jueves, 3 de marzo de 2016

LOS TRIBUNALES SUPERIORES CONFIRMAN LA MAYORÍA DE LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA, PERO LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS SON ESCASOS


El 81% de las sentencias que se dictan en España son confirmadas por los órganos superiores en apelación o suplicación; a este respecto, la mejor cifra se encuentra en la jurisdicción civil, donde el porcentaje de confirmación asciende al 89,9%.
Ello, apunta, por un lado, al porcentaje de éxito que cabe esperar cuando se recurre una decisión judicial, y, por otro, muestra que los tribunales superiores jerárquicamente avalan la calidad de las sentencias que llegan ante ellos.
Este informe ha detectado también una mayor productividad de los jueces, pues el 75% de los juzgados y tribunales españoles cumple con el rendimiento exigible medido por los módulos judiciales de dedicación que fija el Consejo General del Poder Judicial, mientras que el número de asuntos pendientes a finales de 2014 se sitúa en el 29% de asuntos.
En la presentación del informe, el juez de la Audiencia Nacional Enrique López, presidente del Observatorio de la Fundación Wolters Kluwer, ha destacado como positivo que haya aumentado esa productividad de los jueces a pesar de que ha desaparecido progresivamente la "ayuda de interinos", que ha pasado de los 1.500 de comienzos de los años 2000 a los 150 actuales.
Por el contrario, López reconoció que, entre los datos negativos, aparece el que haya aumentado el tiempo de respuesta de los tribunales.
El problema de la ejecución de las sentencias
Por su parte, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, elogió el "buen diagnóstico" que recoge el informe de la Fundación Wolters Kluwer y ha reconocido que sus conclusiones sobre el año 2014 deberían "mover a la reflexión" a todos al objeto de mejorar aún más el sistema judicial.
Entre los datos que ha subrayado del informe ha citado el que haya disminuido las sentencias dictadas, en un tiempo en el que se ha incrementado la planta y la plantilla judiciales,  al tiempo que aumenta de media la duración de los procesos, empeorando el cumplimiento de los módulos establecidos para los jueces.
Esto lleva a plantearse temas como si es acertada la actual distribución de la carga de trabajo, teniendo en cuenta, además, que las últimas reformas han introducido medidas como la eliminación de las faltas del CP o de la tramitación de los atestados sin autor conocido, junto con la mejora de la circunstancias económicas, favorecen la menor litigiosidad.
Catalá ha recordado que el 38,6% de las sentencias no llegan a tener fase de ejecución, lo que plantea el problema de que parezca una "fase b” en la administración de justicia, lo que sería preocupante.
Consenso sobre las reformas introducidas en 2015
Finalmente, el titular de Justicia en funciones ha indicado su satisfacción por el hecho de que, en su discurso de investidura a la presidencia del Gobierno, el candidato del PSOE, se haya limitado a plantear una revisión de la limitación de los plazos de instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, así como eliminar la prisión permanente revisable.
"En todo lo demás, parece que las reformas han contado con apoyo", ha afirmado Catalá, quien ha destacado el "gran consenso" alcanzado en materia de Justicia en esta legislatura en la que, con vistas al futuro, su departamento propone una estrategia nacional de Justicia inclusiva y omnicomprensiva, cada uno desde su posición, "un paso más allá" de lo que podría ser un pacto de Estado.


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