El
proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal prevé limitar
la instrucción judicial a 6 y 18 meses, prorrogables indefinidamente,
pero sin la posibilidad de que Interior intervenga comunicaciones sin
autorización judicial previa.
Este precepto, que figuraba en el anteproyecto de ley aprobado
en diciembre, fue criticado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y
el Consejo Fiscal, que consideraron estas escuchas de "difícil encaje
constitucional".
De
esta forma, los ministerios de Justicia e Interior han eliminado de la reforma
la posibilidad de que la fuerzas de seguridad del Estado puedan llevar a cabo escuchas
telefónicas sin autorización judicial previa ante delitos
graves.
Asimismo,
la reforma atenderá la recomendación del Consejo de Estado sobre la
conveniencia de cambiar el término imputado por investigado en
las primeras fases de la instrucción, que pasará a denominarse encausado según
avance el procedimiento.
El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado en varias ocasiones que el
término imputado tiene en la actualidad "un nivel de contaminación
semántico muy alto", por lo que se ha mostrado favorable a buscar otra
fórmula que sea más acorde con la investigación y "no
marque" a la persona.
Otras disposiciones
El texto que Catalá ha presentado hoy para su aprobación
definitiva antes de remitirlo a las Cortes mantendrá gran parte de sus
principales novedades.
Así, la reforma procesal limitará la instrucción judicial a un
plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más
complejos, que podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, cuando lo
considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal.
No obstante, los plazos máximos de la instrucción fijados por el
anteproyecto servirán como "referencias" y "compromisos"
para finalizar la investigación en esos períodos de tiempo, pero con una
flexibilidad que no establecerá topes máximos en la instrucción.
La
reforma afectará a la separación de las piezas en los llamados macroprocesos,
de manera que se instruirá una causa por cada delito, y regulará por primera
vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y
telemáticas como los SMS y el correo electrónico.
Asimismo, los atestados policiales sin autor conocido no
supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados, sino que tendrán un
carácter administrativo.
Del
mismo modo, la reforma introducirá la figura del policía
encubierto, que podrá investigar en Internet mediante el uso de una
identidad falsa y, además, habrá un nuevo procedimiento para una serie de
asuntos de tramitación simplificada como los delitos
de conducción en estado de embriaguez y pequeños hurtos.
El texto fijará que los tribunales superiores de Justicia
revisen en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y
que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las
dictadas por este tribunal, en lugar de hacerlo el Supremo.
Inspección de trabajo
El Consejo de Ministros ha analizado hoy también un informe
sobre el anteproyecto de ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que
prevé la creación de una nueva oficina de lucha contra el fraude, que se
constituye como el "cerebro" de la programación y la planificación de
la actividad inspectora.
Fuentes del Ministerio de Empleo han explicado que la nueva
oficina, que entrará en funcionamiento cuando se apruebe la ley, en agosto o
septiembre, contará con diversas unidades especializadas que abordarán, por
ejemplo, los casos de fraude por formación profesional o la creación de
empresas ficticias.
La nueva normativa configura la Inspección de Trabajo como un
organismo autónomo, que presidirá la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y en el
que tendrán mayor participación las comunidades autónomas y los interlocutores
sociales.
La Inspección de Trabajo configurada como entidad autónoma
también buscará un marco de colaboración con unidades policiales y cuerpos de
funcionarios para llevar a cabo las inspecciones contra el fraude de manera más
certera.
La nueva oficina de lucha contra el fraude servirá de enlace con
la plataforma europea contra el trabajo no declarado, en el marco de la UE.
Según datos aportados por Empleo, el pasado año se registraron
102.183 denuncias por fraude, la mayoría de ellas (más de 37.000) por trabajo
no declarado a la Seguridad Social y 31.700 por abuso laboral.
Además las inspecciones por el trabajo a tiempo parcial
aumentaron el 127 %.
El buzón de lucha contra el fraude, habilitado por el Gobierno,
contabilizó desde agosto de 2103, más de 15.200 denuncias que hicieron aflorar
hasta 3.000 empleos irregulares.
Se trata, según Empleo, de pasar a un modelo de inspección
"perdurable, fuerte y moderno" que propicie la cohesión territorial.
Por ello, el Gobierno ha hablado con las comunidades autónomas
para que tengan acomodo en el nuevo modelo y se refuercen los instrumentos de
coordinación.
Además de estudiar el anteproyecto de ley, el Gobierno pedirá
hoy al Consejo Económico y Social (CES) un dictámen urgente al objeto de que el
anteproyecto de Ley se apruebe en Consejo de Ministros en las próximas semanas
de manera definitiva.
El Gobierno confía en conseguir el máximo consenso posible en la
tramitación parlamentaria.
La norma también refuerza la estructura de la inspección de
trabajo con el incremento de medios personales.
De hecho, entre 2012 y 2015 se habrán incorporado 201 nuevos
efectivos entre inspectores de trabajo y seguridad social y subinspectores de
empleo.
Ochenta más están en proceso de selección y se incorporarán en
2016.
Asimismo, la oferta de empleo público para 2015 incluye una tasa
de reposición de hasta el 50 % de los efectivos inspectores.
El Gobierno aprobará igualmente un real decreto de equivalencias
que, según ha explicado hoy el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, será un
paso importante para favorecer la movilidad entre los profesionales sanitarios
en toda España.
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