La última versión del anteproyecto de Ley de
Servicios Profesionales implica una importante bajada de precios para los
procuradores, pero mantiene la incompatibilidad en el ejercicio de su profesión
y la de abogado.
La Ley de Servicios y Colegios Profesionales puede
suponer una rebaja importante de aranceles para los procuradores. Si finalmente
el texto es aprobado como proyecto de ley por el Consejo de Ministros, los
aranceles dejarán de ser una tarifa fija para convertirse en la cuantía máxima
que estos profesionales podrán cobrar por sus servicios, abriendo la puerta a
una liberalización de precios.
Así aparece reflejado en el último texto que circula
actualmente y con el que podrían estar negociando los diferentes ministerios
implicados. El texto tiene fecha del 11 de noviembre y va acompañado por una
memoria de impacto normativo de la misma fecha.
Esta última versión contempla la aprobación de un
real decreto que, «con el fin de incentivar la competencia entre procuradores y
evitar aranceles desproporcionados y prácticamente ilimitados», regule el
arancel de acuerdo con una serie de parámetros. En este sentido, la cuantía del
mismo tendrá carácter de máximo y los procuradores estarán obligados a entregar
un presupuesto previo a sus clientes en el que conste expresamente la
disminución ofrecida respecto del tope previsto en la normativa. En caso de que
no haya disminución, también tendrá que reflejarse este hecho.
CAMBIOS
- La
disposición adicional primera mantiene la colegiación obligatoria para abogados
y procuradores.
- Se modifica la Ley de Acceso, estableciendo un único título profesional de abogado y procurador que habilite para el ejercicio de ambas profesiones, si bien no se podrán ejercer a la vez.
- La memoria de impacto apunta que la proporción de estudiantes de los posgrados de procura es muy inferior a los de abogacía.
- Se modifica la Ley de Acceso, estableciendo un único título profesional de abogado y procurador que habilite para el ejercicio de ambas profesiones, si bien no se podrán ejercer a la vez.
- La memoria de impacto apunta que la proporción de estudiantes de los posgrados de procura es muy inferior a los de abogacía.
Además, la cuantía global que podrán cobrar por un
mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros, una cifra
que se ha visto reducida respecto al texto que circulaba el pasado mes de
julio, con el tope en 150.000 euros. En la regulación vigente, el límite está
en 300.000 euros.
Respecto a los procesos concursales, el anteproyecto
apunta que «la base para regular los derechos que se devenguen será el 50% del
pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la
administración concursal». Sin embargo, todas estas medidas dependen de la
aprobación de un real decreto tras la entrada en vigor de la nueva ley.
Mientras, la reforma establece medidas que serán de aplicación inmediata una
vez aprobada la norma. Es el caso de la rebaja generalizada de la cuantía de
los aranceles.
REBAJA
DE ARANCELES.- La cantidad a pagar disminuirá en un 10% cuando la
cuantía del procedimiento sea de hasta 601.012 euros –es decir, la gran mayoría
de los pleitos–; en un 30%, cuando la cuantía esté comprendida entre 601.012,
01 euros y 10 millones de euros; en un 40%, cuando sea de entre 10 millones de
euros y 50 millones; en un 50%, para pleitos de entre 50 millones y 100
millones de euros, y en un 60%, cuando la cuantía supere los 100 millones de
euros.
En la actualidad, la norma que regula el arancel
permite un incremento o disminución de hasta 12 puntos porcentuales cuando así
lo acuerde expresamente el procurador con su cliente.
El texto ha descartado la opción de eliminar por
completo el arancel, que sí aparecía inicialmente. La razón, según apunta la
memoria de impacto, es que ello podría hacer que se fijaran tarifas por encima
de lo debido: «Un escenario de formación libre de precios en un contexto
oligopolístico no permite esperar que existan presiones para una formación
eficiente de precios».
Pero no todo son malas noticias para los procuradores.
El texto incluye un importante éxito del colectivo en uno de los temas más
delicados que ponía en peligro el futuro de la profesión: se mantiene la
incompatibilidad entre abogados y procuradores, algo que el Ministerio de
Economía, del que depende esta ley, insistía en suprimir. La cartera del
ministro Luis de Guindos cedería en este punto manteniendo la prohibición de
que una misma persona lleve la representación y defensa en juicio. Según
explica la memoria de impacto, en esta decisión ha influido el informe del
Consejo de Estado, que lo desaconsejaba.
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