JUSTICIA GRATUITA

Los letrados rechazan esta nueva norma porque atenta contra derechos fundamentales de los ciudadanos y perjudica seriamente a los abogados adscritos al turno de oficio. El proyecto de Ley de Justicia Gratuita, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, puede tener graves consecuencias para los ciudadanos y los abogados adscritos al turno de oficio. De hecho, según la abogacía, no resuelve los problemas reales, sino que perjudica la actual prestación de este servicio para todos aquellos que necesiten una atención inmediata y cercana. Así lo han explicado en rueda de prensa la decana del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y vicepresidenta primera de la Abogacía Española, Sonia Gumpert; el vicepresidente segundo y decano de Barcelona (ICAB), Orial Rusca; y el presidente de la comisión de asistencia jurídica gratuita y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Javier Lara. “La ley parte de una sospecha de abuso de la justicia gratuita, algo que no es real, y añade dificultades para que los ciudadanos puedan acceder a la tutela judicial efectiva, lo que significa un claro recorte en sus derechos fundamentales”, ha explicado Lara. Por su parte, Gumpert ha hecho hincapié en que este proyecto de ley “no garantiza una financiación pública suficiente para mantener en pie el sistema de justicia gratuita y sigue vinculándola a lo recaudado por las tasas judiciales. Algo que no tiene ningún sentido”. El decano del ICAB ha explicado que lo que el Gobierno parece olvidar es que la justicia gratuita es un servicio público “y no puede acogerse a las leyes de mercado, como pretende el proyecto de ley. Los ciudadanos no son mercancías”. Rusca, que cree que existen muchas cuestiones criticables en este nueva ley, ha afirmado con rotundidad que “antes de aprobar este proyecto sería preferible mantener la norma anterior, ya que a pesar de sus problemas, es mucho mejor y ofrece todo tipo de garantías.