La salida de Gallardón hace que
toda una serie de proyectos queden en el aire, a la espera de que Rafael
Catalá, nuevo responsable de Justicia, los retome o, por el contrario, sean
olvidados para siempre.
UN
SECTOR EN PIE DE GUERRA La aprobación de la Ley de Tasas de Judiciales ha sido la
medida más polémica iniciada por Alberto Ruiz-Gallardón, hasta el punto de que
ha sido el caballo de batalla del sector legal, especialmente del Consejo
General de la Abogacía Española (CGAE) y de los colegios profesionales, que han
convocado varias manifestaciones, en protesta por la aplicación de
estas tasas.
La salida del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, deja en el tintero los proyectos más
ambiciosos de su legislatura. Muchas de las reformas anunciadas a su llegada y
con las que, según aseguraba, pretendía dar un vuelco a la Justicia, definitivamente
ya no verán la luz, y otras quedarán a la espera de lo que decida el nuevo
responsable del ministerio, Rafael Catalá.
- La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es
uno de los grandes proyectos legislativos que el hasta ayer ministro de Justicia
deja en el aire con su partida. Se trataba de una reforma global de calado que
incluía una nueva reorganización judicial desde sus cimientos. A través de esta
ley, se introducían cuestiones como la jurisprudencia vinculante del Tribunal
Supremo, la nueva regulación de los aforados o se declaraba hábil el mes de
agosto. De la mano de esta reforma iba la Ley de Demarcación y Planta, que ya
había sido guardada en el cajón, y que serviría para poner en marcha el nuevo
modelo judicial con los tribunales de instancia y la desaparición de las
audiencias provinciales.
- Otro gran proyecto que queda aparcado es el nuevo Código Procesal Penal, que cedía la instrucción de
las causas al fiscal, bajo la vigilancia de un juez de garantías imparcial, no
implicado en la investigación. Precisamente, a este texto hizo mención el
fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, hace un par de semanas en la
Apertura del Año Judicial, lamentando que el proyecto se hubiera paralizado. El
texto de esta reforma también contemplaba excluir del ejercicio de la acción
popular a los partidos políticos, a los sindicatos y a las personas jurídicas
públicas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas en casos de
terrorismo.
- La legislatura de Gallardón también parecía que
iba a ser la definitiva para sacar el nuevo Código Mercantil adelante,
un proyecto que lleva ya años pendiente en el ministerio y que por fin parecía
haber recibido el impulso definitivo. Pasó el primer visto bueno del Consejo de
Ministros y, actualmente, se encuentra en fase de informe en el Consejo de
Estado. El objetivo de este texto es, entre otras muchas cosas, organizar y
reagrupar la legislación existente en materia mercantil, añadiendo cuestiones
que estaban carentes de regulación. Esta ley plantea, además, garantizar la
unidad de mercado para aumentar la seguridad jurídica.
- La Ley de Jurisdicción Voluntaria,
que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros en agosto, tampoco ha
llegado a aprobarse. Descarga de asuntos a la Administración de Justicia entregando
toda una serie de competencias a otros colectivos del ámbito jurídico, como
notarios o registradores.
- La Ley de Justicia Gratuita,
una de las normas más polémicas del ministro Ruiz-Gallardón, lleva meses en
tramitación y está pendiente de ser aprobada en el Congreso. En ella se amplían
los colectivos beneficiados y se elevan los umbrales de renta para acogerse a
este derecho, pero también se introducen controles para evitar abusos. Por
ejemplo, se establece la presunción de abuso cuando la persona solicite tres
veces al año este derecho.
La abogacía se ha opuesto a esta
reforma por considerar que empeora el texto anterior y "pone en
riesgo" el buen funcionamiento del modelo actual con el servicio que
prestan los 42.500 abogados de oficio.
- La Ley de Servicios y Colegios
Profesionales es una de las cuestiones más peliagudas que
quedan sobre la mesa y a las que deberá enfrentarse el nuevo ministro. Aunque
el proyecto depende del Ministerio de Economía, Justicia desempeña un papel
clave en la defensa de los intereses de las profesiones jurídicas afectadas, en
cuestiones como la colegiación obligatoria o la incompatibilidad entre abogados
y procuradores. El texto pasó su primer visto bueno del Consejo de Ministros en
agosto de 2013.
- Los procuradores, además, tendrán que esperar a
ver en qué queda la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que pasó su primer visto bueno en el Consejo de Ministros en mayo de 2013 y
desde entonces no ha habido novedad. Este texto preveía entregar nuevas
competencias en materia de embargos y ejecuciones a los procuradores, algo
crucial para este colectivo si finalmente se ve afectado por la Ley de
Servicios y Colegios Profesionales.
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