ICO

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una empresa pública española, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaria de Estado de Economía, que posee naturaleza jurídica de entidad de crédito con capacidad para prestar fondos a terceros. Tiene personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. En concreto, persigue sostener y promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento y mejora de la distribución de la riqueza nacional, y en especial aquellas actividades que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria. En el logro de sus objetivos, desempeña una doble función de banco público de inversión y de Agencia Financiera del Estado, por la que ejecuta las operaciones financieras encargadas por el Gobierno ante situaciones excepcionales como, por ejemplo, catástrofes naturales. Dentro de la faceta de banco público de inversión, el ICO actúa de dos maneras distintas: — En primer lugar a través de líneas de mediación, las cuales persiguen apoyar a las empresas españolas mediante la financiación de sus inversiones, fundamentalmente de tipo productivo. Los préstamos les conceden, con las condiciones estipuladas por el propio ICO, las entidades de crédito privadas (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), las cuales se encargan de estudiar, aprobar y formalizar las solicitudes presentadas por las empresas. En este sentido, el ICO mantiene acuerdos de colaboración con la práctica totalidad de las entidades de crédito que se encuentran implantadas en el territorio nacional. Generalmente los fondos de estas líneas de mediación se destinan a pequeñas y medianas empresas que se ven favorecidas por largos plazos de amortización, tipos de interés preferenciales y cierta simplicidad en la tramitación de los préstamos. — En segundo lugar, se sirve de la concesión directa de fondos, al igual que cualquier otra entidad de crédito, con fines tales como la financiación de grandes proyectos de inversión realizados en España por empresas, administraciones públicas y sus entes dependientes o en el exterior en los que participen empresas españolas. A la hora de conceder fondos directamente, el ICO prima a una serie de sectores que considera estratégicos: energía, gas y electricidad; infraestructuras del transporte; medio ambiente; telecomunicaciones; etcétera. Los fondos de financiación directa, a diferencia de lo que ocurre con las líneas de mediación, se dirigirán generalmente a empresas de gran dimensión, exigiéndose una cuantía mínima en los préstamos que suele cifrarse en torno a los seis millones de euros. En este caso, las empresas interesadas en obtener el préstamo habrán de dirigirse directamente al ICO, el cual se encargará del estudio del proyecto y de la tramitación de la operación, así como de su riesgo en el caso de que se conceda ésta. El ICO es la última muestra de entidad de crédito público que pervive en España. El advenimiento de la crisis financiera en 2008 ha dado un nuevo papel protagonista al ICO al actuar como canalizador de las ayudas de diverso tipo que se han instrumentado al objeto de reactivar la actividad empresarial.