LA QUIEBRA DE EMPRESAS DISPARA LA ACTIVIDAD EN LOS TRIBUNALES

Los juzgados españoles siguen acusando las dificultades de la economía nacional, sobre todo en los ámbitos mercantil y social, que son los más congestionados por el aumento de asuntos. La situación de la Justicia en un país puede ser un factor clave para el desarrollo de la actividad económica. No en vano, la seguridad jurídica se presenta a menudo como un aspecto que tienen muy en cuenta los inversores extranjeros a la hora de decidir entrar en un determinado territorio. Por eso, los datos que arroja el sistema judicial español pueden resultar cruciales para el porvenir del país, más aún en un momento en el que la recuperación económica constituye el principal reto para España en el corto plazo. La información que arrojan juzgados y tribunales también permite hacer una radiografía de la crisis y su evolución a lo largo de los últimos años. La semana pasada, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, presentó en la Comisión de Justicia del Congreso el informe La Justicia dato a dato, que recoge los principales indicadores de la situación de los los juzgados y tribunales españoles en 2013. El estudio, que pone de manifiesto una disminución generalizada de los asuntos ingresados en los órganos judiciales –se pasa de 8.875.557 asuntos en 2012 a 8.636.016 en 2013–, ofrece también pinceladas que permiten ver la realidad de la situación económica del país. Radiografía En los datos de 2013 se refleja un incremento del número de asuntos que se tramitan en los juzgados de lo mercantil y de lo social, en ambos casos con un aumento cercano al 20%, poniendo con ello de manifiesto los efectos de la crisis en los litigios que se siguen en este tipo de órganos judiciales. Un reflejo especialmente claro de la situación económica del país se aprecia en los datos de la jurisdicción social, la única en la que ha aumentado el número de asuntos pendientes y la única en la que ingresaron más asuntos, con un total de 469.329, de los que se resolvieron 408.092. En este sentido, las cifras muestran que durante 2013 disminuyó un 2,3% la tasa de resolución de asuntos (la diferencia entre los que ingresan y los que se resuelven). Además, el número de casos pendientes en lo social aumentó un 10,6%, la congestión subió un 5,3% y la litigiosidad se incrementó en un 1,5%. Otro factor clave cuando se trata de evaluar la calidad de la Justicia de un país es la duración de los procedimientos. Según el informe, en la jurisdicción civil, la media –en este caso desde que ingresa un caso en primera instancia hasta que queda resuelto en casación– es de dos años; en lo penal, de un año y dos meses; en lo contencioso-administrativo, de cuatro años; y en lo social de dos años y medio. Entrando más al detalle, llama la atención el dato que pone de manifiesto que, dentro de lo civil, los juzgados de lo mercantil son los que más tardan en resolver los asuntos, con una media de más de tres años (39,3 meses). Por otro lado, el tiempo medio para un embargo es de 25,67 días y 32,7 en el caso de lanzamientos. En 2013, aumentaron en un 26% las mediaciones civiles, mientras que en materia laboral se alcanzó un acuerdo en 14 de los 20 procesos de mediación tramitados y cerrados. Concursos Otro síntoma claro de la evolución económica es el número de concursos de acreedores. Las cifras no son muy esperanzadoras: en 2013 aumentó un 6% el número de concursos de acreedores declarados. De ellos, una amplia mayoría suele terminar en liquidación, lográndose en escasas ocasiones el objetivo de reflotar las empresas afectadas por la crisis. Además, la práctica totalidad de los concursos que se presentan en España son voluntarios (el 94%), es decir, que las propias empresas afectadas son las que se declaran en quiebra, en lugar de esperar a que los acreedores den este paso por la vía de un concurso necesario. En el balance total, se observa que a finales de 2012 quedaban pendientes de resolver 13.906 concursos, más del doble de los que habían entrado, lo que muestra un importante atasco de asuntos en este terreno. Por otro lado, en 2013, la Administración de Justicia recibió casi 7.000 millones de euros en concepto de depósitos o consignaciones judiciales, un dinero que se encuentra retenido, mientras se decide sobre los diferentes casos que estudian los órganos judiciales. A final de año, esta cuenta mantenía un saldo positivo de 3.420 millones de euros. Datos positivos No todo son malas noticias. Al margen de estos datos del CGPJ, el Consejo General del Notariado hizo públicas ayer las cifras de sus estadísticas respecto a la creación de empresas, según las cuales, durante el primer trimestre de 2014, la constitución de nuevas sociedades mostró un crecimiento positivo en términos interanuales del 6,7%. Por su parte, el capital promedio de las nuevas sociedades creadas se incrementó ligeramente en un 0,7% interanual. En términos mensuales, el número de nuevas sociedades constituidas en marzo fue de 9.956, lo que representa un crecimiento interanual del 14,6%, superior a la tasa si se tiene en cuenta la serie corregida de estacionalidad. El capital social promedio en marzo se situó en 17.884 euros, lo que supone un crecimiento interanual del 0,7%.