Los Técnicos del Ministerio
de Hacienda (Gestha) calculan que la ampliación para el próximo año de la no
obligatoriedad de declarar el IRPF para quienes ingresen entre 12.000 y 14.000
euros, tal como han pactado el Gobierno y Ciudadanos para aprobar el techo de
gasto, podrá beneficiar a cerca de un millón de contribuyentes, que podrán
ahorrarse unos 800 euros de media -aunque un porcentaje de estos, por diversos
motivos, seguirán soportando la carga del impuesto, como ocurre actualmente con
más de un millón de perceptores de ingresos inferiores a 12.000 euros-. El
coste de esta medida superará los 750 millones de euros.
Gestha (Técnicos del Mº de
Hacienda).- Al coste del acuerdo, se tendrán que añadir otros 830 millones de
los que se beneficiarán 750.000 personas con cónyuge con discapacidad a cargo,
ascendiente anciano a cargo y deducción adicional al cuarto hijo, que podrían
obtener un descuento de 1.200 euros de media. Finalmente, otros 1,6 millones de
declarantes de entre 14.000 y 17.000 euros obtendrán un ahorro medio de 250
euros, que implicará un coste de 420 millones, si el coste total de la rebaja
es de 2.000 millones tal como se anuncia, aunque el Ministerio de Hacienda aún
no ha concretado cómo va a afectar la rebaja impositiva a estos declarantes.
No obstante, los Técnicos de
Hacienda avisan de que una bajada del IRPF para el próximo año, puede aumentar
el riesgo de que España incumpla de nuevo con el objetivo de déficit público,
que es del 2,2% del PIB para 2018. El riesgo de estas rebajas tiene dos
precedentes, pues los Técnicos recuerdan que el descenso del IRPF, que se
acordó distribuir en dos años y finalmente se adelantó a julio de 2015, disparó
el déficit al 5,1% del PIB, incumpliendo así con el 4,2% acordado con Bruselas.
Aunque finalmente España no fue sancionada por las autoridades europeas, sí que
adoptó a cambio una nueva y más estricta senda de reducción de déficit, por lo
que otra bajada del IRPF podría volver a poner al país en una delicada
situación.
Igualmente, en 2016 el
Gobierno tuvo que recuperar a finales de septiembre el pago a cuenta mínimo del
Impuesto de Sociedades, ante el desplome recaudatorio que se produjo con su
eliminación en enero de ese año. Una medida tomada in extremis y de urgencia
para recuperar una pérdida recaudatoria de 8.000 millones y poder cuadrar las
cuentas públicas.
Además, otro problema añadido
es la elevada deuda pública que soporta España, que era del 98,98% del PIB a
finales de 2016. Por lo que los Técnicos consideran que lo prioritario debería
ser recuperar las políticas de bienestar recortadas desde 2010 y, a
continuación, reducir esa deuda antes que bajar los impuestos. Más si cabe en
una situación de crecimiento económico –el Gobierno espera que el PIB aumente
este año un 3%-, ya que las bajadas impositivas constituyen una política
anticíclica propia de situaciones de recesión con el objetivo de fomentar el
consumo. Igualmente, los Técnicos señalan que tampoco es conveniente reducir el
IRPF en un momento en que las comunidades autónomas y entidades locales están
pidiendo más financiación, ya que les cortaría una línea recaudatoria muy
importante.
Una reforma fiscal integral
Por lo tanto, según Gestha, esta
medida es una nueva improvisación de la política fiscal del Gobierno, que se va
moviendo según las situaciones o sus propios intereses. En este caso, se ha
pactado a cambio de un techo de gasto, como si la política fiscal fuera una
moneda de cambio política cuando es el principal instrumento para garantizar la
sostenibilidad del gasto del Estado.
En este contexto, Gestha
reitera la necesidad de que se lleve a cabo una reforma fiscal integral que dé
estabilidad a las bases del sistema tributario español. En un momento de
crecimiento económico es necesario reforzar la política fiscal para que el país
esté preparado ante futuras crisis económicas y momentos de caída de la
recaudación.
Por ello, Gestha considera
que necesario un debate de los partidos políticos, patronales, organizaciones
sociales y ciudadanos que defina el modelo de país que queremos, y a
continuación, se aborde una reforma fiscal que mejore los principios esenciales
del artículo 31 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) para que el sistema tributario
aporte recursos suficientes para el gasto público y sea más progresivo,
igualitario, equitativo y, sobre todo, justo.
Contenido curado por Isabel Asolo
(Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.
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