Casi un mes después de la implantación del sistema, Cantabria,
País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana siguen sin poder cumplir con el
reglamento, y en otras se cumple con dificultades
Poner fin al papel en los juzgados y tribunales. Este es,
en resumidas cuentas, el loable fin que repite casi como un mantra y persigue
desde hace tiempo el ministro Rafael Catalá, incluido en el nuevo mandato de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. La fecha elegida para su cumplimiento era el 1 de
enero de 2016, pero lo cierto es que LexNet, el sistema de comunicación
electrónico ideado para que los profesionales del Derecho se comuniquen de
forma telemática, todavía está muy lejos de permitir que el proyecto estrella
de Justicia se haga realidad.
El pasado mes de mayo arrancó el plan Justicia Digital:
Papel Cero, proyecto con el que el ministerio aspira a acortar los plazos de
los procedimientos judiciales, especialmente en los sencillos, de algunos meses
de duración. El nuevo texto establece la obligatoriedad de que las
comunicaciones y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales
se realicen a partir de enero de manera electrónica en los órganos
jurisdiccionales. El propio titular de la cartera de hecho, ha dejado bien
claro que el cambio "es una obligación, no una opción", a pesar de
que reconoció que probablemente algunas CCAA no pudiesen adaptarse a tiempo.
Ahora, casi un mes después de la implantación del nuevo sistema,
Cantabria, País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana siguen sin poder
cumplir con el reglamento. Pero es que el resto del Mapa de las Comunicaciones Electrónicas que
dibuja la página web de la Administración Pública (en color verde), dibuja un
escenario un tanto optimista que, según la opinión de la mayoría de expertos
juristas, tampoco se ajusta a la realidad.
Según la
web de LexNet, en todas las CCAA se pueden presentar escritos y
recibir notificaciones electrónicas para la totalidad de jurisdicciones y
colectivos excepto en Cantabria, País Vasco y Cataluña, donde están limitadas
únicamente a ciertas jurisdicciones y colectivos, y la Comunidad Valenciana que
directamente no permite la presentación electrónica de escritos y la recepción
electrónica de notificaciones está limitada para ciertas jurisdicciones y colectivos.
La primera CCAA en contradecir al Gobierno ha sido Madrid. El
decanato de los juzgados de esta comunidad ha reconocido que "los medios
electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos con los que cuentan los
servicios comunes de las oficinas de registro y reparto del decanato de los
juzgados y órganos judiciales de Madrid no permiten dar cumplimiento a la
previsión normativa sobre presentación por medios telemáticos o electrónicos de
los escritos y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales".
Como consecuencia, a día de hoy estos juzgados permiten
presentar escritos por LexNet, pero también en papel hasta el 31 de enero,
plazo que se podría ampliar de no solventarse estas dificultades a tiempo.
La petición de papel por parte de los juzgados que dependen del
Ministerio de Justicia se ha incrementado un 30% para este 2016
Según ha explicado a este periódico el Consejo General de la
Abogacía "una cosa es que LexNet esté implantado en algunas CCAA y otra
bien distinta que funcione correctamente. Es como tener fibra óptica. Siempre
ocurren incidencias puntuales". Algo que también ha sucedido en Aragón,
Asturias, Baleares o Canarias.
Este organismo ha puntualizado que entre el 1 y el 12 de enero
de este año 26.350 usuarios accedieron en algún momento a la nueva plataforma
tecnológica. Preguntados sobre cada CCAA sin embargo, asegura no
tener datos.
Para el portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej),
Rafael Lafuente, este no es el único problema. "Al no disponer de un
expediente digital, realmente LexNet no soluciona el problema que tenemos con
el papel en los juzgados. En un escenario optimista en el que un letrado
consigue utilizar LexNet y enviar un documento al juzgado, este lo recibe de
forma electrónica pero sigue estando obligado a pasarlo al papel".
Entrada de los juzgados de Plaza Castilla (Foto: E.C.)
"De hecho, la petición de papel por parte de los juzgados
que dependen del Ministerio de Justicia se ha incrementado un 30% para este
2016 porque somos conscientes de que recibiremos más documentos telemáticos,
pero tendremos que imprimirlos. El plan papel cero es una utopía. No sirve para
juzgados y tribunales", ha añadido Lafuente.
Una plataforma que nació vieja
Además de los problemas de implantación, LexNet presenta
otros problemas a nivel técnico. El primero de ellos es su incompatibilidad con
muchos navegadores de internet. El Ministerio ha facilitado una tabla en su
página web en la que expone los compatibles, que se reduce a sólo unas pocas
versiones de Internet Explorer y Firefox, dejando fuera a otros gigantes como
Chrome (cuya versión 42 es incompatible) o Safari de Apple. La razón de este
gran inconveniente reside en que la nueva plataforma está construida en Java.
(Fuente: Ministerio de Justicia)
Según ha explicado David Maeztu "el problema nace al elegir
Java y algunos de sus componentes cuando existen otros lenguajes de
programación que evitan estos problemas. Sin embargo, desde Justicia optaron
por una tecnología vieja".
Otro inconveniente es el de las limitaciones de tamaño de los
documentos adjuntos (solo se pueden adjuntar 10 megas y determinados formatos
de archivos, en los otros casos se tendrán que llevar físicamente al juzgado) y
las actualizaciones. Algunas últimas versiones de los pocos navegadores que
funcionan con LexNet también dan error, por lo que algunos expertos recomiendan
no actualizarlos, con los problemas de seguridad que esto conlleva. Para
solventar este problema la mayoría de ellos recomienda tener una versión de
navegador concreta compatible con LexNet y no actualizarla hasta que la
plataforma no avise de que se puede, además de desactivar las actualizaciones
automáticas.
Según Fernando de la Cuadra, director de Educación de la empresa
de ciberseguridad Eset España, "la primera regla de oro en lo que a
seguridad de nuestros dispositivos se refiere es actualizar a la última versión
del navegador para evitar cualquier tipo de agujero. CryptoLocker por ejemplo
se aprovechó de la vulnerabilidad de versiones antiguas de programas como
Java".
Es tal el número de errores que da la plataforma que ya existen
empresas que están haciendo su agosto cobrando 25 euros por incidencia
solucionada
Para Pablo Fernández Burgueño, socio del despacho Abanlex, el
problema de LexNet va más allá de la seguridad: "LexNet se está cargando
el principio de la neutralidad tecnológica, una de las bases de la
Administración Pública. Según este principio, el usuario debe tener la libertad
para poder elegir qué tecnología utilizar a la hora de ponerse en contacto con
la Administración. Algo que impide LexNet al imponer navegadores como
Firefox".
El abogado especializado en Internet y fundador de Jurídica
Abogados, Federico López, ha añadido que algunas funciones dentro de la plataforma
de LexNet tampoco funcionan. "Un ejemplo lo tenemos en la casilla de
Asunto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid. No aparece ni rastro de la
opción Procedimiento Verbal. Sin embargo, en el de Mallorca sí aparece. El
teléfono de atención al cliente te resuelve muchas dudas en lo que a la
descarga de la plataforma se refiere, pero no de contenido o con problemas de
software. Si dentro te falla algo no te ayudan". Según el letrado, en la
entrada a LexNet del Consejo General de la Abogacía Española tampoco es posible
presentar un escrito iniciador, ya que en el buscador de la libreta de
direcciones de destinatario no figura ninguna oficina de reparto o decanato de
España.
Es tal el número de errores que está dando a día de hoy la
plataforma que ya existen empresas de informáticos que están haciendo su agosto
cobrando 25 euros por incidencia solucionada.
"La decisión de adelantar LexNet ha sido
electoralista"
Otro aspecto que genera dudas entre los jueces, letrados de la
Administración de Justicia y funcionarios es el momento en el que llega el
nuevo mandato de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El sentir general es que lo
hace de forma precipitada y en pleno cambio de legislatura.
En este sentido, desde el Sindicato de Letrados de la
Administración de Justicia aseguran que no han recibido ningún tipo de
información, ni mucho menos formación, lo que ha producido una gran confusión
entre los abogados. "No entendemos por qué se eligió enero cuando se sabía
que había elecciones y un Gobierno en funciones. Es posible que pronto no
tengamos el mismo equipo de Ministerio. Además, en un principio se había
pensado en julio y muchas CCAA avisaron de que no llegarían a tiempo", ha
afirmado el portavoz del Sisej.
Un juzgado de Valdemoro, Madrid. (EC)
En la misma línea se han manifestado fuentes internas del
Consejo General de Procuradores de España, que no han dudado en reconocer que
se antojaba necesario poner una fecha a LexNet, pero también implantarlo de
forma paulatina. Han achacado esa falta de progresividad a las
elecciones.
La Rioja por ejemplo es pionera en el uso de este sistema que se
implantó hace más de cuatro años y hoy ya funciona perfectamente. Según David
Maeztu, abogado especializado en derecho de internet y nuevas tecnologías,
"LexNet se utilizó en La Rioja como un programa piloto y tras la entrada
en vigor de la nueva normativa no ha dado ningún problema. En España sin
embargo existen muchos sistemas de gestión procesal y la mayoría incompatibles
entre sí. El País Vasco tiene el suyo propio, igual que Cataluña y Valencia.
Antes de fijar una fecha límite, Justicia tuvo que haber coordinado mejor a las
diferentes CCAA y lograr que se decidiera entre todos un único sistema de
gestión. Lo que no tenía sentido era fijar la fecha en el 1 de enero. Fue una decisión
electoralista".
Al respecto, el Ministerio de Justicia ha explicado a este
periódico que "la fecha de julio vino determinada por la Ley 18/2011, pero
tras comprobar que tras casi cinco años el avance de las administraciones
competentes no había sido suficiente y con el propósito de poder alcanzar el
objetivo de julio, se estableció enero como un hito previo, el de las
comunicaciones electrónicas, mucho más sencillo de alcanzar que la tramitación
completa".
"Puesto que se trata de una ley de obligado cumplimiento,
que el Gobierno esté en funciones no afecta ya que la norma hay que cumplirla
en todo el territorio nacional al margen de la situación del Ejecutivo",
han añadido desde el ministerio.
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