ESTADO DE BIENESTAR

Por Estado de Bienestar se entiende el conjunto de actividades desarrolladas por los Gobiernos que guardan relación con la búsqueda de finalidades sociales y redistributivas a través de los presupuestos del Estado. Se refiere, por tanto, a la actividad desarrollada por la Seguridad Social en cuatro frentes: transferencias en dinero (por ejemplo subsidios de desempleo o vejez), cuidados sanitarios (un sistema de salud universal y gratuito), servicios de educación (garantizar el acceso al conocimiento de todos los ciudadanos) y provisión de vivienda, alimentación y otros servicios asistenciales. II. ORIGEN La expresión Estado de Bienestar apareció por primera vez en 1942 en un documento denominado Informe Beveridge (el título original era Social Insurance and Allied Services). Dicho documento sirvió para establecer los pilares del sistema de seguridad social británica y para que por primera vez se hablar de un Estado de Bienestar. Sus tres ejes fundamentales eran la vivienda familiar, la salud pública y el empleo, si bien como se ha señalado en la actualidad el término sobrepasa esas tres funciones. De cualquier forma delimitar el Estado de Bienestar resulta complicado por diversos motivos. En primer lugar porque en cada país y en cada momento histórico la forma de proveer estos servicios propios del Estado de Bienestar han variado significativamente. Por ejemplo el Estado puede proporcionar servicios sanitarios a la población a través de hospitales que sean de propiedad pública, pero también a través de hospitales privados a través de subvenciones. La segunda razón por la cual resulta complicado acotar más el concepto es que los límites del Estado Providencia son muy amplios: ¿hasta qué edad hay que garantizar la educación gratuita? ¿Cuánto tiempo debe percibir un parado un subsidio de desempleo? Por último habría que recordar que la asistencia social, en muchos casos y etapas históricas, trascendió de las competencias del Estado, siendo asumida por otros agentes, como la Iglesia o en la actualidad las ONG. III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Aunque el término se acuñó en el año 1942, el Estado de Bienestar es resultado de un proceso lento que se remonta al siglo XIX, y que se encuentra íntimamente relacionado con la necesidad de dar respuesta a las necesidades de una población y una sociedad en crecimiento y en continua evolución. En concreto podrían diferenciarse tres etapas históricas que se corresponden con su grado de difusión y generalización: 1. El Estado asistencial o residual Constituye el antecedente histórico y conceptual del Estado de Bienestar. La Seguridad Social residual fue propia del antiguo régimen y la heredó el Régimen Liberal. Se corresponde con la beneficencia. En el Estado Asistencial sólo se podía acceder a las prestaciones cuando se demostraba la indigencia del perceptor. De esta forma el Estado asistencial sólo atendía a aquella parte de la población que vivía por debajo de la línea de la pobreza. Generalmente no era el propio Estado quien proveía de estos servicios, sino que éstos eran prestados por los municipios o por entidades privadas dedicadas a la beneficencia (de todas ellas quizás la más activa fuera la Iglesia). 2. El Estado providencia En esta segunda etapa los ciudadanos podían acceder a los servicios sociales sin tener que demostrar su nivel de renta. Sin embargo sí debían cumplir unos requisitos: haber contribuido y que hubiera ocurrido alguna contingencia prevista en el seguro (por ejemplo haber perdido el trabajo o haber sufrido un accidente). Se trataba por tanto de una seguridad social basada en seguros sociales contributivos y obligatorios. El Estado Providencia se desarrolló desde finales del siglo XIX en Europa, circunscrito a la necesidad de expandir las funciones presupuestarias públicas tradicionales consistentes en el suministro de bienes públicos, a otras más amplias en las que la redistribución de la riqueza ganaba importancia. De esta forma y por primera vez se destinó parte del presupuesto al gasto para la promoción de seguros sociales obligatorios, así como para la provisión de bienes públicos preferentes (educación y sanidad y en menor medida vivienda) El Estado Providencia aparece en la Alemania conservadora de finales del XIX y no, como podría haberse pensado erróneamente, en la Gran Bretaña industrializada. Aunque el proceso fue largo, hay quien lo remonta a la Prusia absolutista, el Estado de Bienestar alemán experimentó su desarrollo definitivo en la época de Bismarck durante el último cuarto del siglo XIX. En el caso español el Estado Providencia abarca desde el año 1900 hasta la guerra civil (1936). Se basó en la extensión de los seguros sociales profesionales así como en el desarrollo de una legislación laboral. Sin embargo no se tradujo en aumento notable del gasto público social. El triunfo de Franco y el establecimiento de una Dictadura en España (1939-1975), afectó al Estado providencia de una manera peculiar. El Régimen y sus organismos paraestatales se hicieron responsables del auxilio social y de los seguros profesionales. En este caso sí que aumentó el gasto público, pero en relación con el resto de las democracias europeas dicho incremento fue moderado. 3. El Estado de bienestar En esta caso el Estado provee de seguridad social a todos los ciudadanos, con carácter universal, y sin tener en cuanta ni sus ingresos ni su condición laboral. La evolución política y económica del período de entreguerras (1919-1939), fueron determinantes para el paso de un Estado Providencia a un Estado de Bienestar, si bien el gran crecimiento del mismo no tuvo lugar hasta el fin de la II Guerra Mundial. Dicho impulso se encuentra relacionado con el desarrollo de las tesis keynesianas que triunfan tras la II Guerra Mundial y que recogían la necesidad de mantener el consumo a fin de asegurar el equilibrio y la expansión del capitalismo. Aunque estas teorías se formularon con anterioridad, las condiciones para que se pudieran aplicar sin complejos las medidas de política económica basadas en las mismas no se dieron hasta los años 40. Éstas persiguen la consecución de una situación de pleno empleo (tasa de paro por debajo del 3% de la población activa), una seguridad social de carácter universal que cubra a todos los ciudadanos, y una educación gratuita en todos los niveles. El objetivo último sería conseguir una sociedad más justa, mediante la redistribución de la riqueza generada por el capitalismo. la importancia del gasto social en los presupuestos de las economías occidentales comenzó a aumentar tras la I Guerra Mundial. La consolidación tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, cuando el gasto público social llegó a alcanzar casi un tercio del total presupuestado. En España, sin embargo, dicho desarrollo se retrasó hasta el restablecimiento de la democracia en la década de los 70. Sólo entonces el Estado se encargó de cubrir los riesgos con carácter universal todos los ciudadanos españoles, así como de suministrar bienes preferentes y redistributivos tales como la educación o la sanidad. Varias son las razones según Lindert (2004) y Comín (2006) que explican el afianzamiento y desarrollo del Estado de Bienestar en este período. En concreto resultó indispensable para ello la consolidación de instituciones democráticas unido al gran crecimiento económico experimentado por las economías occidentales tras la II Guerra Mundial. En primer lugar el crecimiento económico permitió alcanzar niveles de renta y de ahorro que permitieron a los Estados establecer sistemas fiscales equitativos y eficientes con los que financiar los servicios de seguridad social demandados por los ciudadanos. Por otra parte la democratización permitió afianzar esa transformación presupuestaria del Estado, así como el desarrollo de una legislación social acorde con la misma. De hecho el sistema de Seguridad Social se extendió en los años 50 del siglo XX, coincidiendo con la consolidación de las democracias en Europa y el establecimiento del sufragio universal en las mismas. 4. Crisis y recuperación del Estado de bienestar Las crisis económicas que tuvieron lugar en los años 70 (crisis energética) y principios de los 90 del siglo XX, provocaron que se alzaran voces poniendo en duda la continuidad del modelo del Estado de Bienestar. El envejecimiento paulatino de la población y el aumento del paro provocado por estas crisis, obligaron a los Gobiernos a endeudarse para poder hacer frente a sus compromisos en el pago de subsidios de desempleo y pensiones de vejez. Muchos economistas indicaron entonces que no podría sostenerse en el tiempo un sistema con tan elevados gastos. En la actualidad, sin embrago, y como consecuencia de la crisis económica en la que se ha visto sumido el Mundo al finalizar la primera década del siglo XXI, se han vuelto a alzar las voces de aquellos que consideran indispensable garantizar las prestaciones sociales de una población que se está viendo muy afectada por la misma. IV. LAS NUEVAS FUNCIONES DEL ESTADO La acción del sector público es indispensable para el desarrollo del Estado de Bienestar. Existen diversos instrumentos que ele permiten al Estado garantizar el establecimiento de una Seguridad Social a la que tengan acceso todos sus ciudadanos (Comín, 1996): — A través de leyes que regulen la calidad de los servicios públicos (leyes sobre salud pública), cantidad a consumir (afiliación obligatoria a la Seguridad Social) y de los precios (salario mínimo o el precio de los medicamentos) — Estableciendo subvenciones al consumo de determinados productos o servicios. Dicha subvención puede ser total, caso de algunas medicinas, o parcial, como para determinados bienes básicos. — El Estado puede realizar transferencias de renta para garantizar una renta a los ciudadanos — En cuanto lugar puede convertirse en empresario, ofertando servicios sociales bien directamente bien a través de organismos públicos. En otros casos prefiere financiar públicamente el servicio mediante subvenciones, en cuyo caso será prestado por empresas privadas. Además el Estado puede contar con otros importantes instrumentos para la consecución de los objetivos del Estado de Bienestar en la medida en que la mejor asistencia social la constituye el garantizar el pleno empleo, (si no hay paro no se tendrá que destinar parte del presupuesto a pagar subsidios de desempleo). Desde esta perspectiva las políticas fiscales y monetarias resultan vitales para el mantenimiento del Estado de Bienestar. V. LOS CUATRO MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR El sociólogo danés Gosta Esping— Andersen definió tres tipos de Estado de Bienestar. Para ello analizó tres grandes áreas: las relaciones Estado— Mercado, la estratificación y la desmercantilización (de— commodification). Así, el Estado Central dispone de una autonomía que le permite desarrollar los sistemas nacionales de protección social, pudiendo determinar cuál será la producción de bienestar que desea para sus ciudadanos. En este sentido diferencia tres modelos, que se podrían extender a un cuarto: — Modelo liberal anglosajón: en el mismo el Estado decide cubrir únicamente los riesgos que no puede asumir una sociedad decente. En este caso los riesgos se definen con carácter restrictivo y sólo se concede la protección social una vez comprobados los medios de vida e ingresos del beneficiario. — Modelo conservador— corporativista o europeo continental. Parte del principio de subsidiariedad. El Estado interviene siempre y cuando fallen las instituciones más próximas al individuo, como la familia. — Modelo socialdemócrata o nórdico, en el que el Estado cubre todos los riesgos partiendo del principio de universalidad de las prestaciones sociales. Supone la transformación de los sistemas de asistencia social tradicionales en nuevo sistemas con derechos erga omnes (frente a todos) y con amplios programas de servicios sociales. — El cuarto modelo, cuya existencia se debate, sería el mediterráneo. Éste se caracterizaría por la existencia de una asistencia social mínima. La fama de una alternativa norteamericana al Estado de Bienestar se justificaba por el mayor crecimiento económico de EEUU y, sobre todo, por sus menores tasas de desempleo. En la actualidad esta justificación de encuentra en entredicho. Lindert (2004) ha demostrado que el mantenimiento de los gastos sociales en Europa no tiene un coste sobre el potencial de crecimiento económico, siempre que incluya una estructura impositiva que no penalice la inversión ni el trabajo, y siempre que se coordine con las políticas económicas adecuadas.