estos registros
se traspasa a los registradores de la propiedad y mercantiles, "sin que
conste inhibición o abstención previa ni del presidente del Gobierno,
registrador y hermano de registradores ni del ministro de Justicia, a su vez
suegro y cuñado de registradores".
Según
el sindicato, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos
de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado
impone, en su artículo 7, el deber de inhibición y
abstención a los miembros del Gobierno de la Nación, secretarios de Estado y
demás altos cargos.
Por
ello, según CC.OO. del acuerdo del Consejo podría derivarse la comisión de un
presunto delito "por vulneración del deber de abstención o
inhibición", por lo que en el día de hoy ha presentado una
denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
También
han presentado un escrito dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que se
inicien las diligencias de investigación necesarias por si la citada actuación
pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria.
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de movilizaciones
Al
mismo tiempo el sindicato ha convocado contra esta cesión de los registros y
contra la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ),
una concentración este miércoles 10 de septiembre ante el Tribunal Supremo,
coincidiendo con el acto de Apertura del Año Judicial, y una huelga en la
Administración de Justicia de ámbito nacional para el próximo 8 de octubre.
Aducen
que dichas reformas supondrán "la pérdida de miles de puestos de trabajo,
el cierre de juzgados en toda España, y de juzgados o agrupaciones de Paz y la
privatización de procedimientos y actuaciones" que hasta ahora eran
competencia exclusiva de los juzgados y tribunales, que tramitaban y
desempeñaban los funcionarios y funcionarias que prestan servicio en esta
Administración de Justicia, "además de alejar la justicia de la ciudadanía
y dificultar el acceso a la misma"
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