INCERTIDUMBRE SOBRE LA FUTURA GESTION DEL REGISTRO CIVIL

Tras la negativa de los registradores de la propiedad a asumir la gestión del Registro Civil de forma gratuita, el Ministerio de Justicia parece haber renunciado a esa posibilidad y comenzado a buscar nuevos colectivos a los que encomendar esa gestión. A este respecto, el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón habría fijado dos líneas básicas para negociar el traspaso de los registros civiles a un colectivo distinto al formado por los jueces: mantener sus cerca de 4.800 puestos de trabajo y que el ciudadano no pague costes por realizar sus trámites. El Gobierno ha trabajado desde el comienzo de la legislatura en la idea de modificar el Registro Civil, cuya última reforma fue aprobada bajo el último mandato socialista por la Ley Orgánica 8/2011, que entraría en vigor en julio de 2014. El PSOE dio luz verde a desjudiciaizar los registros y encomendó su gestión a funcionarios públicos o secretarios judiciales. Ahora, el Gobierno del PP quiere cambiar la ley socialista. También aboga por sacar el Registro de la esfera de los jueces para que estos puedan dedicarse a su misión constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero debate a quien encomendar esta competencia. De momento, ha descartado entregarlo al Colegio de Registradores de la Propiedad al no alcanzar ningún acuerdo sobre la financiación de este servicio público. En la actualidad, se destina una partida presupuestaria a soportar el Registro Civil y los ciudadanos no pagan por sus trámites. Según informaron a Europa Press fuentes del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, este órgano condicionó la asunción de esta competencia que les propuso el Ministerio a contar con una financiación "suficiente y vinculada" a la prestación del Registro Civil, tener autonomía en su desarrollo informático y que exista un amplio consenso político y social. Estas condiciones las puso encima de la mesa el nuevo decano Gonzalo Aguilera, elegido el pasado otoño, después de que los registradores rechazaran por amplia mayoría asumir esta función si no se daban tales requisitos. Sin embargo, Justicia se ha opuesto a su financiación vía impuestos o por el usuario que acude al registro, según las fuentes de este órgano. La negociación parecía ya encauzada cuando el decano envió una carta "privada" a sus afiliados, informando de la decisión "final" del Gobierno de asignar el Registro Civil a los registradores, quienes lo asumirían con "plena capacidad auto-organizativa" en su organización territorial, material y tecnológica de acuerdo a la ley. Actitud de los sindicatos Sin embargo, esta idea se ha truncado y el Ministerio analiza ahora otros colectivos a los que entregar el Registro Civil. Fue en diciembre de 2012 cuando se conoció un borrador de anteproyecto que prevía su traslado a los registradores mediante la aplicación de aranceles, aunque luego ha defendido la gratuidad. CCOO ha celebrado esta "primera victoria" para que los registros civiles sigan siendo gestionados por personal de la Administración de Justicia. Sin embargo, ha advertido de que la "batalla no está ganada" y, por lo tanto, seguirá convocando concentraciones todos los jueves ante los registros civiles hasta saber a quién los entrega finalmente el Ministerio de Justicia. CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, también ha defendido que la única alternativa pasa por un Registro civil público gestionado por funcionarios públicos especializados y capaces para asumir el "reto" de modernizar este servicio. Los Secretarios judiciales retoman contactos para asumir Registro Civil Por su parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha explicado su intención de retomar los contactos con los partidos políticos y el Ministerio de Justicia para que los fedatarios públicos asuman el Registro Civil y que se "actualice" este servicio para lograr un funcionamiento completamente eficaz. El portavoz de la asociación, Carlos Artal, ha valorado en declaraciones a Europa Press como una "gran noticia" que el Ministerio de Justicia haya renunciado a entregar los registros civiles al Colegio de Registradores y ha considerado que esta idea conllevaría "despreciar una experiencia" acumulada por los empleados públicos durante años. "Estamos haciendo un trabajo muy digno y sin medios. Si se actualiza, funcionará perfectamente", ha proseguido Artal, para concluir que durante las últimas dos o tres semanas solo han obtenido "calladas por respuesta" desde el Ministerio ante su interés por conocer el estado de las negociaciones en torno al Registro Civil. En cualquier caso, Artal ha advertido de que si el Registro Civil se "privatiza" con su entrega a otros colectivos que no reúnan sus condiciones de funcionarios públicos, "sería para echarnos a la calle". Gallardón insiste en que el Registro Civil será gratuito y funcionará sin jueces y con funcionarios Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha insistido este miércoles que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, en que se va a "desjudicializar" para aliviar la carga de trabajo de los juzgados, y que será gestionado por funcionarios públicos. Gallardón ha recordado que este registro es gratuito y así lo seguirá siendo "tanto en el acceso al mismo como para la obtención de certificaciones", y ha añadido que esta actividad no la deben hacer los jueces para intentar aliviarles de carga de trabajo. También ha afirmado que serán funcionarios públicos quienes se ocuparán de gestionar este servicio, "pero no de un único cuerpo porque en función de la división territorial de España habrá que buscar lo más adecuado". Al preguntársele si en Cataluña podrían asumirlo los funcionarios de la Generalitat, ha dicho que no va a anticipar quienes serán los distintos trabajadores públicos que se encargarán, pero que en todo caso no serán los jueces. (ERUOPA PRESS y Redacción)