El Ministerio de
Economía ultima nuevos cambios en el real decreto de medidas urgentes en materia
concursal con el fin de asegurar una verdadera ley de ‘segunda oportunidad’ para los trabajadores autónomos. Los
empleados por cuenta propia han sido las víctimas propiciatorias de la crisis y
la Ley de Emprendedores se ha quedado corta en su pretensión de salvar de la
quiebra a muchos de estos empresarios individuales. En la actualidad, uno de
cada cinco ocupados en España se rige por sus propias condiciones de trabajo.
El Gobierno ha ido
adaptando de manera paulatina en los últimos años la normativa concursal en
nuestro país con la clara y manifiesta intención de favorecer el mantenimiento
de la actividad económica ante las peores circunstancias de insolvencia
empresarial. La última vuelta de tuerca legislativa se encuentra ahora en su fase
de convalidación parlamentaria como proyecto de ley y ha facilitado que muchas grandes compañías en proceso de suspensión de pagos puedan
incluso abordar en condiciones ventajosas la renegociación de sus convenios
originales de acreedores.
La flexibilización de
todo el procedimiento concursal, tanto en sus plazos temporales como en la
reducción de los porcentajes de aprobación de los acuerdos, constituye la
piedra angular de una reforma que ahora se quiere extender también a los
autónomos. El objetivo no es otro que establecer un marco específico en materia
concursal para los trabajadores por cuenta propia, sobre todo teniendo en
cuenta que dentro de este colectivo las suspensiones de pagos son mortales de
necesidad y en un 98% de los casos desembocan
en una liquidación irreversible.
Con estos antecedentes
y a la vista de la que se avecina en el panorama político, el grupo parlamentario del PP está ultimando una enmienda al
mencionado decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de
septiembre. El partido en el poder quiere congraciarse de una vez por todas con
el colectivo de autónomos, fomentando medidas que hasta ahora podrían resultar
revolucionarias en el escenario financiero. El Gobierno es consciente de que no sólo se puede vivir del rescate bancario y quiere que las ventajas de salvar a
los prestamistas se trasladen también en beneficio de los deudores.
Para ello es
preceptivo mejorar los fundamentos contenidos en la Ley de Emprendedores y adaptar los niveles
de la responsabilidad limitada de los autónomos para posibilitar que la
insolvencia de un proyecto empresarial no se convierta en una quiebra económica
personal sin punto de retorno. La disposición legal en la que trabajan los
técnicos del Ministerio de Economía otorga carta de naturaleza a lo que en el
mundo anglosajón se denomina elfresh start, que consiste en la condonación
definitiva del pasivo no satisfecho por el prestatario después de un
procedimiento de liquidación.
El modelo de Estados Unidos
La rehabilitación del
autónomo a partir de la exoneración de la deuda pendiente está vinculada a la buena fe en el proceso de reestructuración, lo que
exige un nuevo sistema de calificación crediticia al estilo del que funciona en
Estados Unidos. Dicho mecanismo, llamado credit score,
permite puntuar la calidad financiera de los ciudadanos en función de elementos
positivos y no sólo negativos. En España, por el contrario, todos los registros
de referencia como el RAI o el CIRBE están
constituidos sobre datos de impagos, lo que impide en la práctica cualquier
intento de segunda oportunidad para los autónomos en crisis.
El propio gobernador
del Banco de España, Luis Linde, ha
reconocido en el Congreso de los Diputados la conveniencia de abordar esta
reforma, que ha sido reclamada insistentemente desde hace tiempo por las
principales formaciones de la izquierda política. Es significativo que el
supervisor del sistema financiero ponga el dedo en la llaga de una regulación
que, en teoría, supone la asunción de riesgos adicionales para las
entidades de crédito, si bien tiene por otra parte la ventaja
de atenuar la exclusión social, reducir la economía sumergida y evitar la
desaparición de un tejido empresarial clave para la recuperación económica.
De acuerdo con los
últimos datos de la EPA, correspondientes al tercer trimestre de este año, el número de trabajadores por cuenta propia supera los tres
millones en España. De esta cifra, más de dos millones son
trabajadores independientes sin asalariados a su cargo. Si se eliminan los
empleados del sector público, los resultados son todavía más elocuentes, hasta
el punto de que un 21,1% de los ocupados en el sector privado de la economía lo son por
cuenta propia en cada una de sus modalidades. No es de extrañar que el Gobierno
intente ahora echar el resto sobre este segmento de actividad laboral. Más vale
tarde que nunca.
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