La Justicia impide en muchos casos despedir a empleados que
han pasado por prisión o que están siendo investigados. Mantenerlos en
plantilla exige extremar las medidas de prevención de riesgos penales.
La posibilidad de contar en la plantilla de la empresa con
un trabajador que haya sido condenado en un procedimiento penal o que esté
siendo investigado por la comisión de un delito -la antigua imputación- puede
plantear problemas a la compañía desde el punto de vista laboral, pero también
desde la perspectiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Desde el prisma laboral, la Justicia se ha puesto en muchos
casos del lado del trabajador impidiendo su despido. El juzgado de lo social nº
33 de Madrid declaró nulo el pasado 8 de junio el despido de un expresidiario
al que la empresa se negó a reincorporar tras cumplir su pena. Según el juez,
en un caso así "se impone el derecho del trabajador a ser reintegrado en
sus derechos de ciudadanía, sin que los antecedentes penales puedan en ningún
caso ser motivo de discriminación social o jurídica".
En este caso, el principal problema fue que la empresa no
alegó como motivo del cese las ausencias del empleado al ingresar en prisión.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido que, aunque la condena
penal no es por sí misma causa de despido, el trabajador sí sería responsable
de la ausencia al trabajo mientras está en la cárcel por haber sido condenado
por un delito determinante de su privación de libertad.
Investigados
¿Y si el empleado está siendo investigado, pero todavía no
está condenado? El Tribunal Supremo señaló en una sentencia del pasado 17 de
febrero que la imputación de un trabajador en un procedimiento penal no es
motivo de despido. Se trataba del despido disciplinario de uno de los imputados
en la Operación Emperador, abierta por blanqueo de capitales. La empresa alegó
transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza al ser investigado
en un proceso penal, pero el tribunal consideró que el despido debía ser
declarado improcedente, aunque no nulo, como pretendía el trabajador.
En otros casos, la imputación sí ha dado lugar a despidos
procedentes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una sentencia de
20 de marzo de 2014, reconoció la transgresión de la buena fe contractual de un
trabajador, adjunto a la dirección general de la empresa, imputado en una causa
penal por presunto delito de cohecho, debido al cobro ilegal de comisiones.
Rechazó el derecho a la presunción de inocencia invocada por el profesional y
argumentó que "la relación laboral exige una confianza entre las
partes" que se quiebra ante determinadas conductas, máxime teniendo en
cuenta el cargo que desempeñaba en este caso.
Mejor suerte corrió un cartero de Correos al que su
ludopatía le libró de un despido procedente. El trabajador retenía cartas
bancarias de clientes y llegó a ser detenido por la Policía, abriéndose un
procedimiento por estafa contra él, que finalmente se archivó "por enajenación
o demencia". El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
sentencia del pasado 3 de marzo, declaró el despido improcedente porque, aunque
los hechos son graves, la sanción disciplinaria no puede conllevar el cese, ya
que su trastorno ludópata impide atribuirle la culpabilidad por sus actos.
"en casos de
imputaciones o condenas delictivas vinculadas con trabajadores, incluso en
supuestos que nada tengan que ver con su prestación laboral, la empresa debe
tener protocolos claros internos de cómo actuar pensando, no sólo en la
relación laboral de ese empleado, que se debe extinguir de forma automática en
caso de condena firme como consecuencia de sus ausencias a su puesto de
trabajo, sino en la propia imagen de la empresa "la labor del compliance
officer en este sentido es muy relevante".
En el terreno del cumplimiento normativo, el hecho de contar
en la plantilla con personas condenadas por algún delito de los que pueden dar
lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas supone adoptar un plus
de prevención e incluirlo en el mapa de riesgos, estableciendo los controles
necesarios.
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