martes, 17 de marzo de 2015

"INVESTIGADO" Y "ENCAUSADO" POR IMPUTADO

El proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal prevé limitar la instrucción judicial a 6 y 18 meses, prorrogables indefinidamente, pero sin la posibilidad de que Interior intervenga comunicaciones sin autorización judicial previa.
Este precepto, que figuraba en el anteproyecto de ley aprobado en diciembre, fue criticado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, que consideraron estas escuchas de "difícil encaje constitucional".
De esta forma, los ministerios de Justicia e Interior han eliminado de la reforma la posibilidad de que la fuerzas de seguridad del Estado puedan llevar a cabo escuchas telefónicas sin autorización judicial previa ante delitos graves.
Asimismo, la reforma atenderá la recomendación del Consejo de Estado sobre la conveniencia de cambiar el término imputado por investigado en las primeras fases de la instrucción, que pasará a denominarse encausado según avance el procedimiento.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado en varias ocasiones que el término imputado tiene en la actualidad "un nivel de contaminación semántico muy alto", por lo que se ha mostrado favorable a buscar otra fórmula que sea más acorde con la investigación y "no marque" a la persona.
Otras disposiciones
El texto que Catalá ha presentado hoy para su aprobación definitiva antes de remitirlo a las Cortes mantendrá gran parte de sus principales novedades.
Así, la reforma procesal limitará la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complejos, que podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal.
No obstante, los plazos máximos de la instrucción fijados por el anteproyecto servirán como "referencias" y "compromisos" para finalizar la investigación en esos períodos de tiempo, pero con una flexibilidad que no establecerá topes máximos en la instrucción.
La reforma afectará a la separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito, y regulará por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico.
Asimismo, los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados, sino que tendrán un carácter administrativo.
Del mismo modo, la reforma introducirá la figura del policía encubierto, que podrá investigar en Internet mediante el uso de una identidad falsa y, además, habrá un nuevo procedimiento para una serie de asuntos de tramitación simplificada como los delitos de conducción en estado de embriaguez y pequeños hurtos.
El texto fijará que los tribunales superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal, en lugar de hacerlo el Supremo.
Inspección de trabajo
El Consejo de Ministros ha analizado hoy también un informe sobre el anteproyecto de ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que prevé la creación de una nueva oficina de lucha contra el fraude, que se constituye como el "cerebro" de la programación y la planificación de la actividad inspectora.
Fuentes del Ministerio de Empleo han explicado que la nueva oficina, que entrará en funcionamiento cuando se apruebe la ley, en agosto o septiembre, contará con diversas unidades especializadas que abordarán, por ejemplo, los casos de fraude por formación profesional o la creación de empresas ficticias.
La nueva normativa configura la Inspección de Trabajo como un organismo autónomo, que presidirá la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y en el que tendrán mayor participación las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.
La Inspección de Trabajo configurada como entidad autónoma también buscará un marco de colaboración con unidades policiales y cuerpos de funcionarios para llevar a cabo las inspecciones contra el fraude de manera más certera.
La nueva oficina de lucha contra el fraude servirá de enlace con la plataforma europea contra el trabajo no declarado, en el marco de la UE.
Según datos aportados por Empleo, el pasado año se registraron 102.183 denuncias por fraude, la mayoría de ellas (más de 37.000) por trabajo no declarado a la Seguridad Social y 31.700 por abuso laboral.
Además las inspecciones por el trabajo a tiempo parcial aumentaron el 127 %.
El buzón de lucha contra el fraude, habilitado por el Gobierno, contabilizó desde agosto de 2103, más de 15.200 denuncias que hicieron aflorar hasta 3.000 empleos irregulares.
Se trata, según Empleo, de pasar a un modelo de inspección "perdurable, fuerte y moderno" que propicie la cohesión territorial.
Por ello, el Gobierno ha hablado con las comunidades autónomas para que tengan acomodo en el nuevo modelo y se refuercen los instrumentos de coordinación.
Además de estudiar el anteproyecto de ley, el Gobierno pedirá hoy al Consejo Económico y Social (CES) un dictámen urgente al objeto de que el anteproyecto de Ley se apruebe en Consejo de Ministros en las próximas semanas de manera definitiva.
El Gobierno confía en conseguir el máximo consenso posible en la tramitación parlamentaria.
La norma también refuerza la estructura de la inspección de trabajo con el incremento de medios personales.
De hecho, entre 2012 y 2015 se habrán incorporado 201 nuevos efectivos entre inspectores de trabajo y seguridad social y subinspectores de empleo.
Ochenta más están en proceso de selección y se incorporarán en 2016.
Asimismo, la oferta de empleo público para 2015 incluye una tasa de reposición de hasta el 50 % de los efectivos inspectores.
El Gobierno aprobará igualmente un real decreto de equivalencias que, según ha explicado hoy el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, será un paso importante para favorecer la movilidad entre los profesionales sanitarios en toda España.


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