Consiste en imputar a una persona un delito conociendo que
es falso.
El derecho al honor como bien jurídico protegido
El delito de calumnia se regula en el Título XI del libro II
del CP, dentro de los delitos contra el honor, en el Capítulo I. Según la
sentencia del Tribunal Supremo 1172/1995 de 17 de noviembre, la calumnia es una
infracción de actividad, que afecta al honor como sentimiento íntimo que se
mueve alrededor de la dignidad moral, del pundonor, del amor propio o de la
estimación personal. Pero fuera del puro concepto meramente subjetivo, la
honorabilidad objetivamente consiste en la apreciación o estima que los demás
tienen en cuanto a las cualidades morales de la persona afectada como sujeto
pasivo.
Este derecho ha sido especialmente reconocido en tratados
internacionales suscritos por España y reconocidos como derecho interno. Puede
señalarse el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
de 1948, que reconoce el principio de que toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra determinados ataques, entre ellos los dirigidos
contra su honor. Siguiendo esta orientación, el artículo 18.1 de la
Constitución de 1978 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.
La calumnia y los medios de comunicación
Con carácter previo, hay que analizar la diferencia entre la
libertad de información y la libertad de expresión. En este sentido, resulta
muy clarificadora la doctrina del Tribunal Constitucional que dice que nuestra
Constitución consagra por separado la libertad de expresión -artículo 20.1 a)
CE- y la libertad de información -artículo 20.1 d) CE-. La libertad del
artículo 20.1 a) tiene por objeto la expresión de pensamientos, ideas y
opiniones, concepto amplio dentro del cual deben también incluirse las
creencias y juicios de valor y el de la libertad del artículo 20.1 d) el
comunicar y recibir libremente información sobre hechos o tal vez más
restringidamente, sobre hechos que puedan considerarse noticiables. (STC 6/1988,
de 21 de enero).
Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un
lado, y comunicación informativa de hechos, por el otro, tiene decisiva
importancia a la hora de determinar la legitimidad de ejercicio de esas
libertades, pues mientras los hechos, por su materialidad, son susceptibles de
prueba, los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, no se prestan,
por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud y ello hace que
al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la
verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, independientemente de
la parte a quien incumba su carga, la legitimidad constitucional del derecho a
informar, según los términos del artículo 20.1 d) de la Constitución, y, por
tanto la libertad de expresión es más amplia que la libertad de información por
no operar, en el ejercicio de aquélla, el límite interno de veracidad que es
aplicable a ésta, lo cual conduce a la consecuencia de que aparecerán
desprovistas de valor de causa de justificación las frases formalmente
injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten
innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa".
(STC 107/1988, de 8 de junio)
Derecho al honor y libertad de información
El objeto de la libertad de información radica en comunicar
y recibir libremente información sobre hechos que puedan considerarse
noticiables. Esta libertad tiene una posición especial en el ordenamiento
constitucional español porque resulta esencial para la formación de una opinión
pública libre. En cada caso es necesario realizar un juicio de ponderación
entre el derecho fundamental a la libertad de información (artículo 20.1.d
Constitución Española) y el derecho fundamental al honor (artículo 18.1
Constitución Española). Prevalecerá el derecho a la libertad de información si
concurren los siguientes requisitos:
• Que la
información sea veraz. Ha de establecerse que el informador ha actuado de forma
diligente, empleando los recursos razonables a su alcance para contrastar la
información.
• Que la
información verse sobre hechos con relevancia pública.
Seguidamente abordamos el denominado "reportaje
neutral", es decir, las declaraciones realizadas a un medio de
comunicación en los que se imputan hechos lesivos al honor (doctrina del
"reportaje neutral"). Esta construcción se recoge en el Auto del
Tribunal Constitucional 126/05, de 4 de abril de 2004, según el cual:
• El objeto de la
noticia ha de hallarse constituido por declaraciones que imputan hechos lesivos
del honor, pero que han de ser por sí mismas, esto es, como tales
declaraciones, noticia y han de ponerse en boca de personas determinadas
responsables de ellas (Sentencias del Tribunal Constitucional 41/1994, de 15 de
febrero, Fundamento 4, y 52/1996, de 26 de marzo, Fundamento 5). De modo que se
excluye el reportaje neutral cuando no se determina quién hizo tales
declaraciones (Sentencia del Tribunal Constitucional 190/1996, de 25 de
noviembre, Fundamento 4 b).
• El medio
informativo ha de ser mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a
narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia
(Sentencia del Tribunal Constitucional 41/1994, de 15 de febrero, Fundamento
4). De modo que si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral (Sentencia
del Tribunal Constitucional 144/1998, de 30 de junio, Fundamento 5) y tampoco
lo hay cuando es el medio el que provoca la noticia, esto es, en el llamado
periodismo de investigación (Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1996, de
16 de enero), sino que ha de limitarse a reproducir algo que ya sea, de algún
modo, conocido.
• En los casos de
reportaje neutral propio la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva
de la existencia de la declaración, quedando el medio exonerado de
responsabilidad respecto de su contenido (Sentencia del Tribunal Constitucional
232/1993, de 12 de julio, Fundamento 3).
En este ámbito es necesario destacar la importancia de
respetar la presunción de inocencia. Según el Principio 2º de la Recomendación
13, de 10 de julio de 2003, del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre
la difusión de informaciones por los medios de comunicación en relación con los
procedimientos penales, "el respeto del principio de la presunción de
inocencia forma parte integrante del derecho a un proceso justo. En
consecuencia, las opiniones y las informaciones relativas a los procesos
penales en curso solamente deberían ser comunicadas o difundidas a través de
los medios de comunicación cuando no atente a la presunción de inocencia del
sospechoso o del acusado".
Derecho al honor y libertad de expresión
"La libertad de expresión tiene por objeto la expresión
de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben también
incluirse las creencias y juicios de valor. En este ámbito hay que tener en
cuenta que la emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier
contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión
que se realice, supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al
prestigio de las instituciones, teniendo en cuenta que la Constitución no
reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible
con la dignidad de la persona que se proclama en el artículo 10.1 del Texto
fundamental" (sentencia del Tribunal Constitucional 105/1990).
Tipo básico
Se recoge en el art. 205 del Código Penal dispone que
"es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su
falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Según la jurisprudencia,
los elementos del tipo son los siguientes (sentencias del Tribunal Supremo
1172/1995 de 17 de noviembre y 90/1995 de 1 de febrero):
1. Imputar
equivale a atribuir, achacar, cargar en la cuenta de otro un hecho constitutivo
de delito.
2. Dicha
imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de
toda confrontación con la realidad, o a sabiendas de su inexactitud; la
falsedad de la imputación ha de determinarse fundamentalmente con parámetros
subjetivos, atendiendo al criterio hoy imperante de la "actual
malice" sin olvidar los requerimientos venidos de la presunción de
inocencia.
3. No basta con
imputar genéricamente a otra persona hechos constitutivos de infracción penal,
sino que es necesario que esa imputación se haga de modo específico y en todo
caso individualizando de modo evidente las características genéricas del tipo
delictivo que se achaca al presuntamente calumniado. Es decir, no bastan
atribuciones inconcretas, vagas o ambiguas, sino que la acusación ha de recaer
sobre hechos inequívocos, concretos y determinados, precisos en su
significación, pues la falsa imputación ha de contener los elementos
definidores del delito atribuido aunque sin necesidad, naturalmente, de una
calificación jurídica (Sentencia de 26 de julio de 1993).
4. Dicho delito ha
de ser perseguible de oficio, es decir, ha de ser un delito público.
5. La falsa imputación
ha de dirigirse a persona inconfundible, de indudable significación, lejos de
la simple sospecha o de la débil conjetura.
6. El autor ha de
conocer el carácter ofensivo de su imputación, aceptando la lesión del honor
como resultado de su actuación; o ha de actuar con temerario desprecio hacia la
verdad.
Abordando el tipo subjetivo, la jurisprudencia viene
entendiendo que es necesaria la concurrencia de un elemento subjetivo del
injusto, consistente en el ánimo de infamar o intención específica de difamar,
vituperar o agraviar al destinatario de esta especie delictiva. Se trata de una
voluntad de perjudicar el honor de una persona (animus infamandi o difamandi)
revelador del malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito,
con finalidad de descrédito o pérdida de estimación pública. No es exigible tal
ánimo como única meta del ofensor, bastando con que aflore, trascienda u
ostente papel preponderante en su actuación, sin perjuicio de que puedan hacer
acto de presencia cualesquiera otros móviles inspiradores, criticar, informar,
divertir, etc., con tal de que el autor conozca el carácter ofensivo de su
imputación, aceptando la lesión del honor resultante de su actuar (véanse entre
otras las sentencias de 4 de julio de 1985, de 30 de enero y 19 de abril de
1986, de 15 de julio de 1988, de 19 de mayo de 1989, de 6 de febrero y 4 de
diciembre de 1990, y de 8 de mayo de 1991).
Desde la doctrina se afirma, especialmente a la vista de los
términos del tipo de calumnia en el Código Penal de 1995, que no es necesaria
la concurrencia del animus difamandi, bastando el conocimiento de la falsedad
de la imputación del delito (dolo directo) o el temerario desprecio hacia la
verdad (dolo eventual).
Tipo agravado: calumnia con publicidad
De conformidad con el artículo 206 del Código Penal, las
calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o
multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con
multa de seis a 12 meses.
La doctrina afirma que el fundamento de la mayor punición
radica en el incremento de los efectos lesivos contra el honor en aquellos
supuestos en los que la calumnia tiene lugar con publicidad.
El artículo 211 del Código Penal contiene el concepto legal
de publicidad a estos efectos: "la calumnia y la injuria se reputarán
hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la
radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante".
Agravaciones específicas
El art. 213 CP señala que si la calumnia se comete mediante
precio, recompensa o promesa, los Tribunales impondrán, además de la pena
señalada, la de inhabilitación especial prevista en los arts. 42 o 45 del CP,
por tiempo de seis meses a dos años.
Atenuantes y eximentes
Exceptio veritatis
El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda
pena probando el hecho criminal que hubiese imputado (artículo 207 del Código
Penal). La sentencia del Tribunal Supremo 192/2001, de 14 de febrero, afirmó la
constitucionalidad de este precepto.
Retractación del acusado
El art. 214 CP establece que si el acusado de calumnia
reconoce ante el juez la falsedad de las imputaciones y se retracta de ellas,
se rebaja la pena a la inmediatamente inferior en grado y se podrá dejar de
imponer la pena de inhabilitación que establece el artículo anterior.
Si el ofendido lo solicita, el juez ordenará la publicación
del reconocimiento en el mismo medio en que se vertió la calumnia.
Responsabilidad civil
El art. 212 CP determina la responsabilidad civil del
propietario del medio informativo, señalando que será responsable civil
solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a
través del cual se haya propagado la calumnia. (Art. 120.2 CP)
La reparación del daño comprende también la publicación o
divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales
delitos, en el tiempo y forma que el Juez considere más adecuado a tal fin,
oídas las dos partes (art. 216 CP).
Cuestiones procesales
• Es un delito privado al exigirse para su persecución querella
del ofendido o su representante legal, salvo que la ofensa sea a funcionarios
públicos, autoridad o agentes, en cuyo caso tienen naturaleza pública (art.
215.1 CP).
• El perdón del ofendido se configura no como causa de
exención de la responsabilidad criminal, sino como causa de extinción de la
acción penal (art. 215.3 CP).
• El delito de calumnia se enjuicia por los trámites de un
procedimiento especial regulado en los arts. 804 de la LECRIM y ss.
Recuerde
• Consiste en imputar a otra persona un delito falso.
• Se regula en el Título XI, Capítulo I del libro II, arts.
205 CP y ss.
• El bien jurídico protegido es el honor.
• Se distingue entre calumnia con y sin publicidad.
• El acusado quedará exento de toda pena probando el hecho
criminal que hubiese imputado.
Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.
