El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar a un abogado que fue
condenado por injurias contra una juez, por unos comentarios realizados en un escrito
presentado en el marco de un procedimiento judicial. Según la sentencia
europea, el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión del letrado,
recogido en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El abogado, en su escrito acusó a
la juez de haber ?distorsionado deliberadamente la realidad?, afirmó que había
?mentido sin vacilar? e, incluso, aseguró que había emitido un informe falso
con información falaz y maliciosa.
El letrado fue condenado por estos
comentarios a una pena de multa de 30 euros al día durante nueve meses, y una
pena privativa de libertad en caso de incumplimiento.
La sentencia argumentó que había
dañado gravemente el honor de la magistrada y que, con sus palabras, había ido
mucho más allá del legítimo derecho a la defensa, cayendo en la utilización del
insulto y la injuria.
Después de que las distintas
instancias nacionales rechazaran los recursos presentados por el abogado,
decidió elevar el asunto ante el Tribunal de Estrasburgo.
Sin ?equilibrio justo?
La sentencia del TEDH, sin
embargo, determina que la condena al letrado por parte de la Justicia española
supone una injerencia en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
En este sentido subraya que, a pesar de que la condena se dictó conforme a la
ley nacional y persiguiendo el objetivo legítimo de proteger la reputación y
los derechos de un juez -y de manera indirecta, la reputación del Poder
Judicial-, la pena fue desproporcionada.
El TEDH considera que es
?perfectamente aceptable? castigar una conducta como la descrita en los hechos.
Sin embargo, ?a pesar de lo serio y descortés de los términos utilizados?, el
letrado ?no los utilizó en la sala, sino que fueron expresados por escrito y
sólo el juez y las partes tuvieron conocimiento de ellos?.
Sus expresiones, precisa el fallo,
se refirieron a la manera en que la juez condujo el asunto y, ?aunque
agresivas, se presentaron en el marco de la defensa de los intereses de su
cliente?.
Por todo ello, el TEDH considera
que la ?la gravedad de la pena impuesta? al letrado -pudiendo, incluso, ser
privado de su libertad-, puede tener un efecto negativo en situaciones en las
que están llamados a defender a sus clientes.
Los tribunales españoles,
concluye, no han logrado encontrar ?un equilibrio justo? entre la necesidad de
mantener la autoridad del Poder Judicial y la protección de la libertad de
expresión del abogado, por lo que condena a España a indemnizar al jurista.
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