La
comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este jueves seguir
investigando las quejas enviadas por ciudadanos relativas a las cláusulas
abusivas incluidas en los contratos de préstamo hipotecario y por la colocación
irregular de participaciones preferentes. Para ello, los eurodiputados pedirán
a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si España ha vulnerado la
legislación de la UE en estas cuestiones y elaborarán también sus propios
informes.
Cláusulas abusivas
En el
caso de las hipotecas, los parlamentarios sopesan además enviar una
interpelación al Banco Central Europeo y llevar el caso al pleno, según se ha
concluido tras debatir durante dos horas y media un total de 38 quejas en
presencia de siete de los denunciantes.
Entre
los peticionarios se encontraba el portavoz de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH), Carlos Macías, que ha denunciado que desde el principio de
la crisis se han producido más de 400.000 desahucios y que en España hay 3,5
millones de viviendas vacías. Macías ha acusado al Gobierno del PP de
"desprecio" por ignorar la iniciativa legislativa popular sobre dación
en pago y ha dicho que las medidas que ha adoptado son "cortinas de
humo" y "maquillaje" y no cumplen las sentencias del Tribunal de
Justicia de la UE.
La
eurodiputada socialista Soledad Cabezón y el representante de Iniciativa,
Ernest Urtasun, han exigido a la Comisión que aclare si tiene previsto
expedientar a España por incumplir en el caso de las hipotecas la legislación
comunitaria que prohíbe las cláusulas abusivas. Pero el Ejecutivo comunitario
se ha limitado a señalar que está dialogando con las autoridades españolas para
verificar si han aplicado correctamente las sentencias del Tribunal de Justicia
sobre esta cuestión.
Debate sobre las preferentes
Para
presentar las quejas sobre el fraude en la venta de preferentes ha intervenido
el portavoz de la Coordinadora de Plataformas de Estafados por las Preferentes
de Galicia, Xesús Domínguez, que ha explicado que, aunque muchas familias han
recuperado ya sus ahorros, todavía quedan por devolver "a entre 10.000 y
15.000 familias más de 110-150 millones de euros".
El
portavoz de la Comisión ha dicho que Bruselas "es consciente del problema
de las preferentes y la deuda subordinada en España, de su talla y del impacto
social y en la vida de muchos ahorradores y en la confianza en el sistema
financiero". "Es un problema muy grave para los afectados y la
sociedad en general que necesita atención y acción", ha agregado.
El
Ejecutivo comunitario considera que hay "indicaciones masivas" de que
con la venta de preferentes a ahorradores minoristas "se vulneró la ley a
gran escala". Por ello, en el memorándum del rescate bancario se obligó a
España a prohibir la venta de estos productos a clientes minoristas. Además,
"el problema se ha reducido" gracias al arbitraje y a los fallos
judiciales que han dado la razón a los preferentistas.
Para
los casos pendientes, la Comisión asegura que no puede hacer nada e invita a
los afectados "a continuar yendo a los tribunales y al arbitraje y
recuperar sus derechos allí".
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