lunes, 4 de diciembre de 2017

SI TE TOCA UNA CESTA EN EL SORTEO DE NAVIDAD, DEBERÍAS PAGAR A HACIENDA POR ELLA



 

Participar en rifas o comprar papeletas en numerosos locales de barrio, hipermercados, peluquerías, bares, donde el premio es una cesta navideña o lote de productos, es otra de las costumbres más arraigadas de estas fiestas, cuyos premios se adjudican en función del número que resulte agraciado en el tradicional Sorteo de Navidad.

No es lo mismo la cesta ganada en un sorteo que la entregada por la empresa como regalo. Una será una ganancia patrimonial y otra una retribución en especie.

Pero, pese a que no es nada habitual que el ganador lo declare, ni que Hacienda lo reclame, la ley especifica que cualquier ganancia patrimonial debería declararse en el IRPF, no siendo indiferente, por tanto,  las cestas y macrocestas sorteadas según el número ganador del Sorteo de Navidad.

Teniendo esto en cuenta, el contribuyente debería declarar también, por ejemplo, los regalos que recibe los días previos a su boda, las conocidas como "galas", o incluso las cestas de Navidad con las que las empresas obsequian a sus trabajadores en estas fechas.

En este punto,  existen diferencias entre las cestas que regalan las empresas a sus empleados y las que cualquiera podemos ganar en una rifa o sorteo. En el primer supuesto, es decir, la cesta de empresa, se consideraría como retribución en especie, con lo cual habría que valorar a precio de mercado esos artículos y se sumaría al salario, en el apartado de las retribuciones en especie; mientras que en el segundo caso, las cestas asociadas por ejemplo al Sorteo de Navidad del hipermercado, bar o peluquería del barrio, según recoge la Ley del IRPF, se consideran ganancias patrimoniales, que, como no derivan de la transmisión de un elemento patrimonial, van a la base general y el valor será el de mercado.

Es decir, si el próximo día 22 participamos en algún sorteo y resultamos ganadores de una gran cesta, la Ley del IRPF recoge que deberemos tributar por ello en la base general de la Declaración del IRPF correspondiente a ese ejercicio.

Ganancias en especie: Macrocestas, motocicletas, viajes, automóviles...

Es muy habitual también que, como indicábamos, además de papeletas o décimos, se apueste en tiendas y locales comerciales por rifas que cuyo ganador obtendrá llamativos artículos, desde última tecnología hasta bicicletas, automóviles, motocicletas, etcétera. En esta circunstancia, los premiados necesitarán disponer de liquidez, pues deberán hacer frente también al pago correspondiente a Hacienda por dicha ganancia patrimonial. Una alegría que finalmente se puede volver un quebradero de cabeza, pues la Agencia Tributaria obligará a su beneficiario a tributar por el premio obtenido.

Cuando esas "macrocestas" se componen de motos y coches, el afortunado deberá, además, pagar el correspondiente impuesto de matriculación, circulación y los cambios de titularidad en Tráfico. Cuando se trata de una vivienda, también deberá hacer frente a los correspondientes tributos que lleva consigo una transmisión de vivienda.

Pese a que lo habitual es que este tipo de premios no se declare, a no ser que su valor sea cuantioso, lo que debemos tener presente es que la legislación española contempla la tributación por dichas ganancias y estará en cada ciudadano declarar o no esos premios en la base general del IRPF.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

viernes, 1 de diciembre de 2017

EL CONSUMIDOR PODRÁ CANCELAR SU CUENTA CORRIENTE EN 24 HORAS


 

 

El Real Decreto-Ley de Cuentas de Pago Básicas aprobado este viernes en Consejo de Ministros propicia que las entidades de crédito estarán obligadas a ofrecer el acceso universal a una cuenta de pago básica al consumidor. Al mismo tiempo deberá entregar al nuevo cliente un informe sobre las comisiones y lo actualizará anualmente. La norma también permitirá en 24 horas cancelar una cuenta corriente.

Al mismo tiempo, para todas las cuentas, la norma facilita al cliente el conocimiento de las comisiones que paga y la comparación con el fin de mejorar la transparencia. El Real Decreto-ley aprobado en este Consejo de Ministros, traslada a la legislación española la Directiva 2014/92/UE sobre estas materias.

Este Real Decreto-ley garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, que debe proporcionar una serie de servicios como son la domiciliación de recibos, uso de tarjetas o transferencias. También busca una mayor transparencia en las relaciones entre entidad financiera y consumidor que no siempre son sencillas, sobre todo por la falta de cultura económica de éste.

Al establecer el derecho a una cuenta de pago básica, se evita que los bancos puedan discriminar a los clientes en función de su rentabilidad. Las personas que carecen de permiso de residencia también tendrán ese derecho.

Aunque esta cuenta bancaria puede llegar a ser gratuita, el Ministerio de Economía se encargará de fijar una comisión máxima “razonable“, según han explicado fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos.

El objetivo es mejorar la inclusión financiera y potenciar el mercado europeo. Para ello se garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, se mejora la transparencia y la comparabilidad de las comisiones aplicadas a las cuentas de pago y se agiliza el traslado de cuentas de pago.

La cuenta de pago básica es un nuevo producto bancario creado por la Directiva europea, que estará denominada en euros y que facilitará el acceso a una serie de servicios como son la apertura, utilización y cierre de la cuenta, depósito de fondos, retirada de efectivo en la entidad o en cajeros, domiciliación de recibos, uso de tarjetas de débito o prepago y transferencias. Estas cuentas tendrán una comisión máxima que fijará el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Denegación de acceso a la cuenta en supuestos muy concretos

Las entidades de crédito podrán denegar el acceso a las cuentas de pago básicas en casos muy tasados. Por ejemplo, si el potencial cliente no aporta la información requerida por la entidad en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo según lo previsto por la legislación nacional o si su apertura sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público.

También se podrá denegar cuando el cliente ya sea titular de una cuenta que permita realizar los mismos servicios. El Ministerio de Economía fijará mediante orden ministerial el límite máximo a aplicar en este tipo de cuentas.

Para todas las cuentas en general, el RDL establece el derecho al traslado a otra entidad o dentro de la misma, obligación que afecta a todos los proveedores de servicios de pago, no solo a las entidades de crédito.

El traslado se efectuará de forma rápida, ágil y eficaz en un periodo máximo de 13 días. Los proveedores de servicios de pago podrán denegar el traslado del saldo de una cuenta de pago a aquellos clientes que tengan obligaciones pendientes de cargo en dicha cuenta.

Cancelación de cuentas en 24 horas

Además, se va más allá de la Directiva permitiendo a los consumidores la cancelación de cuentas en 24 horas. La excepción es que el usuario tuviera contratado con el proveedor de servicios de pagos otro producto o servicio financiero para cuya gestión sea necesario mantener abierta una cuenta de pago con el proveedor de servicios de pago.

En cuanto a las comisiones y también aplicable a todas las cuentas, el RDL establece que los proveedores de servicios de pago proporcionarán al cliente o potencial cliente un documento informativo de las comisiones con suficiente antelación.

Además, deberán proporcionarle cada año y gratuitamente, un estado de todas las comisiones en que hayan incurrido para los servicios asociados a una cuenta de pago.

El Banco de España podrá establecer los requisitos que deben cumplir ambos documentos, que habrán de ser precisos, breves y con una estructura clara. Dispondrá de un sitio web, de acceso gratuito, que permita comparar las comisiones que aplican los proveedores de servicios de pago.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

jueves, 30 de noviembre de 2017

LEASE BACK


 

 

Al referirnos al Lease Back, nos encontramos sin duda ante uno de esos contratos “atípicos” (al menos en el derecho español) creados en el marco de la autonomía de voluntad de las partes, consagrada fundamentalmente en nuestro derecho en el artículo 1255 del código civil.

Así lo ha venido afirmando nuestro Tribunal Supremo, que resaltando la desaparición de la figura del tercero proveedor del bien (por contraposición al leasing tripartito o típico), lo enmarca como contrato lícito y válido en el marco de dicho artículo (STS de 20 de noviembre de 1999).

Por consiguiente, se ha calificado como una operación autónoma, admisible y lícita cuya finalidad no es obtener o mantener el bien o activo enajenado, sino la de conseguir dinero evitando las solemnidades exigidas para la solicitud de un crédito, además de un reflejo indudable de solvencia de la empresa (Sentencia de la Audiencia Nacional del 9 de abril de 2012).

Estamos en lo que se ha venido a denominar como el proceso de “americanización del derecho mercantil”, y que hace referencia a como la práctica comercial estadounidense se convirtió en motor de creación de instituciones jurídico-mercantiles en el viejo continente. Y esta importación de la práctica estadounidense, surgida por tanto en el marco de los sistemas de common law (se dice que los comerciantes del Reino Unido antes de 1936 utilizaron a pequeña escala fórmulas de financiación similares) acentúa y manifiesta el papel de la autonomía de la voluntad como fuente de producción normativa, superadora por ende del papel del Estado. Lo que conecta directamente con las teorías del Derecho global o global law.

En efecto, en el marco actual del Derecho, lo que conocemos como Derecho Global o Global Law apunta hacia una nueva fase, la de la globalización o mundialización, que engloba y supera a las anteriores de europeización (a los procesos de integración regional) y a la de internacionalización (iniciada tras la segunda guerra mundial). En esta fase de la globalización nos encontramos ante la existencia de una pluralidad de reglamentaciones de origen supranacional, estatal y privada.

El fenómeno de la mundialización actual requiere un nuevo tratamiento jurídico, y este no puede venir de la “vieja estructura” del Estado. Por eso, los estudiosos del Global Law centran su atención no tanto en los procesos de producción de las normas, cuanto en los procesos de transmisión, circulación y penetración en los sistemas jurídicos de esas normas.

Esta realidad se contempla más fácilmente si centramos nuestra observación en el derecho privado, y más en concreto en el derecho regulador de las relaciones comerciales internacionales, donde como consecuencia de la menor intervención estatal y por su carácter esencialmente económico, este proceso ha comenzado con anterioridad.

Podríamos afirmar que, si en la internacionalización se hace hincapié en el estudio de las normas internacionales o internas como producto de la intervención del Estado, en la mundialización del derecho, lo relevante son no solo los procesos de creación, sino y fundamentalmente, de transmisión y penetración en los sistemas jurídicos de esas normas. Y una de las primeras conclusiones derivadas de la observación de esta nueva realidad es la de la aproximación de los dos grandes sistemas jurídicos: el del common law y el de derecho continental. No es correcto compartir la opinión dentro de la doctrina jurídica que postula sin más la existencia de una conciencia común creada por los medios de comunicación, y por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Que se ha generado una sociedad global que requiere una respuesta global proporcionada por un derecho global, por un nuevo orden jurídico.

De hecho, parte de los juristas del derecho internacional privado contemporáneo comparten una opinión radicalmente opuesta. Centrando la atención en los procesos de producción normativa, se hacen eco de la necesaria intervención de los distintos actores sociales en la formulación de las normas que han de regular sus relaciones jurídicas (agrupaciones de consumidores, profesionales, de la Administración etc).

Y ese planteamiento no es del todo erróneo, sin duda que esta “democratización” de los procesos de producción normativa es propia de nuestro tiempo. Sin embargo, quienes sostienen esta concepción olvidan la necesaria funcionalidad del derecho. El objetivo último de las normas jurídicas que es dar respuestas a las necesidades de la sociedad. De una sociedad globalizada.

Así pues, y sin dejar de poner el foco en los procesos de producción normativa, pero sin olvidar la necesaria funcionalidad del derecho, entroncamos con una concepción del derecho superador del Estado.

Si nos centramos en el entorno jurídico, podemos ver numerosos estudios que se refieren a la existencia de un derecho global en general, de un derecho administrativo global “in fieri”, de un derecho penal internacional, de un derecho del comercio internacional uniforme, de un derecho internacional privado uniforme, o de unos principios de derecho constitucional generalmente aplicables que conducen a un proceso de uniformidad también en esta rama del derecho. Dichos estudios se basan en la existencia de una jurisprudencia comparada de los Altos Tribunales nacionales, en la existencia de un grado de consenso entre las naciones que permiten concluir Acuerdos o Tratados internacionales, y en otras, quizás las más, en la existencia de unos principios generales que resultan aplicables a las distintas ramas de los sistemas jurídicos nacionales. Principios que, como en el caso del Derecho administrativo global, se extraen del estudio comparado de las distintas legislaciones nacionales y supranacionales.

Régimen jurídico del Leasing y del Lease Back en España.

En España y respecto al contrato de leasing, podemos afirmar que nos encontramos ante un contrato atípico, y ello pese a contar con una regulación expresa. Y podemos hablar de contrato atípico porque la regulación del leasing es una regulación escueta y no comprensiva del conjunto de obligaciones y derechos derivados de esta modalidad contractual. Tan solo en la Disposición Adicional Tercera de la ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito (que sustituye a la ley de intervención y disciplina del año 1988) encontramos una escasísima regulación del tradicional leasing tripartito en el que existen tres empresas. El proveedor o fabricante del bien, el arrendador financiero o lessor (la sociedad de leasing) que lo adquiere siguiendo las especificaciones del arrendatario, y el arrendatario financiero o lesee.

En concreto, la ley atribuye la consideración de arrendamiento financiero a aquellos contratos “que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario”.

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

1ª DEMANDA EN ESPAÑA PARA QUE LA ANSIEDAD DERIVADA DEL AMIANTO SE RECONOZCA COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL



 

Cinco trabajadores de la empresa Honeywell, actualmente ubicada en la Zona Franca de Barcelona, han interpuesto ​la primera demanda que se presenta en España reclamando el reconocimiento como enfermedad profesional de los trastornos de ansiedad y depresión que sufren muchas de las personas que han trabajado expuestas al amianto.

Según los expertos el punto álgido a esta enfermedad de exposición al amianto se verá a partir del 2020.

La demanda reclama a cada trabajador una indemnización de 5.000 euros para estas personas con ataque de ansiedad. “Se señala que hay infracciones claras por parte de la empresa al trabajar sin medidas preventivas lógicas y hay un resultado lesivo que es la ansiedad que sufren los trabajadores por culpa  de esta situación. La empresa debe resarcir de los daños ocasionados al trabajador en este contexto”.  No se descartan más demandas de este tipo en el futuro.

Estas personas se enfrentan a la perspectiva de pasar el resto de su vida sometidos a revisiones médicas anuales para detectar la eventual aparición de algunas de las patologías potencialmente mortales que el amianto puede causar.

Según la propia inspección de Trabajo podría haber entre 1.000 y 1100 trabajadores expuestos al amianto, un material del que nuestro país fue el máximo productor europeo y que desde 2002 se prohíbe en España trabajar con él.Honeywell acumula en lo que va de año 17 sentencias -incluyendo resoluciones del Tribunal Supremo- que responsabilizan a la empresa de las defunciones y enfermedades de ex-trabajadores provocadas por la exposición al amianto en condiciones de falta de seguridad. También ha recibido sanciones por falta de prevención de riesgos laborales.

“Los trabajadores tienen que hacer reconocimientos médicos. Los que han estado expuestos quince o veinte años al amianto saben que sus compañeros después de la revisión se han detectados diferentes dolencias, algunas derivadas con el cáncer”.

Lo que sucede es que el grado de ansiedad que tienen a la hora de hacer esos reconocimientos es muy fuerte por el miedo a la situación. Entendíamos que se podría pedir a la empresa daños y perjuicios por esa situación de ansiedad”, apunta Alex Tisminetzky, abogado del despacho Colectivo Ronda.

La demanda, que ha sido confeccionada por Colectivo Ronda con el apoyo de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC), se acaba de presentar ante los juzgados de lo social de Barcelona “sabemos que se admitirá y estamos a la espera que se señale la vista”, indica  Tisminetzky, abogado que ha llevado muchos casos similares en los últimos años. Y tiene un precedente directo en una sentencia dictada en junio de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de París.

La citada asociación de afectados se ha generado por la colaboración de trabajadores de algunas empresas de Catalunya  “la mayor parte de ellas de diferentes sectores, hay algunas que han hecho trenes, frenos para vehículos e incluso  estibadores que entraban el amianto por el puerto. Puede haber cientos de afectados por el amianto”.

Nuestro interlocutor nos confirma que hay dos cuestiones “una la exposición del amianto y sus efectos que se detecta unos veinte años después y la otra la ansiedad generada por la situación de verse inmersos en este tipo de situaciones. En este caso no hay enfermedad física, sino una ansiedad de los trabajadores que piensan pueden tener una enfermedad muy grave.

En Europa se es consciente del peligro de la exposición del amianto  y hay fallos judiciales cuando en una ocasión, el Alto Tribunal parisino impuso a BOSCH – empresa que absorbió la división francesa de Honeywell- la obligación de indemnizar a 80 empleados de la antigua Honeywell por “lesiones de ansiedad” en relación con la exposición al amianto que habían sufrido estos empleados.

Los trabajadores de Honeywell responsables de la demanda trabajaron diariamente, al igual que el resto de sus compañeros, en permanente contacto con el amianto, un producto que la multinacional usó en la fabricación de las pastillas de freno hasta el año 2002, cuando se hizo efectiva en España la prohibición vigente en el resto de Europa desde dos años antes de utilizar o comercializar el amianto.

Con anterioridad a esta fecha, el amianto se empleó en la fábrica de Honeywell de forma masiva y en situación de permanente incumplimiento de la normativa específica de protección de la salud de los trabajadores expuestos al amianto. Así al menos lo consideran las 17 sentencias, la mayoría ya firmes, que a lo largo de este año  han condenado a la empresa por incumplimientos en materia de protección de la salud laboral vinculados a las enfermedades y defunciones de trabajadores que formaron parte de la plantilla de Honeywell.

Falta de medidas preventivas en la empresa

La evidencia del reiterado incumplimiento de la obligación por parte de Honeywell de adoptar las pertinentes medidas de prevención contribuye de forma plenamente comprensible a acentuar la angustia de los trabajadores que aún no han enfermado pero pueden hacerlo a corto, medio o largo plazo pues las enfermedades vinculadas a la exposición al amianto presentan largos periodos de latencia, habitualmente de entre 20 y 40 años.

Siendo así, para miles y miles de trabajadores que estuvieron en contacto con el amianto antes de su prohibición en 2002 o que han seguido estándolo con posterioridad, la larga latencia de las enfermedades supone vivir con la angustia permanente de saber que en cualquier momento podrían empezar a desarrollar una patología mortal.

 

Algunas de las más habituales, como es el caso del mesotelioma o cáncer de pleura, presentan una esperanza de vida que sólo en el 20% de los casos llega a los dos años, siendo inferior para el resto de víctimas.

“Convivimos a diario con el miedo. Y el peor momento son estas revisiones anuales. Esperar el resultado y confiar que será negativo, que tendremos un año más de tregua antes de volver a pasar por este trance. Y nosotros aún tenemos suerte, nos hacen estas revisiones”, señala José Luis Gómez, vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC) y uno de los trabajadores que ha impulsado esta demanda pionera.

Es más, “La mayoría de personas que han estado expuestas al amianto no se benefician de estas revisiones o, incluso, ni siquiera saben que inhalaban amianto o que este material es peligroso. Pero, en cualquier caso, resulta muy angustioso saber que hasta 2040 no podremos estar seguros de no llevar en los pulmones nuestra sentencia de muerte”, explica.

“La ansiedad es un problema de salud con efectos constatables sobre nuestro bienestar y la integridad física del organismo”, explica Àlex Tisminetzky, abogado del Colectivo Ronda que asesora a los demandantes. “Y, como tal, resulta perfectamente exigible que las empresas que han expuesto sus trabajadores al amianto sin adoptar las pertinentes medidas de seguridad, se hagan cargo de indemnizar estas personas por el sufrimiento de una vida entera de angustia”.

También señala que “además, aquellas personas que han desarrollado episodios de depresión y crisis de ansiedad graves por este sufrimiento, deberían ver reconocidas sus afectaciones psicológicas con el mismo trato que se da a cualquier patología de origen laboral”.
 
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martes, 28 de noviembre de 2017

UN JUZGADO IMPONE UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO A UNOS PADRES POR AMENAZAR A LOS PROFESORES DE SU HIJA


 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad canaria de Santa María de Guía ha impuesto una orden de alejamiento y una multa simbólica de 180 euros a dos padres por pronunciar amenazas graves contra dos profesores durante el horario de actividad. 

El Juzgado ha decretado que se trataba de un delito leve de amenazas, recogido en el artículo 171.7 del Código Penal, los insultos como “zorra, puta, te voy a matar” y “te voy a romper la boca, estoy harta de ti, mi hija no va a ir más a tu clase”, proferidos por los progenitores de una de las alumnas del centro.

El incidente ocurrió en mayo de 2017, al ir a buscar los demandados a su hija a la escuela. Éstos comenzaron con las amenazas anteriormente citadas contra una de las profesoras, y al intentar el otro docente que abandonaran el centro, añadieron un “como no te quites de en medio te voy a partir la boca”.

El STEC (Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Canarias) ha asumido asesorar jurídicamente y representar a los dos docentes afectados, los cuáles solicitaron en un primer momento la ayuda de la Consejería de Educación, que ignoró dicha petición.

Delito de amenazas

El juzgado ha resaltado el “vergonzoso comportamiento de los denunciados”, añadiendo que demandar una buena educación para su hija con la actitud de proferir insultos en un centro de enseñanza donde los alumnos podrían haberlos escuchado, no es el mejor ejemplo.

Además ha calificado los comentarios explicados en la sentencia como delito de amenaza, ya que se hicieron con el objetivo de atemorizar y amedrentar a los docentes.

El órgano ha admitido los testimonios de los testigos y ha impuesto una multa de 90 euros a cada uno de los progenitores, así como la obligación de no acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, así como su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por los denunciantes, por un plazo de seis meses.

Igualmente ha impuesto los gastos derivados de todo el proceso judicial sobre los padres como los responsables criminales del caso, ya que así se establece en el artículo 132 del Código Penal.

En un comunicado enviado por el sindicato canario en relación a la sentencia, se ha criticado la falta de responsabilidad que la Consejería de Educación está demostrando al no amparar jurídicamente a los dos profesores afectados, interpelando a la necesidad de que la institución asuma sus obligaciones y preste “el asesoramiento jurídico necesario a los docentes canarios”.

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lunes, 27 de noviembre de 2017

ITER CRIMINIS



 

El Iter Criminis representa el camino que un sujeto activo (o delincuente) atraviesa desde el momento en que idea llevar a cabo un delito, pasando por la preparación y ejecución de los pasos intermedios del mismo hasta acabar en la consumación del acto criminal. Entender cómo funciona este desarrollo es especialmente importante con el fin de entender cuándo las acciones asociadas a un crimen se convierten en acciones punibles, así como las posibilidades que hay de dar marcha atrás por parte del sujeto activo en alguno de los distintos pasos, y en general las consecuencias que tiene cada una de las acciones que el delincuente lleva a cabo durante el iter criminis.

 
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viernes, 24 de noviembre de 2017

“LOS PADRES DE LA DEPENDENCIA”


 

 

Cuando recuerdo mi juventud suelo recordar un horizonte mucho más arriesgado que el panorama actual. Uno salía de casa sin móvil y sin la aplicación rastreadora de mamá  (que hoy sabe a cada momento adónde estás);  y siendo consciente de que al salir por la puerta uno era el responsable de volver a casa a salvo.

Recuerdo viajar por Europa y Turquía con una amiga a los 20 años y despedirme de mis padres para volver a hablar con ellos desde un teléfono público del aeropuerto de Frankfurt un mes y medio más tarde, avisándoles que llegaría al día siguiente a casa porque había conseguido lugar en un vuelo de vuelta.

En esa época yo solía viajar con billetes sujetos a espacio, así que nunca sabía qué día podría llegar a ningún sitio y si esa noche subiría al avión o si dormiría en un rincón del aeropuerto.

No hubo móviles ni llamadas de larga distancia en ningún momento durante aquel  viaje y recuerdo haber hervido dos docenas de huevos duros en un hostel de Amsterdam al principio del recorrido y estar comiéndome el último huevo en el ferry de Ankara a Atenas, casi 2O días después, junto con unos cacahuetes comprados en el Gran Bazar de Estambul.

Uno ahorraba al máximo, pero nunca se sentía “incomodo”, sino libre y feliz.

El viaje en aquella época era mucho más sencillo que ahora e implicaba una distancia desde la cual poder observarlo todo. No había necesidad de subir las fotos a Facebook, ni de conseguir wifi  para poder sobrevivir. 

Todo esto suena muy extraño en un mundo en donde los padres obtienen hoy el parte informativo instantáneo de los hijos y los hijos exigen hoteles cinco estrellas y vuelos sin escalas. Pero lo más llamativo es que todo esto haya cambiado en el breve lapso de solamente dos décadas.

Hoy accedemos al seguimiento intensivo de todos los movimientos de nuestros conocidos por Whats up o a través de una aplicación de rastreo.

El hijo supervisado ha dejado ya de sentirse controlado, para sentir que eso es muy normal y que su vida debe compartirse permanentemente con sus progenitores y con cualquiera que esté en línea.

El concepto de privacidad ya no tiene nada que ver con la intimidad, sino que apunta escencialmente a la seguridad digital y se limita a la elección del público en una red social.

Suelo escuchar a menudo a padres que se quejan de que los hijos no se independizan nunca y de que siguen viviendo en casa con la excusa de que la vida allí es mucho más cómoda.

Las madres en el fondo se sienten halagadas de ser ellas las responsables de que el niño de 30 esté cómodo en casa, pero a mí particularmente la prioridad de la comodidad a los treinta me produce náuseas. Quizás porque erróneamente consideré que esas dos décadas estaban pensadas para la incomodidad de generarse una vida. 

Si la comodidad es lo que prima para un individuo de 20 y 30 años, entonces ¿cuál será la prioridad de este individuo a los 60?

Siempre me resultó extraña esa gente que a los 20 y 3O años priorizaba la comodidad por sobre la libertad , y ese escenario siempre me auguró malos presagios.

Sospecho que en gran medida somos los padres controladores de hoy, los responsables de los hijos cómodos y dependientes del mañana.

Y aquellos progenitores que se resisten a serlo porque creen que la incomodidad que produce la libertad resulta escencial a cierta edad, son considerados como padres desentendidos o indiferentes.

El concepto de educación que yo tenía hasta ahora apuntaba a la independencia y al impulso hacia la libertad del individuo como fin; pero hoy ese concepto ha cambiado y el ideal educativo es el seguimiento guía y el control constante de la vida del infante desde la cuna hasta la tumba.

Esto se refleja también en la obsesión por una formación educativa organizada que no acaba nunca, (universidad, masters, doctorados), en donde todo apunta al mismo control; el adiestramiento guiado permanente, sin dejar ni un hueco disponible para el nacimiento del individuo libre.

– ” Me ignoras”  le dijo Marteen de 19 años a su padre, en una novela que escribí hace tiempo.

Y mientras John escuchaba aquel reclamo, sobre la necesidad de hostigamiento contemporáneo que echaba en falta Marteen y al que veia sometidos a todos sus amigos, John le decía;

– “No te ignoro, es que ahora me toca observar cómo te haces un hombre”.

John, que parecía un padre distante a los ojos de Marteen intentaba hacerle entender que aquella no era una ignorancia sino un permiso, algo más parecido a un abandono positivo que a una indiferencia. 

La distancia también es un regalo, incomprensible en estos tiempos de control y presencia abusiva; pero el trabajo de convertirse en un individuo es tan privado y tan personal, como lo es la libertad; ese sitio en donde lo incómodo no cuenta y la soledad duele muchas noches. (REBELDES DIGITALES)JR

Contenido curado por Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.