Texto recogido para
nuestros lectores en el Blog de Sepín
Por fin tenemos en España una nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (SP/LEG/25146) que
viene a sustituir a la Ley de 1999 (LO 15/1999 -SP/LEG/3266-). Largo y arduo ha
sido el periplo recorrido para llegar a este momento, hasta el punto de que no
pocos expertos dudaron de que fuera posible su aprobación durante el año 2018.
Sin duda alguna, la agitada situación política vivida en nuestro país durante
estos últimos meses, con cambio de Gobierno incluido vía moción de censura, ha
dificultado y retrasado la aprobación del texto.
Este largo viaje se inició hace más de un año, en concreto,
el 10 de noviembre del año 2017, cuando el Consejo de Ministros (por aquél
entonces constituido por el Gobierno del Partido Popular) aprobaba la remisión
a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (ese
proyecto embrionario aun no contemplaba la regulación de los llamados “derechos
digitales”). El Gobierno anunciaba que el Proyecto tenía por objeto adaptar la
legislación española a las disposiciones de un Reglamento UE 2016/679
(SP/LEG/19835) que iba a ser aplicable desde el 25 de mayo de 2018,
introduciendo los desarrollos por éste permitidos y todo ello para “evitar
contradicciones”.
Pues bien, evidentemente, llegó el temido 25 de mayo sin que
en España tuviéramos una norma interna que no sólo se adaptara a las
previsiones del Reglamento UE (lo cual no era tan urgente, dada la
aplicabilidad directa de este en los Estados miembros) sino que tampoco
desarrollara y concretara aquello que la norma comunitaria dejaba en manos de
los Estados.
Consecuencia de este “retraso”, tuvo que aprobarse durante
el verano, y vía Real Decreto, una norma que, como su preámbulo indicaba, era necesaria para “la adecuación de nuestro
ordenamiento al reglamento europeo en aquellos aspectos concretos que, sin
rango orgánico, no admiten demora y debe entenderse sin perjuicio de la
necesidad de una legislación orgánica de protección de datos que procure la
plena adaptación de la normativa interna a los estándares fijados en la materia
por la Unión Europea a través de una disposición directamente aplicable”. Dicha
normativa de urgencia estuvo constituida por el Real Decreto-Ley 5/2018, de 27
de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la
normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos (SP/LEG/24558),
que, entre otras cuestiones, regulaba una de tal calado como el régimen
sancionador. Evidentemente, con la nueva Ley Orgánica ahora inaugurada, este
Real Decreto ha quedado expresamente derogado.
El devenir parlamentario nos llevó a la aprobación del texto
en el Congreso de los Diputados y a su remisión al Senado, en el que tuvo
entrada el texto el 23 de octubre. En la Cámara alta el texto de la norma no
sufrió modificaciones, habiéndose rechazado las 32 enmiendas presentadas al
texto, en su mayor parte por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, aprobándose definitivamente el 21 de noviembre.
Parece que una vez aprobada la nueva Ley Orgánica ha
existido una cierta “relajación” (probablemente por motivos de oportunidad
política) en el siguiente y definitivo paso, su publicación (y por tanto,
también en su prevista entrada en vigor al día siguiente de aquella), habiendo
tenido que esperar demasiados días para encontrarla en el Boletín Oficial del
Estado.
Damos pues, la bienvenida a esta Ley Orgánica de Protección
de Datos y garantía de los derechos digitales y nuevamente advertimos de la
importancia de conocer los pormenores de esta nueva norma, puesto que no se
trata de una mera incorporación al ordenamiento interno del derecho comunitario
sino que, más allá de eso, lo desarrolla, concreta y complementa, regulando
cuestiones no prevista en el Reglamento UE como tratamientos específicos
(ficheros de morosidad, videovigilancia, denuncias internas…), los derechos
digitales (la protección de los menores en internet, el derecho al olvido en
las redes sociales, el testamento digital…), o los derechos de los trabajadores
en el entorno laboral.
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