La Comisión de Economía del Congreso ha dado luz
verde este martes a la Proposición no de ley que reforma y actualiza el sistema
de valoración para las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados a las
víctimas en accidentes de circulación, conocido como el baremo.
La propuesta, una iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, ha salido adelante con 33 votos a favor, una abstención (del
representante de UPyD, Álvaro Anchuelo) y ningún voto en contra.
Durante el debate, el representante del Grupo
Popular, Rogelio Araujo, destacó que el baremo vigente, aprobado en 1995, era
ya obsoleto e instó al Gobierno a presentar lo antes posible un proyecto de ley
que recoja, entre otros aspectos, el lucro cesante que sufren las víctimas de
accidentes.
Entre los objetivos de la propuesta, fruto de cinco
años de trabajo de un grupo compuesto por víctimas, aseguradoras, abogados y
representantes de los ministerios de Justicia y Economía, citó actualizar las tablas
de indemnizaciones para agilizar las valoraciones de los daños revisando los
diferentes perjuicios que puede sufrir una víctima.
Otro de los objetivos sería mejorar las
indemnizaciones a los grandes lesionados, que quedan con problemas de autonomía
personal, teniendo en cuenta sus gastos futuros, que actualmente pasan a estar
cubiertos por la Seguridad social a partir del segundo año y de los que podrían
ocuparse las aseguradoras.
El nuevo texto también tiene en cuenta algunos
cambios sociales ocurridos en los últimos años como los distintos tipos de
familias o los avances médicos o la mejora de las carreteras y del parque de
automóviles.
En definitiva, se trata de mejorar las
indemnizaciones para situar a la víctima en una posición “lo más cercana posible”
a la que tenía antes de producirse el siniestro.
El representante socialista, Juan Carlos Corcuera,
aseguraba durante el debate su apoyo al texto, aunque no estén de acuerdo con
algunos puntos, porque la reforma “era ya inaplazable”.
Y además, cualquier cambio por pequeño que sea será
beneficioso para las víctimas, dijo Corcuera, que añadió que su Grupo
transformarán las discrepancias en modificaciones al texto cuando se tramite en
el Congreso.
Para Corcuera, el núcleo esencial de la reforma ha
de ser “el reconocimiento por las aseguradoras del gasto futuro medio de las
víctimas con graves secuelas de por vida, como los lesionados medulares o
personas en estado de coma, gastos que actualmente asume la sanidad pública a
partir de los dos primeros años y que deberían ser abonados por las compañías”.
Según los cálculos de la Comisión Europea, explicó,
un herido grave por accidente de tráfico cuesta a las arcas públicas unos
219.000 euros, en función de gastos de servicios de emergencia, médicos, de
productividad pérdida y materiales, sin incluir el dinero que necesitará para
adaptar, por ejemplo su vivienda.
Por parte de Convergencia i Unió, Josep Sánchez
Llibre también hizo un repaso por los principales objetivos de la nueva
normativa, sin olvidar la inclusión del colectivo de las amas de casa.
Por UPyD, Álvaro Anchuelo anunció la abstención de
su grupo pues, aunque ven “muchos aspectos positivos en este proyecto”, no
comparten otros y creen necesario dejar margen a la “discrecionalidad judicial”
en la fijación de indemnizaciones.
Por su parte, el diputado de Amaiur Rafael Larreina
reprochó al Gobierno que haya tardado 20 años en actualizar el sistema
anterior, le instó a presentar cuanto antes el proyecto de ley y le pidió que
“haga caso a víctimas y no a las aseguradoras”.
La presidenta de la patronal de las aseguradoras
españolas, Unespa, Pilar González de Frutos, se refirió recientemente a la
necesidad de actualizar el baremo para mejorar “todo lo posible” la
indemnización de todas las víctimas, especialmente las de los grandes
lesionados y los perjudicados por el fallecimiento de alguna víctima.
“Es un esfuerzo que merece la pena hacer, sobre todo
por este tipo de víctimas”, destacó.
Para la presidenta de Unespa es muy importante que
todos estos conceptos, es decir, “todo lo que sea indemnizable”, estén
establecidos con claridad dentro de ese baremo porque eso permite hacer un
cálculo ajustado “de la siniestralidad máxima esperable y también de las
primas”
hacia falta una reforma en este sentido. las victimas quedan muy poco indemnizadas.
ResponderEliminarmuy interesante
muchas gracias por visitar nuestra web
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