lunes, 16 de marzo de 2015

LA CRISIS ECONÓMICA, CURA ADELGAZANTE PARA LOS NOTARIOS ESPAÑOLES


La supresión de 339 notarías en todo el territorio nacional es, quizá, el efecto más llamativo del Real Decreto 140/2015 sobre demarcación notarial, que ha entrado en vigor este martes. Aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado, esta normativa dibuja el nuevo mapa de los fedatarios españoles, al redistribuir las 2.842 notarías que se mantienen y al crear una nueva plaza en el distrito de Aranjuez.
La razón del cambio se explicita en el preámbulo del real decreto, y es que “la demarcación vigente”, cuya creación se remonta a 2007, se debe a "una situación económica de carácter marcadamente expansivo”. El legislador achaca la decisión de remodelar la distribución de los notarios a un declive de la demanda de servicios notariales debido a una reducción del número de transacciones, causada a su vez por “una situación de profunda crisis económica”. Una coyuntura que confirman fuentes del Consejo General del Notariado, consultadas por este periódico, al admitir que “la actividad ha caído mucho, sobre todo en las grandes ciudades”.
El 10% de las notarías hasta ahora existentes se eliminan a través de este real decreto. Se trata, en su mayoría, de plazas que no se logró llegar a cubrir con los concursos y las oposiciones. “El Ministerio de Justicia ha considerado que no tiene sentido mantener estas notarías, por razones económicas o porque se encuentran en zonas con escasa población”, alegan desde el Consejo General del Notariado. Las que sí están ocupadas dejarán de funcionar cuando el notario pida su traslado a otra sede, establece el real decreto.
Los fedatarios, en cinco claves
1. Los notarios son profesionales del Derecho y, a la vez, constituyen un cuerpo único nacional de funcionarios, y como tal, dependen jerárquicamente de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. Por esta razón, la facultad de elaborar la demarcación notarial es del Estado.
2. El notariado español se organiza en Colegios notariales. Cada uno de ellos tiene competencia en las provincias y distritos cuyos límites se fijan en la demarcación notarial.
3. Una vez obtenido el título y haya tomado posesión de su notaría, el fedatario tiene carácter de funcionario público y autoridad en el distrito en el que ejerce. Todos los notarios tienen idénticas funciones, derechos y obligaciones.
4. La retribución de los notarios está a cargo de los ciudadanos que solicitan sus servicios y se regula por el Arancel Notarial.
5. El Real Decreto que acaba de entrar en vigor tendrá como efecto, entre otros, una mayor estabilidad de las notarías, pues al disminuir su cantidad, es más probable poder cubrir todas las plazas, según fuentes del Consejo General del Notariado.
Asimismo, “uno de los criterios generales de la nueva demarcación es no suprimir ninguna notaría que sea única en su localidad, para asegurar este servicio público a la sociedad”, recalcan las mismas fuentes consultadas. “La revisión no afectará a la calidad del servicio notarial”, concluyen, pues este “responderá al volumen de actividad socioeconómica y a los ratios de población”.
Las comunidades donde el tijeretazo ha sido más profundo en valor absoluto son Cataluña (donde se suprimen 66 notarías frente a las 480 que se mantienen), Andalucía (pierde 55 oficinas y mantiene 490), Madrid (52 contra 331), y Valencia (43 frente a 339). En todas las demás comunidades, la medida ha afectado a menos de 20 unidades cada una.
Con respecto a las distintas clases de notarías –primera, en poblaciones con más de 75.000 habitantes; segunda, donde hay más de 18.000 residentes; y tercera, para todas las demás– el real decreto suprime, en paridad de condiciones de rentabilidad, la notaría de clase superior con preferencia a la de clase inferior.
De cualquier manera, “se mantienen al máximo las plazas rurales, en todo caso las unipersonales”, reza el preámbulo del real decreto. Por el contrario, las pluripersonales se “amortizan”, pero únicamente las que no son imprescindibles “para la prestación de un adecuado servicio público”.
En las poblaciones con menos de 500 habitantes, donde la notaría supone a menudo la única oficina pública del área, el real decreto prevé que esta pueda ejercer de punto de apoyo al emprendedor, al permitir la creación de empresas y sociedades por vía telemática.


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