La actualidad nos trae con desgraciada frecuencia noticias que
recuerdan la existencia en nuestros centros educativos del fenómeno del acoso
escolar.
Para contribuir a conocerlo mejor y, con ello, a combatirlo y
reducir sus efectos, recogemos en este artículo y sus
principales características, el marco jurídico que le es aplicable y las
consecuencias legales que puede acarrear.
¿Qué es el acoso
escolar o bullying?
El acoso escolar, o "bullying", se define como una forma
de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de
forma reiterada y a lo largo del tiempo.
Debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes violentos,
aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes.
El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad
en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en
agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos, aislamiento deliberado…
en definitiva, en una serie de conductas de hostigamiento, que persiguen
amedrantar, intimidar o atemorizar a la víctima.
Elementos
Para que se pueda apreciar esta situación se requiere:
- Desequilibrio de poder: ejercicio de la fuerza
verbal, física o psicológica del acosador respecto del acosado.
- Intencionalidad: Un deseo consciente de herir,
amenazar o asustar por parte de un alumno frente a otro.
- Reiteración: la acción agresiva se repite en el
tiempo y genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
Formas de acoso
La conducta agresiva puede ser física o psicológica: una agresión
emocional puede ser más dolorosa que la física.
El acoso en su modalidad de exclusión social puede manifestarse en
forma activa (no dejar participar) en forma pasiva (ignorar), o en una
combinación de ambas.
El acoso también puede practicarse individualmente o en grupo.
El acoso también puede realizarse a través de medios de
comunicación digitales o redes sociales: son los llamados Ciberbullyng o
ciberacoso, como el sexting, stalking o sextorsión. Este tipo de acoso se ha
incrementado notablemente debido a que el acceso a Internet se ha generalizado
con la posibilidad de acceder desde distintos dispositivos.
Marco legal
Las disposiciones básicas desde las que abordar el tratamiento
jurídico de este fenómeno las encontramos en la Convención
de Derechos del Niño (CDN), en la que está presente la necesidad de especial
protección del niño frente a toda clase de maltrato, en la Constitución y en la legislación educativa, además de
en la LORPM.
Derechos fundamentales
afectados
El acoso escolar atenta contra la dignidad del niño y sus derechos
fundamentales (art. 10.1 CE).
En particular, pueden verse conculcados por el acoso moral son la
dignidad de la persona, como presupuesto básico de tales derechos, pero,
también, su libertad personal, su integridad física y moral, su intimidad, su
honor, entre otros valores constitucionalmente protegidos.
La STC 120/1990, de 27 de junio declara que la regla del art. 10.1
CE implica que, en cuanto valor espiritual y moral inherente a la persona “...
la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que
la persona se encuentre...constituyendo, en consecuencia, un mínimum
invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar.”
Legislación
educativa: educar en el respeto al otro
Conforme al art. 1 de la LO 2/2006, de 3 de
Mayo, de Educación, el sistema educativo español, se inspira en una serie de
principios, basados en el respeto a los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución.
Pues bien, uno de los principios que inspiran nuestro sistema
educativo, es el de la educación para prevenir conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos, en especial en el del acoso
escolar.
La Ley reconoce al alumno una serie de derechos y deberes
básicos, entre los que se encuentra el respeto a su integridad y dignidad
personales, y a la protección contra toda agresión física o moral, y el de
respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Plan de
Convivencia escolar
Según la Ley Orgánica de
Educación, todos los centros deben incluir en su proyecto educativo
un Plan de Convivencia, así como establecer las normas que
garanticen su cumplimiento.
A finales del mes de enero de 2016, el Ministerio de Educación
publicó un informe sobre el plan estratégico de convivencia escolar, que servirá de
referencia para alumnos, familias y profesores para hacer frente a un fenómeno
que ha generado una gran preocupación social: el acoso escolar.
Son las Comunidades Autónomas las que, mediante Decreto,
establecen el marco regulador que permite a los centros escolares, en virtud de
la autonomía que la Ley Orgánica de Educación les confiere, elaborar su propio
Plan de Convivencia.
Cambios de centro
derivados de actos de violencia
La LO de Educación (Disp.
Adic.21ª) prevé que las Administraciones educativas deben asegurar la
escolarización inmediata de las alumnas o alumnos que se vean afectados por
cambios de centro derivados de actos de violencia de género o acoso escolar.
Igualmente, facilitarán que los centros educativos presten especial atención a
dichos alumnos.
La respuesta
legal al acoso escolar
En el ámbito
académico: capacidad disciplinaria del centro educativo
Dentro del Plan de Convivencia cada centro debe incluir un
Reglamento de Régimen interno en el que figuren con claridad las normas de
comportamiento, Normas de Conducta que cada alumno debe respetar.
El acoso físico o moral a los compañeros es una infracción
tipificada como falta muy grave, y conlleva la aplicación
de las medidas correctoras que se establezcan en cada caso (en última instancia
la expulsión definitiva del centro)
Algunas Comunidades Autónomas han aprobado Protocolos de
acoso escolar, que establecen medidas específicas para actuar de manera más
ágil y proteger más eficazmente a la víctima.
En el ámbito
judicial
Es deseable que esta infracción tan grave de las normas de
convivencia escolar tenga una solución extrajudicial, pero en los casos más
graves puede dar lugar a dos tipos de acciones en el ámbito judicial, civil y
penal, cuyo procedimiento puede iniciarse mediante denuncia o mediante
querella.
Vía Penal
El acoso escolar puede llegar a ser delito, en tanto que las
conductas se encuentren tipificadas en el Código Penal. Un mismo acto de acoso
puede llegar a ser constitutivo de varios delitos, como son los siguientes:
Cuando los hechos tengan la entidad suficiente, la conducta de
acoso podrá calificarse conforme al tipo penal previsto en el art. 173.1, que castiga al que infligiera a otra persona
un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, así como
actos hostiles o humillantes reiterados que, sin llegar a constituir trato
degradante, supongan grave acoso contra la víctima.
Desgraciadamente en los supuestos de más gravedad, la situación de
hostigamiento puede llegar a desembocar en el suicidio de los menores acosados.
El art. 143.1 CP castiga al que induzca al suicidio de
otro. Pero para que se concurran los requisitos del tipo delictivo se requiere:
“requiere una colaboración, una prestación coadyuvante que ofrezca una cierta
significación y eficacia en la realización del proyecto que preside a un sujeto
de acabar con su propia existencia, es decir, una conducta por parte del sujeto
activo de colaboración prestada a la muerte querida por otra persona, en
relación de causalidad con su producción y con pleno conocimiento y voluntad de
cooperar a la misma (…)” (sentencia del TS, entre otras, de 23 de noviembre de
1994)
La LO 1/2015 introduce, además, el nuevo delito de acoso (art. 172. Ter CP) entendiendo como tal aquellas conductas que
se realicen de forma insistente y reiterada por medio de las cuales se
menoscaba gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, a
la que se somete por ello a vigilancia, persecuciones u otros actos de
hostigamiento. Se castiga con la pena de prisión de tres meses a dos años o
multa de seis a veinticuatro meses.
El nuevo delito de acoso exige que la conducta del acosador se
concrete en una de las siguientes:
1. La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de
cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
3. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera
productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se
pongan en contacto con ella.
4. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la
libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.
¿En qué medida se
puede exigir responsabilidad penal al acosador?
-Si es menor de 14 años, y llega denuncia al
Ministerio Fiscal procederá remitir testimonio de lo actuado a la dirección del
centro donde se están produciendo los abusos para que dentro de sus
atribuciones adopte las medidas procedentes para poner fin a los abusos
denunciados y proteger al menor que los está sufriendo.
-Si el acosador es mayor de 18 años se podrá
exigir responsabilidad penal y civil conforme al CP, por el proceso penal
ordinario regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Fiscalía General del Estado emitió la Instrucción 10/2005, de 6 de octubre, sobre
tratamiento del acoso escolar desde el sistema de Justicia Juvenil,
estableciendo las directrices a seguir en el tratamiento del acoso escolar, en la
que considera esencial la circulación de información entre las instancias con
competencia en la materia: Ministerio Fiscal y responsables del centro docente
para dar una respuesta a este fenómeno.
Vía Civil
La acción civil persigue la reparación del daño y la indemnización
de los perjuicios causados.
Puede exigirse responsabilidad civil:
- Por culpa o negligencia basada en la existencia
de una culpa in vigilando:
-del profesor La reclamación fundamenta, principalmente, en
la existencia de una culpa in vigilando por parte de los responsables del
centro docente, al no adoptar las medidas tendentes a evitar, paliar y
erradicar esa situación de acoso escolar (art. 1903 CC).
-de los padres del menor o menores acosadores, reclamando daños
y perjuicios a los padres por los actos ilícitos de sus hijos, fundamentada
igualmente en la existencia de una culpa in vigilando (art. 1903 CC).
- También puede exigirse como la responsabilidad civil
subsidiaria por la comisión de un delito. La acción civil derivada de
un ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien
separadamente ante la jurisdicción civil.
Vía
administrativa
No hay que olvidar que la Administración, como titular de
los centros educativos públicos, puede ser también responsable de los
daños causados como consecuencia del acoso, y que, dado que está prestando un
servicio público, se le puede exigir responsabilidad patrimonial por este
resultado dañoso.
