El 81% de las
sentencias que se dictan en España son confirmadas por los órganos superiores
en apelación o suplicación; a este respecto, la mejor cifra se encuentra en la
jurisdicción civil, donde el porcentaje de confirmación asciende al 89,9%.
Ello, apunta, por
un lado, al porcentaje de éxito que cabe esperar cuando se recurre una decisión
judicial, y, por otro, muestra que los tribunales superiores jerárquicamente
avalan la calidad de las sentencias que llegan ante ellos.
Este informe ha
detectado también una mayor productividad de los jueces, pues el 75% de los
juzgados y tribunales españoles cumple con el rendimiento exigible medido por
los módulos judiciales de dedicación que fija el Consejo General del Poder
Judicial, mientras que el número de asuntos pendientes a finales de 2014 se
sitúa en el 29% de asuntos.
En la
presentación del informe, el juez de la Audiencia Nacional Enrique López,
presidente del Observatorio de la Fundación Wolters Kluwer, ha destacado como
positivo que haya aumentado esa productividad de los jueces a pesar de que ha
desaparecido progresivamente la "ayuda de interinos", que ha pasado
de los 1.500 de comienzos de los años 2000 a los 150 actuales.
Por el contrario,
López reconoció que, entre los datos negativos, aparece el que haya aumentado
el tiempo de respuesta de los tribunales.
El problema de la
ejecución de las sentencias
Por su parte, el
ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, elogió el "buen
diagnóstico" que recoge el informe de la Fundación Wolters Kluwer y ha
reconocido que sus conclusiones sobre el año 2014 deberían "mover a la
reflexión" a todos al objeto de mejorar aún más el sistema judicial.
Entre los datos
que ha subrayado del informe ha citado el que haya disminuido las sentencias
dictadas, en un tiempo en el que se ha incrementado la planta y la plantilla
judiciales, al tiempo que aumenta de media la duración de los procesos,
empeorando el cumplimiento de los módulos establecidos para los jueces.
Esto lleva a
plantearse temas como si es acertada la actual distribución de la carga de
trabajo, teniendo en cuenta, además, que las últimas reformas han introducido medidas
como la eliminación de las faltas del CP o de la tramitación de los atestados
sin autor conocido, junto con la mejora de la circunstancias económicas,
favorecen la menor litigiosidad.
Catalá ha
recordado que el 38,6% de las sentencias no llegan a tener fase de ejecución,
lo que plantea el problema de que parezca una "fase b” en la
administración de justicia, lo que sería preocupante.
Consenso sobre las
reformas introducidas en 2015
Finalmente, el
titular de Justicia en funciones ha indicado su satisfacción por el hecho de
que, en su discurso de investidura a la presidencia del Gobierno, el candidato
del PSOE, se haya limitado a plantear una revisión de la limitación de los
plazos de instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el Gobierno
de Mariano Rajoy, así como eliminar la prisión permanente revisable.
"En todo lo
demás, parece que las reformas han contado con apoyo", ha afirmado Catalá,
quien ha destacado el "gran consenso" alcanzado en materia de
Justicia en esta legislatura en la que, con vistas al futuro, su departamento
propone una estrategia nacional de Justicia inclusiva y omnicomprensiva, cada
uno desde su posición, "un paso más allá" de lo que podría ser un
pacto de Estado.
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