Establece un tope retributivo por concurso de 1,5 millones de
euros frente a los 23 millones que cobraron en Martinsa Fadesa o los 16,2
millones en Afinsa.
El
Ministerio de Economía quiere acabar con los sueldos desmedidos de los
administradores concursales, que no podrán superar 1,5 millones de euros. Así
lo establece una enmienda del Grupo Popular en el Congreso a la Ley de Segunda
Oportunidad, que dictamina que la retribución de los gestores de concursos
será la menor de dos cifras: o un máximo de 1,5 millones o el 4% de la masa
activa del concurso.
No
obstante, matiza la enmienda, el juez "de forma motivada y oídas las
partes, podrá aprobar una remuneración que supere este límite cuando debido a
la complejidad del concurso los costes asumidos por la administración concursal
lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda exceder del 50% de dicho
límite".Es decir, que el salario de estos gestores
nunca podrá superar los 2,25 millones.
Economía busca desde hace tiempo poner coto a los sueldos
multimillonarios que obtienen algunos administradores concursales, que en la
gran mayoría de casos no justifican la masa del concurso ni el número de
trabajadores afectados ni las horas que el administrador concursal
dedica.Máxime cuando muchos de ellos acumulan numerosos concursos a la vez.
Ya en mayo de 2014, el subsecretario de Economía y
Competitividad, Miguel Temboury, alertó en una jornada de que "los
intereses de la administración concursal no son los de la empresa y el
concurso", en alusión a los elevados sueldos de estos gestores, y a la
posible intención de estos de alargar los procesos en contra de los intereses
de la empresa en concurso para seguir cobrando.
Hasta
ahora, es el juez quien dicta en un auto la retribución de la
administración concursal, que paga la propia empresa concursada.Se trata de
un crédito contra la masa, con lo que se cobra de los primeros. Ha habido
denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y críticas en el
sector porque hay jueces que designan a menudo a determinados administradores
concursales, a los que fijan retribuciones elevadas, y estos jueces son
ponentes en cursos retribuidos que estos administradores organizan. Desde enero
de 2012, la administración concursal puede ser, además de una persona física,
una persona jurídica, un despacho.
Martinsa
Fadesa entró en concurso de acreedores en 2008, el mayor
concurso de la historia con un pasivo de más de 7.000 millones, y salió en
2011. En 2014 tuvo dificultades para cumplir con los compromisos de pago del
convenio y ahora prepara su liquidación. Su presidente, Fernando Martín, ha
asegurado en varios foros que las remuneraciones de sus
administradores concursales "han superado los 20 millones de euros".
Según los datos públicos del proceso, los tres administradores cobraron un
arancel de seis millones cada uno y, una vez superada la fase común,
percibieron el 10% durante los primeros seis meses y el 5% los
siguientes", cerca de 23 millones.
El siguiente concurso de mayor retribución conocida es el de
Afinsa, la empresa de sellos intervenida en 2006, con 16,2 millones, que la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social solicitaron rebajar. La retribución de
4 millones de los administradores concursales de Grupo Jale también fue
discutida. A su vez, los gestores del concurso de Marma, la sociedad que
alquiló a Santander la Ciudad Financiera, cobraron 4 millones. El sueldo de
Deloitte como administración concursal de Pescanova fue de 3,5 millones.
La enmienda también establece que se constituirá una cuenta de
garantía arancelaria para cubrir el salario de los gestores de concursos sin
masa. Se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores
concursales, con unos porcentajes que en el caso de remuneraciones de más de
500.000 euros serán del 10%.
Menos
publicidad de quien necesita una segunda oportunidad
Las
enmiendas de la Ley del Segunda Oportunidad que ha registrado elGrupo Popular
en el Congreso restringen el acceso al registro Público Concursal que el
anteproyecto de ley hacía libre, lo que suponía un estigma para autónomos y
emprendedores. Sólo podrán acceder a este 'registro de morosos' la banca, la
Administración y quien demuestre un interés conocido en esta información. Otra
enmienda suaviza los requisitos para revertir la segunda oportunidad. La mejora
patrimonial o de ingresos de la actividad del emprendedor no eliminarán el
perdón de sus deudas, sólo el incremento patrimonial sobrevenido por causa de
una herencia o de ser agraciado por la lotería. Además, el Grupo Popular ha
introducido mejoras laborales para los autónomos, como el adelanto del cobro
del desempleo al mes siguiente a que cese su actividad, frente a los dos meses
que prevé la normativa vigente. Pero el PP ha presentado otras aportaciones que
no están directamente relacionadas con la segunda oportunidad ni con la reforma
concursal. Así, amplía el visado para inversores extranjeros que lanzó la Ley
de Emprendedores de dos a cinco años a condición de que mantengan las condiciones
que generaron el derecho. También se les facilita la adquisición de viviendas,
ya que se aceptará un contrato de arras como justificante de la inversión, con
el objetivo de que consigan un visado de inversión temporal de seis meses,
tiempo estimado para hacer la inversión.
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