El Banco de España recibió un récord histórico de 18.000
reclamaciones de clientes bancarios por las cláusulas suelo de sus hipotecas en
el ejercicio 2013, según figura en la memoria anual de la institución, que ha
decidido intensificar su foco supervisor en la comercialización de estos
créditos.
Las quejas por la aplicación de límites a la bajada de los tipos
de interés en los préstamos para la compra de vivienda supusieron el 51% del
total de 35.185 reclamaciones que recibió el supervisor el año pasado, «una
magnitud nunca alcanzada hasta la fecha» que supone un aumento del 246% frente
a 2012.
Debido al aluvión de quejas, el departamento de conducta de
mercado y reclamaciones del Banco de España tuvo que contratar a la consultora
Deloitte para agilizar la tramitación administrativa de los expedientes.
La resolución de las quejas –sin embargo- sigue correspondiendo
al Banco de España. Y el supervisor está estudiando imponer multas a algunas
entidades, según desveló el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria al
portavoz adjunto de Economía del Congreso de los Diputados, Antonio Hurtado.
En concreto, el Banco de España ha dado la razón al cliente en
su queja contra las cláusulas suelo en 2.000 ocasiones desde el segundo
semestre de 2013 a enero de 2014, especificó el Ejecutivo. La tercera parte de
las veces, por incumplimientos normativos de las entidades, y el resto, por
quebrantamientos de las buenas prácticas bancarias.
Para vigilar el comportamiento de los bancos a la hora de vender
sus productos, el Banco de España prevé mandar inspectores a las sucursales
bancarias y a los servicios centrales de las entidades financieras para
requerir información y medidas correctoras si lo considera necesario.
Además de estudiar la imposición de multas y de mandar técnicos
a las oficinas, el Banco de España trabaja con el Ministerio de Economía, la
CNMV y la Dirección General de Seguros para cambiar el marco actual de las
reclamaciones financieras y adaptarlas al escenario europeo, donde
instituciones, como la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido, gozan
de más capacidad sancionadora.
La avalancha de reclamaciones por cláusulas suelo se originó a
raíz de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 9 de mayo de 2013 que
declaró nulas las contenidas en préstamos de BBVA, Novagalicia y Cajamar, por
considerarlas poco transparentes. Y el TS se reafirmó en su posición meses
después al rechazar el incidente de nulidad interpuesto por BBVA y Cajamar
contra la primera sentencia.
Esta controversia judicial ha cambiado la postura del Banco de
España sobre las cláusulas suelo. En su informe anual de 2010, la institución
las valoraba positivamente y advertía de que su eventual supresión podría
conllevar el aumento del coste del crédito. La Asociación Hipotecaria Española
(AHE) explica que las cláusulas suelo son un elemento más que se tiene en
cuenta para fijar el precio final del crédito, pero no el único.
La supresión de estos límites a la bajada de los tipos de
interés de las hipotecas, que permiten a los bancos asegurarse un determinado
nivel de ingresos en un escenario de tipos de interés en mínimos históricos,
tiene un impacto millonario sobre sus cuentas de resultados.
Al conocer el fallo del TS, BBVA cifró el coste anual en 420
millones de euros, y Novagalicia, ahora Abanca tras su compra por parte de
Banesco, en 576 millones. En Cajamar, el impacto se calculó en 50 millones.
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